Conforme se enquista la crisis de Ceuta, vivimos un auge de legalismo. En pocas palabras, se orilla la discusión política, bajo el parapeto de lo «legal» y lo «ilegal». No es legal devolver a menores sin garantías, la ley exige que tramitemos las solicitudes de asilo, las devoluciones en masa están prohibidas… Todo eso es cierto, pero es peligroso abandonarse a la fe ciega en la Ley. Por sí misma, no garantiza los derechos humanos, al menos, no por mucho tiempo...

Gobernar un pueblo pequeño con las obligaciones de todos y los recursos de casi nadie Hay ayuntamientos que caben alrededor de una mesa. En un municipio de hasta cien habitantes, la corporación está formada por tres concejales, incluida la persona que ocupa la alcaldía. Entre 101 y 250 habitantes son cinco, y entre 251 y 1.000 son siete. El número de representantes aumenta, pero las obligaciones municipales apenas disminuyen.

El asalto a la frontera ceutí del pasado 30 de julio desencadenó muchas especulaciones acerca del papel desempeñado por el gobierno marroquí. No es para menos, pero antes de profundizar en esa incógnita, deberíamos reparar en una pregunta previa: ¿quién gobierna Marruecos? O dicho de otro, ¿quiénes ejercen el poder en nuestro vecino meridional?

Escribo enfadada. Enfadada con la política, con las medias verdades y con esa facilidad que tenemos para convertir una tragedia humana en un nuevo campo de batalla electoral. Enfadada con quienes, desde un lado, utilizan el miedo al extranjero para arañar votos. Y también con quienes, desde el otro, pronuncian grandes palabras sobre solidaridad y derechos humanos, pero no consiguen movilizar a todo un país para que Ceuta no soporte sola una situación que nos corresponde afrontar entre todos.

Soy de izquierdas. Lo digo sin rodeos y sin esconderme detrás de unas siglas. Pero también creo que todo aquello que sea bueno para la gente, para nuestros pueblos y para la sociedad debe reconocerse, venga de donde venga. La política debería servir para mejorar la vida de las personas, no para obligarnos a elegir entre bandos cerrados en los que todo lo que hace el contrario está mal y todo lo que hacen los nuestros debe justificarse, incluso cuando resulta injustificable.

El pasado 7 de agosto, Pakistán, Turquía y Arabia Saudí anunciaron al mundo su nueva alianza militar. Con el príncipe Bin Salmán, como anfitrión, los tres países emitieron una declaración, nada menos que en La Meca. Según sus términos: “un ataque armado contra cualquiera [de ellos] será considerado un ataque contra todos”.

El Inter Gijón desarrolla en Asturias un proyecto exclusivamente femenino que combina formación, alto rendimiento, captación nacional e internacional y seguimiento de jóvenes talentos. Con Paco Pichardo al frente, el club trabaja desde la base con la Liga F como objetivo a largo plazo.

Hace unas semanas, Daniel Ortega anunció: “Aquí no volverá a haber más elecciones para que ellos [la oposición] intenten atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Con unas pocas frases el mandatorio ponía el último clavo en el ataúd de la democracia. Nicaragua culmina su transición al autoritarismo. Y como siempre que oigo alguna noticia del pequeño país centroamericano, me acuerdo de M…, mi canguro.

Antonio Guerrero reflexiona sobre la crisis de Ceuta, la geopolítica y el uso de la inmigración como instrumento de presión entre Estados.

Desde que la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que Begoña Gómez sería juzgada por un jurado popular, se han multiplicado los expertos en la materia entre tertulianos, influencers, políticos y demás personas con proyección pública. Nada nuevo bajo el sol ¿cierto? A un servidor, la revista de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante tuvo a bien publicarle un artículo de unas 40 páginas, sobre el jurado. Tranquilidad, hoy seré mucho más breve. Pero, conforme sube el ruido mediático, me parecía interesante aportar algunos datos.