Qué tema tan polémico. Antes de que entremos en materia, seré claro; soy consciente de lo que hay. Un inspector de Hacienda defendiendo que los inspectores de Hacienda no cobran comisiones. Hay quien me ha puesto de manifiesto, cuando le he comentado que iba a escribir este artículo, que muchos no dejarán de ver en mí a alguien intentando limpiar su imagen; no voy a negar que he considerado el silencio como una opción, pero me parece que cuando alguien es vilipendiado tiene derecho a defenderse. O a intentarlo.
Haré, primero, una aclaración: voy a hablar de manera muy simplificada. He leído otros artículos (cuya genialidad no discuto) que me parece que están escritos para un público demasiado especializado. Creo que, en este tipo de temas, hay que bajar al barro. La precisión en los términos se la dejo a otro. No hay que perder de vista que quien nos difama utiliza expresiones como “los inspectores se lo llevan crudo”, y en esta pocilga es en la que hay que bañarse. Sé que a muchos de los profesionales de mi gremio les da asco sumergirse en el lodo (asco que comparto), pero no queda otra.
«Un inspector de Hacienda defendiendo que los inspectores de Hacienda no cobran comisiones»
Mi labor escribiendo esto no deja de ser ridícula. Al fin y al cabo, yo sé perfectamente que no me llevo dinero de los expedientes que cierro; el problema es que hay un montón de personas interesadas en que el común de los españoles crea que sí. Y un buen número de ciudadanos que quiere creer que es verdad. No voy a mentir, es una idea seductora: los “perros del sistema” alimentados con más pasta a cambio de sablar al español medio. ¿Cómo no va a ser así?
Voy a intentar explicarlo de forma sencilla. Como inspectores, tenemos un sistema en el que parte del salario depende de nuestra productividad. ¿Os acordáis de cuando se decía aquello de “los funcionarios que no hagan nada no deberían cobrar, así se ponen las pilas y trabajan”? Pues eso. En nuestro caso, por la naturaleza de nuestro trabajo, como somos inspectores, tenemos que desarrollar expedientes y cerrarlos. Si no cerramos expedientes cobramos menos.
“¡Entonces es cierto, cobráis por robarle a la gente y os interesa abrir más expedientes!”
«No hay que perder de vista que quien nos difama utiliza expresiones como “los inspectores se lo llevan crudo”»
No tan rápido. Para empezar, yo no decido a quién investigo. Hay personas que se dedican a eso, y no tienen por qué ser jefazos supremos; son trabajadores como yo, que seleccionan a los contribuyentes según multitud de parámetros. Por ser simple, si a ti te imputan un montón de ingresos por parte de diferentes empresas y tú no presentas el IRPF, vas a llamar la atención porque hay filtros automáticos que te detectan como alguien que dice que no trabaja para nadie pero que, si a los datos nos remitimos, tiene un montón de entidades dispuestas a pagarle a cambio de nada. Todo el mundo entiende que esto es sospechoso, y a nosotros nos pasa lo mismo; probablemente te llegue una carta. ¿Hay una conspiración contra ti? No, claro que no. ¿Es porque publicas en redes sociales en contra del Gobierno? No, no lo es. Te ha llegado la carta porque has hecho operaciones bancarias peculiares, porque tienes un tren de vida que no va acorde con tus ingresos, porque tu perfil empresarial es un poco dudoso o porque se ha decidido que tu tipo de actividad conlleva un riesgo de fraude especial en la época en la que vivimos. O igual no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas. Filtros hay muchos, y cada actuario hace su trabajo lo mejor que puede. No son perfectos, como tampoco yo lo soy. Quizá se hayan equivocado contigo y ya está.
Por cierto, para que nos entendamos; una cosa es la regularización y otra la sanción. Si yo regularizo a un contribuyente, lo que hago es constatar que debería haber pagado desde el principio una determinada cantidad; si lo sanciono es porque hay una conducta tipificada en la legislación vigente que amerita un recargo adicional. Dicho de otra manera, si te “salen a pagar” 50000 euros, igual no se ha impuesto ninguna sanción. Quizá esos 50000 euros los tendrías que haber pagado desde el momento en el que presentaste la declaración de la renta o el Impuesto sobre Sociedades, y lo único que ha ocurrido es que nos hemos dado cuenta.
«una cosa es la regularización y otra la sanción»
¿Y qué importa esto? Pues importa, porque hay quien intenta hacer pasar una cosa por otra. Si tú presentas tu declaración de la Renta perfecta desde el principio, pues pagarás lo que te toque. Si intentas aprovecharte de algún beneficio fiscal que no te corresponde u ocultas un ingreso y lo detectamos, pues pagarás lo que te toque, los intereses de demora y, en su caso, se iniciará un expediente sancionador. Estoy seguro de que todo el mundo entenderá que intentar escaquearte debería tener consecuencias. No es justo que tú pagues más que otro porque ese otro haya falseado sus datos.
Lo comentado hasta ahora me sirve para apuntar algo importante: una vez el sistema está como está, a quien más me cuesta comprender es a quien cumple con sus obligaciones y empatiza con quien no lo hace. La mayoría de los españoles no va a tener una inspección en su vida, y tampoco la van a tener muchas empresas. Igual tienen alguna comprobación pequeña, o tienen que aclarar detalles. No es lo mismo una cosa que otra. Cuando el influencer de turno te dice que “le han abierto una Inspección”, es muy posible que le haya llegado una carta genérica porque se ha detectado alguna cosa extraña. Cuando te “llega una carta de Hacienda”, puede ser perfectamente una carta masiva que se le envía a muchas personas que están en las mismas circunstancias, para que concretes qué es lo que ha pasado en un asunto específico. No sé, por ejemplificar, si operas con criptomonedas puede que se te pida que aclares qué has hecho con ellas, y que se te pida sin tener nada contra ti; sin tener, quizá, ni la más remota idea de a qué te dedicas. Es muy posible que no sea nada personal, hablando en plata.
