Odiaré si sueno pedante, pero nunca imaginé que escribiría un artículo para desmentir que ¡los migrantes en situación regular no votan en las elecciones! La cantidad de gente que ha caído en este bulo a raíz de la gran regularización es preocupante. No sólo porque demuestra un absoluto desconocimiento por muchas personas de aspectos básicos de nuestro sistema político e institucional; sino porque muchos de quienes vociferan contra los migrantes, claramente, no conocen a ninguno.

Como en el resto de Europa, el debate migratorio, en nuestro país, no hace más que escalar en relevancia. Por más antagónicos que parezcan, si se les escucha atentamente, los políticos de uno y otro extremo han optado por una estrategia común: fingir hacer algo, mientras, soterradamente, preservan el status quo. La regularización supuestamente masiva y la «prioridad nacional» son dos buenos ejemplos.

El pasado domingo 19 de abril, Bulgaria celebró elecciones parlamentarias. No fueron unos comicios cualesquiera. El país votaba por ¡octava vez en cinco años! ¡Ah! Y en la última década los búlgaros han visto pasar diez gobiernos distintos… Algunos gabinetes han durado menos de un año. Pero ¿por qué ha llegado el país balcánico a este punto?

Aún queda la apelación, pero Julius Malema ha sido condenado a 5 años de cárcel por posesión ilegal de armas y disparar en público. Los cargos se remontan a 2018, con un vídeo como prueba, en que vemos al político sudafricano disparando al aire un rifle semiautomático, durante la celebración del quinto aniversario de su partido, Luchadores por la Libertad Económica.

Ya hemos hablado, alguna vez, de las dificultades que hay para destituir al Presidente de los Estados Unidos. No obstante, con algunos influencers del mundo maga, como Tucker Carlson, Nick Fuentes o Alex Jones, abogando por remover a Trump de la Casa Blanca, parece un buen momento para refrescar el tema.

Cuatro de cada diez jóvenes menores de 25 años tienen pensado opositar. Esa es la noticia que ha dado pie a una oleada de indignación ante lo que sería poco menos que una tragedia nacional. Hay que tener en cuenta, no obstante, que esto no tiene nada de nuevo; cada vez que aparece una entrevista de alguien que ha elegido la función pública, vuelve la misma cantinela: la mediocridad de elegir un empleo público frente a la opción aguerrida y patriota de ganarse la vida por uno mismo.

En plena Semana Santa, el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE) cerraron un acuerdo para resarcir moral y económicamente las víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos. Desde la máxima alegría por quienes vivieron el infierno de la pederastia en la Iglesia, es imposible no preguntarse ¿qué ocurre con las víctimas de abusos sexuales infantiles, fuera de la Iglesia Católica?

Qué tema tan polémico. Antes de que entremos en materia, seré claro; soy consciente de lo que hay. Un inspector de Hacienda defendiendo que los inspectores de Hacienda no cobran comisiones. Hay quien me ha puesto de manifiesto, cuando le he comentado que iba a escribir este artículo, que muchos no dejarán de ver en mí a alguien intentando limpiar su imagen; no voy a negar que he considerado el silencio como una opción, pero me parece que cuando alguien es vilipendiado tiene derecho a defenderse. O a intentarlo.

Se habla con frecuencia de sostenibilidad, de consumo de proximidad y de la necesidad de fortalecer el mundo rural. Se impulsan mercados locales, productos de kilómetro cero y modelos de vida vinculados al territorio. Sin embargo, cuando se trata de la salud pública, la realidad parece avanzar en dirección contraria.

Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, no ha tenido su mejor semana. Y YouTube, tampoco. En apenas cuarenta y ocho horas, la matriz de Facebook ha sido condenada a pagar 375 millones de dólares en Nuevo México y 6 millones más, compartidos con YouTube, en California. Aunque hay diferencias entre los casos, ambas condenas comparten un reproche contra estas empresas: facilitar un producto perjudicial para usuarios menores de edad, a sabiendas de su naturaleza nociva.