Si tenéis amistades armenias, estos últimos meses las habréis oído lamentarse. No les falta razón. Además de odiosas, en estos casos, las comparaciones resultan frívolas. Pese a coexistir en el tiempo con la guerra de Ucrania o la ofensiva israelí sobre Gaza, el trágico desenlace de la guerra de Nagorno Karavaj, la derrota de Armenia frente a Azerbaiyán, apenas despierta interés en los medios internacionales. El pasado viernes, sin embargo, el Tribunal Internacional de Justicia aprobó unas históricas medidas cautelares para proteger a los armenios de la limpieza étnica.
Tampoco podemos hacernos ilusiones. El Tribunal Internacional de Justicia, el juzgado de la ONU, ostenta un poder muy limitado. De hecho, como principio, sus decisiones no son vinculantes. Los Estados se comprometen a cumplirlas bajo el principio de buena fe internacional.
“El pasado viernes, el Tribunal Internacional de Justicia aprobó unas históricas medidas cautelares para proteger a los armenios”
¿Y si traicionan esta buena fe? De buenas a primeras, no ocurre nada. Teóricamente, el Consejo de Seguridad de la ONU, su auténtico centro de poder, debería obligar al Estado a cumplir. Ya sabemos, sin embargo, que este organismo sólo adopta acuerdos cuando ninguno de sus cinco miembros permanentes, China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, se opone de forma expresa.
En el caso que nos ocupa es que el Tribunal Internacional sostiene que en este caso su decisión sí que es obligatoria. No es que la naturaleza de sus resoluciones haya mutado de la noche a la mañana. La cuestión es que en este caso se apoya en obligaciones contraídas por Azerbaiyán, como país firmante de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en vigor desde 1969.
“el Tribunal Internacional sostiene que en este caso su decisión sí que es obligatoria”
Dado que la República Azerí se comprometió libremente a cumplir con lo dispuesto en este tratado internacional, el Tribunal Internacional de Justicia le recuerda ahora las obligaciones que ha contraído. En base a tales obligaciones, ha acordado una serie de medidas cautelares cuyo cumplimiento debe acreditar el gobierno de Bakú ante el Tribunal en las próximas semanas.
Antes de comentar esas medidas, debo rebajar los ánimos una vez más. Como los demás tribunales internacionales, el Tribunal Internacional de Justicia carece de medios o autoridad para ejecutar sus sentencias. Depende del sincero compromiso de los países que reconocen su autoridad, así como de la presión que estos estén dispuestos a ejercer sobre otro Estado.
“la República Azerí se comprometió libremente a cumplir con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”
Lo mismo ocurre con los tratados internacionales. Sí, teóricamente, al firmarlos el Estado se obliga a cumplirlos. Ahora bien, si decide romperlos quedará en manos de los demás países signatarios decidir cómo responden a esa infracción. Vamos que todo puede quedarse en nada.
Y hasta aquí los jarros de agua fría, porque también hay buenas noticias. Azerbaiyán desea acercarse un poco más a occidente y rehacer puentes con Rusia. Como país exportador de gas y petróleo, le interesa mantenerse en buenos términos con la comunidad internacional y eso incluye evitar cualquier apariencia de complicidad con una limpieza étnica. O como mínimo, mostrar ciertas reticencias ante esta.
“Azerbaiyán desea acercarse un poco más a occidente y rehacer puentes con Rusia”
Aunque reciente, la entrada del Tribunal Internacional de Justicia en el conflicto entre armenios y azeríes se remontan dos años en el tiempo. El 16 de septiembre de 2021, Armenia demandó a la República de Azerbaiyán ante esta corte, precisamente por incumplimiento de la Convención de Internacional contra la Discriminación Racial.
Desde entonces, la imposibilidad rusa, ocupada con su invasión de Ucrania, para auxiliar a Armenia, el interés turco en reforzar a Azerbaiyán, país étnicamente hermano y la escasa vocación intervencionista de occidente, ha propiciado la desaparición de la autoproclamada República de Artsaj, un Estado armenio sin reconocimiento internacional de Nagorno Karabaj.
“El 16 de septiembre de 2021, Armenia demandó a la República de Azerbaiyán ante esta corte”
Después de dos décadas y media en conflicto, los azeríes han recuperado el control de Nagorno Karabaj. Aunque el gobierno de Bakú no dirige oficialmente ninguna operación de limpieza étnica, no se ha tomado muchas molestias que digamos para convencer a los armenios de la zona que están seguros. Paralelamente, se acumulan las evidencias que apuntan a actos de violencias, sino impulsados, sin duda tolerados, por las autoridades azeríes contra la los armenios.
Aunque el Tribunal Internacional de Justicia todavía no ha declarado a Azerbaiyán responsable de infligir la Convención contra la Discriminación Racial, aún no hay sentencia, ha decidido adoptar medidas cautelares en el caso, para proteger a los armenios.
“el Tribunal Internacional de Justicia todavía no ha declarado a Azerbaiyán responsable de infligir la Convención contra la Discriminación Racial”
Estas medidas cautelares son bastante sencillas:
- Asegurar de que las personas que abandonaron Nagorno Karabaj después del 19 de septiembre y que deseen regresar al lugar pueda hacerlo en condiciones de seguridad.
- Asegurar que las personas que permanecen en Nagorno Karabaj después del 19 de septiembre y que deseen abandonar el lugar puedan hacerlo en libertad y seguridad.
- Asegurar que tantos las personas que permanecen como las que desean regresar a Nagorno Karabaj puedan hacerlo en paz y seguridad, sin ser perturbadas por la violencia.
El Tribunal no emplea a propósito la palabra “armenios”, pero es bastante evidente que se refiere a ellos. Si no, tampoco tendría sentido invocar la Convención contra la Discriminación Racial. En unos días, se espera que el Tribunal exija a Azerbaiyán pruebas de que está dando cumplimiento a estas medidas cautelares. Veremos si Bakú le contesta y si lo hace, aún tendremos que valorar si es sincero.
