La situación legal de los animales en España sigue siendo de desamparo, injusticia y maltrato sistemático. Nuestras leyes son anticuadas, insuficientes y permisivas con las tradiciones crueles hacia los animales. Una herencia de nuestro pasado que no debe tener cabida en nuestro futuro.
Pese a todo, este año hemos sido testigos de algunos indicios que apuntan a un cambio lento pero imparable, fruto de una creciente corriente social cada vez más sensible hacia el sufrimiento de los animales. Ya nadie en su sano juicio es capaz de negarles la capacidad de sentir, como se ha reconocido este año en la legislación española.
algunos indicios que apuntan a un cambio lento pero imparable, fruto de una creciente corriente social cada vez más sensible hacia el sufrimiento de los animales
Tres de los hitos más significativos serían:
En mayo, nuestro país ratificó el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía, que data de 1987. Un retraso de treinta años para ratificar un Convenio de bienestar animal ya desfasado, que entrará en vigor en febrero de 2018. Una vez más, nuestro país sigue a la cola de la protección animal, y se enorgullece de firmar ahora un convenio obsoleto, pero que traerá como novedad destacable la prohibición de la amputación del rabo, orejas, cuerdas vocales en perros y desungulación en gatos. Dado que es un hecho constatado que estas mutilaciones son muy perjudiciales tanto a nivel físico como psicológico para los animales que las sufren, la entrada en vigor de este convenio será bienvenida. Habrá que estar muy atentos para que se haga efectiva.
En diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una Proposición de Ley, por la que se reconoce a los animales como “seres vivos dotados de sensibilidad”, que obligará a modificar el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria para que los animales ya no puedan formar parte de herencias, se dirima la custodia en caso de divorcio, o no puedan ser embargados ante impagos.
Pese a ello, es necesario explicar que la proposición reconoce que los animales seguirán considerándose ‘cosas’, propiedades objeto de comercio, debiendo sus propietarios eso sí, evitar su maltrato, abandono o muerte cruel e innecesaria.
Resulta paradójico que se reconozca legalmente su condición de seres sensibles, pero se siga permitiendo la cría indiscriminada de perros, gatos y otros animales para su venta en tiendas como si se tratara de electrodomésticos, mientras estos mismos animales, cuando son abandonados, son sacrificados masivamente en perreras de toda España.
Igualmente incoherente con esta declaración es el uso de animales en espectáculos crueles, violentos e innecesarios, como la tauromaquia. En algún momento los legisladores tendrán que enfrentarse al hecho de que la mayor parte de la sociedad no se identifica con estas prácticas atroces. Al contrario, se avergüenza de las tradiciones basadas en el maltrato de los animales. El dolor, el maltrato y la muerte no deberían formar parte de ningún hecho cultural que represente a un pueblo civilizado.
Precisamente, la opinión generalizada de la sociedad frente al trato que reciben los animales, está calando en el ámbito judicial. En noviembre se dictaba un extraordinario auto, emitido por la jueza Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, que se ha convertido en un auténtico alegato en defensa de los animales.
Pilar de Lara detalla de manera nítida cómo son tratados los animales en nuestro país: «Anualmente miles de animales son maltratados y abandonados, en ocasiones sometidos a actos de extraordinaria crueldad, mutilaciones, sacrificios innecesarios, inanición o condiciones higiénicas deleznables», describe, «o simplemente son matados, torturados, extenuados o desechados por inservibles, por una incomprensible diversión en determinados espectáculos públicos o deportivos».
La jueza habla en su auto de la “asignatura pendiente” que supone elaborar una ley estatal de protección animal y clama contra los «espectáculos cruentos y festejos populares, patrocinados e incluso financiados por entes públicos» que «se toleran, amparan y protegen» bajo la defensa de «valores y conceptos sagrados como los de arte, cultura y tradición».
Y sigue: “Ante la gran asignatura pendiente de poder disponer en algún momento de la ansiada ley estatal de protección animal”, concluye, “las comunidades han ido haciendo sus leyes” y hoy existe una “gran disparidad”, de tal manera que “lo que está prohibido en un territorio está permitido en otro”.
Resulta paradójico que se reconozca legalmente su condición de seres sensibles, pero se siga permitiendo la cría indiscriminada de perros, gatos y otros animales para su venta en tiendas como si se tratara de electrodomésticos
Es precisamente este mismo motivo el que ha llevado al Partido Animalista PACMA a elaborar una Ley General de Bienestar y Protección Animal, presentada en mayo a las Cortes Generales y que se está tramitando actualmente en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.
La denominada Ley Cero, es la iniciativa política a favor de los animales más ambiciosa que se haya llevado adelante nunca en nuestro país. Esperamos contar con el apoyo de los principales grupos políticos en el Congreso para su aprobación, y de ese modo, conseguir que 2018 se convierta en el año en que España ponga fin al abandono, maltrato y sacrificio de animales.
