Cuatro de cada diez jóvenes menores de 25 años tienen pensado opositar. Esa es la noticia que ha dado pie a una oleada de indignación ante lo que sería poco menos que una tragedia nacional. Hay que tener en cuenta, no obstante, que esto no tiene nada de nuevo; cada vez que aparece una entrevista de alguien que ha elegido la función pública, vuelve la misma cantinela: la mediocridad de elegir un empleo público frente a la opción aguerrida y patriota de ganarse la vida por uno mismo.

En plena Semana Santa, el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE) cerraron un acuerdo para resarcir moral y económicamente las víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos. Desde la máxima alegría por quienes vivieron el infierno de la pederastia en la Iglesia, es imposible no preguntarse ¿qué ocurre con las víctimas de abusos sexuales infantiles, fuera de la Iglesia Católica?

Qué tema tan polémico. Antes de que entremos en materia, seré claro; soy consciente de lo que hay. Un inspector de Hacienda defendiendo que los inspectores de Hacienda no cobran comisiones. Hay quien me ha puesto de manifiesto, cuando le he comentado que iba a escribir este artículo, que muchos no dejarán de ver en mí a alguien intentando limpiar su imagen; no voy a negar que he considerado el silencio como una opción, pero me parece que cuando alguien es vilipendiado tiene derecho a defenderse. O a intentarlo.

Se habla con frecuencia de sostenibilidad, de consumo de proximidad y de la necesidad de fortalecer el mundo rural. Se impulsan mercados locales, productos de kilómetro cero y modelos de vida vinculados al territorio. Sin embargo, cuando se trata de la salud pública, la realidad parece avanzar en dirección contraria.

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Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, no ha tenido su mejor semana. Y YouTube, tampoco. En apenas cuarenta y ocho horas, la matriz de Facebook ha sido condenada a pagar 375 millones de dólares en Nuevo México y 6 millones más, compartidos con YouTube, en California. Aunque hay diferencias entre los casos, ambas condenas comparten un reproche contra estas empresas: facilitar un producto perjudicial para usuarios menores de edad, a sabiendas de su naturaleza nociva.

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