«Cuando el influencer de turno te dice que “le han abierto una Inspección”, es muy posible que le haya llegado una carta genérica porque se ha detectado alguna cosa extraña»
Cuando se te abre una inspección es porque la cosa reviste una gravedad mayor. Por delante tienes un proceso que durará meses, donde desde el principio conoces qué impuesto y períodos se te van a comprobar; puedes presentar documentación; se te citará una y otra vez para que comparezcas y expliques lo sucedido; cuando todo vaya a terminar, se te pondrá de manifiesto todo el expediente para que puedas ver desde el primer archivo hasta el último y decidirás si quieres dar tu conformidad o manifestar tu disconformidad un día determinado, en el que también estarás presente si quieres o, si no, representado por un tercero (o las dos cosas, estaréis tu abogado y tú). Si estás disconforme, más allá de que existirá siempre la posibilidad de presentar tus propios recursos, otro órgano dentro de la Agencia Tributaria revisará lo que haya hecho el inspector de turno y enmendará algunos elementos, si fuera necesario.
Cuando termine el expediente, y aquí viene la parte interesante, ese expediente repartirá puntos. Puntos, no dinero. Digamos que hay “una bolsa” (que NO se forma de la recaudación de cada oficina) y que quien tiene más puntos se lleva más parte. Un expediente puede dar más puntos porque se han investigado operaciones más complejas, porque había un mayor volumen de operaciones, porque se ha logrado la conformidad del contribuyente, porque han sido necesarias actuaciones de colaboración con otras áreas, porque se han comprobado muchos períodos impositivos… y sí, porque se haya descubierto más fraude.
«la gente que trabaja en una oficina no se reparte el dinero de los expedientes»
Sí, parte de la puntuación (lo reitero, una parte de ella) puede depender de que “recaudes” más. Pero eso no se traduce en un pellizco de cada expediente; la gente que trabaja en una oficina no se reparte el dinero de los expedientes, ni una parte de ese dinero. Los funcionarios cobran cierto porcentaje de su salario según la productividad y, en nuestro caso, hacer aflorar fraude que no se sabía de antemano que existía es una cosa que se premia. Y qué queréis que os diga, me parece lo más normal del mundo.
Imaginaos que, por el perfil de contribuyente, se espera que se recauden diez mil euros de un expediente, pero lo que ocurre es que el actuario hace un trabajo extraordinario y descubre una trama enorme que conlleva una cuota superior, y que se abran más expedientes contra otras personas que también estaban defraudando. Eso se le premiará no con una parte de ese expediente (si ha liquidado 100000 euros, no se le dirá “20000 euros para ti, enhorabuena”), sino con mayor productividad. Lo ha hecho mejor que otro, que igual no se habría dado cuenta de lo que él ha percibido, y recibe una compensación por ello.
«Una compensación que, por cierto, está bastante capada»
Una compensación que, por cierto, está bastante capada. Incluso los mayores detractores hablan de un 50% del salario, “unos 30000 euros” he llegado a leer. Si contamos con que, de media, cada funcionario es responsable de más de 650000 euros de lucha contra el fraude (inspectores y no inspectores, que no todos los funcionarios de la AEAT lo son, y muchos no cobran ni esos 30000 euros netos al año), la supuesta comisión (que ni siquiera existe) no sería ni del 5%. Y eso suponiendo que la cantidad estrictamente relacionada con el volumen de cuota que liquidas fuese de 30000 euros, que ni siquiera lo es.
Hablan, también, de que se prepara un bonus de 125 millones de euros para toda la plantilla de la AEAT. Esto se llama Plan de Intensificación de Actuaciones (PIA, por sus siglas), y se reparte entre más de 25000 personas que conforman la plantilla. Por cierto, el PIA lo creó Cristóbal Montoro, del PP, cuando era ministro, y los importes tampoco han cambiado demasiado desde entonces. Además, 100 de esos 125 millones dependen exclusivamente de hacer 12 horas extra de trabajo; solo 25 millones entre toda la plantilla dependen de “recaudar más” (alcanzar unos objetivos). Tocamos a 1000 euros por persona al año. Ni para alquilar un mes una buhardilla en el centro de Madrid.
«Tocamos a 1000 euros por persona al año»
A partir de aquí, una vez conocida la verdad, cada uno puede pensar lo que quiera sobre nuestra labor, y hay multitud de debates con un enorme interés. Podemos hablar de si somos demasiados funcionarios, o demasiados inspectores en particular (o demasiado personal en la AEAT en general); de si el dinero público se usa bien o no; de si deberíamos pagar menos impuestos; de si el Estado debe tener más o menos peso, o de si debería ser posible despedir a los funcionarios con mal desempeño laboral, o que se aprovechan de su posición para avasallar a los ciudadanos o para obtener favores. Podemos discutir sobre lo que queramos, pero una vez hayamos sentado las bases de la discusión con honestidad intelectual.
El problema es que las dinámicas de extensión de bulos son tan obvias como difíciles de parar, y esto no deja de ser un texto complejo que palidecerá ante el atractivo de un “los inspectores de Hacienda cobran millonadas por sancionarte” exclamado por el influencer de turno. Pero bueno, en este mundo nos ha tocado vivir.
