Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, crece sin parar la polémica que rodea a su policía de extranjería, ICE, y, en general, a su política migratoria. El uso de niños como cebo contra sus padres, disparos injustificados a civiles, malos tratos, cárceles con foso de caimanes o deportaciones a El Salvador o Esuatini (Suazilandia) de personas ajenas a tales países son sólo algunas de las atrocidades. Sin embargo, hoy me gustaría abordar un aspecto especialmente controvertido: la supuesta eficacia de este espectáculo macabro. Muchos justifican la crueldad porque es útil. Pero ¿realmente Trump está combatiendo la migración ilegal mejor que sus predecesores por infringir los derechos y garantías de los extranjeros?

El domingo 18, Portugal vivió una jornada histórica. Por segunda vez desde la Revolución de los Claveles (1974), ningún candidato presidencial alcanzó la mayoría absoluta de los votos. La anterior fue en el distante 1986. El próximo 8 de febrero, el país decidirá entre el candidato socialista, António José Seguro (31’11%), y André Ventura (23’52%), el líder de Chega, fuerza hermana de Vox en el país luso.

Otra definición de cultura

Un ex senador de Compromís ha presentado una denuncia contra el torero Fran Rivera y el político periodista Vito Quiles, por los comentarios que hicieron poco después de la captura de Maduro. Bromeaban en sus redes, invitando a Trump a secuestrar a Pedro Sánchez en España. Confío en que los tribunales se ahorren la pérdida de tiempo e inadmitan semejante disparate. Más preocupantes son estas actitudes, las de unos y otros, pues reflejan una venenosa carencia de fe en la democracia.

La semana pasada Israel consumó una maniobra diplomática que llevaba largo tiempo gestando: reconocer a Somalilandia como Estado independiente. Es el primer país en el mundo en dar este paso. Desde los años noventa esa región somalí funciona de facto como un Estado independiente. Tras el colapso Estatal de Somalia, al terminar la larga dictadura de Siad Barre (1969-1991), el país se derrumbó en medio de una guerra civil que perdura a nuestros días. Pese a los esfuerzos internacionales, por dotar de efectividad de nuevo a su gobierno, gran parte de Somalia sigue en manos de los señores de la guerra. De hecho, el gobierno legítimo, esto es, el reconocido internacionalmente, apenas controla la capital, Mogadiscio.

El debate presupuestario en Navarra vuelve a poner el foco en el uso de las enmiendas parlamentarias, una herramienta pensada para atender necesidades puntuales que, con el paso del tiempo, ha adquirido un peso creciente en la negociación política. Su utilización plantea interrogantes éticos y territoriales, especialmente en un contexto de despoblación rural y desigualdad entre municipios.

Parafraseando a Manuel Fraga, podríamos decir que, en los tiempos que corren, la ecología hace extraños compañeros de cama. Apenas ha tenido eco mediático la reunión celebrada a principios de mes, entre el Ministro de Medio Ambiente turkmeno y nuestro embajador en Rusia, Ricardo Martínez Vázquez. Este diplomático también está acreditado como en embajador ante Turkmenistán. La cumbre diplomática tuvo lugar Ashgabat, capital de la nación centroasiática. La reunión se enmarca en uno de tantos encuentros que los países de la UE y la propia organización supranacional están llevando a cabo, para hacerse un hueco en el Asia Central.

Hace unas semanas, Netanyahu, como primer ministro de Israel, realizó una solicitud insólita al Presidente de la República: su propio indulto. En sí, esto ya resulta excepcional. No hay precedentes de nada parecido. Pero es que hay más... Para empezar, el juicio contra Netanyahu aún está en curso. De concederse, el indulto se adelantaría a la condena. Aunque el colmo es que el premier se niega a admitir cualquier culpabilidad. Asegura que no pide el indulto porque haya hecho nada malo, sino para parar un proceso judicial que divide al país desde 2020.

La calidad de una resolución judicial no se me mide por sus conclusiones, sino por sus argumentos. Junto a esta premisa, hemos de recordar el aforismo anglosajón, «hard cases bad law», que, en nuestra cultura jurídica, podemos traducirla por «casos difíciles, mala jurisprudencia». Ahora ya podemos iniciar el comentario de la sentencia condenatoria del Fiscal General del Estado (STS 1000/2025, de 9 de diciembre).

En la constitución estadounidense (art. 1.8), el Presidente necesita la autorización del Congreso para declarar la guerra. Ahora bien, esto no significa que toda operación militar requiera de una declaración de guerra. Sobre la Presidencia pesa el deber de la defensa nacional, lo que se traduce en ciertas facultades militares al margen del parlamento. En su autoproclamada guerra contra las drogas, en el Caribe venezolano, sin embargo, Trump empieza a colocarse al límite de su cobertura legal.