Conforme se enquista la crisis de Ceuta, vivimos un auge de legalismo. En pocas palabras, se orilla la discusión política, bajo el parapeto de lo «legal» y lo «ilegal». No es legal devolver a menores sin garantías, la ley exige que tramitemos las solicitudes de asilo, las devoluciones en masa están prohibidas… Todo eso es cierto, pero es peligroso abandonarse a la fe ciega en la Ley. Por sí misma, no garantiza los derechos humanos, al menos, no por mucho tiempo…
Sin duda, el debate sobre la legalidad es importante en una democracia. Después de todo, nuestros gobernantes están sometidos a la ley, a diferencia de otros sistemas políticos. Ahora bien, la legalidad no es inmutable. Más bien, todo lo contrario. De hecho, las pretensiones de modificarla suelen multiplicarse, cuando la ley se utiliza como guillotina contra el debate ideológico.
«Conforme se enquista la crisis de Ceuta, vivimos un auge de legalismo»
En este artículo me gustaría plantear algunos escenarios hipotéticos donde la ley podría subvertirse contra los derechos de los migrantes. A continuación, compartiré cuál intuyo que es el plan del gobierno para Ceuta, como muestra clara de las insuficiencias de la legalidad sin voluntad política para proteger la dignidad humana.
Dentro de unos meses, habrá elecciones. Todo apunta a un nuevo gobierno, producto de una mayoría parlamentaria de derechas. ¿Qué podrá hacer? Desde luego, no podrá privar a los migrantes de todos sus derechos, ni siquiera bajo hipotéticos estados de excepción o sitio; pero sí podrán modificarse muchas leyes, como la de extranjería, la de asilo, la de protección del menor…
«la Ley […] no garantiza los derechos humanos, al menos, no por mucho tiempo…»
De resultas, por ejemplo, se podría limitar el acceso al asilo de migrantes que hayan accedido a España de forma irregular. Se podrían facilitar las tramitaciones acumuladas de expedientes de deportación –lo que se aproximaría a las devoluciones masivas– y otros tantos cambios en esta línea…
Nuestros compromisos internacionales, como el Convención sobre los Derechos del Niño o el Convenio sobre los Apátridas, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el propio derecho de la UE no nos permitirían elevar a ley ciertas medidas. Siempre tendríamos que respetar un mínimo procedimiento administrativo y/o judicial en las expulsiones. En ningún caso podríamos legalizar el uso indiscriminado de la fuerza, ya no digamos de la fuerza letal, como parecen pedir algunos.
«me gustaría plantear algunos escenarios hipotéticos donde la ley podría subvertirse contra los derechos de los migrantes»
Ahora bien, esto me lleva al siguiente escenario hipotético. ¿Y si aparece un gobierno –el próximo u otro– que no quiere cumplir la ley? Entonces veríamos las limitaciones de la legalidad para proteger derechos, pues hay varias opciones para trampear la legalidad.
En septiembre del año pasado, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó a nueve años de inhabilitación para cargo público, a la antigua Delegada Gobierno en Ceuta y a la ex vicepresidenta de la ciudad autónoma. ¿Motivo? Después de la crisis migratoria agosto de 2021 –parecida a la actual, pero de menos entidad– habían devuelto a menores sin respetar el procedimiento individualizado.
«¿Y si aparece un gobierno –el próximo u otro– que no quiere cumplir la ley?»
En aquel caso, la intención no parece que fuera romper la ley, sino… forzar sus límites. No coló, pero ¿y si un gobierno quisiera incumplirla y esquivar las consecuencias? De entrada, podría indultar a los infractores después de su condena. De resultas estos podrían seguir en sus puestos como si nada. Es verdad que el Tribunal Supremo puede anular indultos totalmente injustificados, pero no lo es menos que el margen que del gobierno en esta materia es más que amplio, si lo argumenta mínimamente.
Ahora que el Tribunal Constitucional ha avalado las amnistías, se abre otra vía para una mayoría parlamentaria que quisiera condonar deportaciones masivas. Aclaremos que ciertas vulneraciones graves de DDHH, como la violencia indiscriminada o la matanza, nunca serían amnistiables dentro de la UE, pero infracciones del procedimiento administrativo que faciliten expulsiones…, no lo veo difícil.
«Ahora que el Tribunal Constitucional ha avalado las amnistías, se abre otra vía para una mayoría parlamentaria que quisiera condonar deportaciones masivas»
En derecho constitucional, esto se conoce como la teoría de la pendiente resbaladiza. Básicamente, el Legislador toma una decisión, A, que de entrada parece conveniente o, en todo caso, no excesivamente peligrosa. Una vez validada esa decisión A, su misma lógica puede llevar a decisiones B, C, D… cuyo contenido sea mucho más oscuro.
La misma lógica de amnistiar a políticos, personas anónimas y agentes de la autoridad, en aras de superar un conflicto político, bien puede aplicarse a otros escenarios… Justificándose en esa misma búsqueda de la paz social, un futuro gobierno podría amnistiar a los responsables de devoluciones masivas. Si esto llega a ocurrir, quizás algunos entenderán, porque muchos pedíamos prudencia con la amnistía…
«Una tercera alternativa pasaría por reformar […] la Ley Orgánica del Régimen Electoral General»
Una tercera alternativa pasaría por reformar, o más bien, suprimir la letra k) del art. 6.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Mientras ejercen su cargo, este precepto prohíbe a Delegados y Subdelegados del gobierno ocupar simultáneamente un escaño de diputado o senador. Desaparecida esta prohibición, bastaría con asegurar que los Delegados y Subdelegados de cualquier región que padeciera crisis migratorias tuvieran un escaño en cualquier cámara del parlamento, para que cometierían abusos tranquilos.
¿Cómo? A diputados y senadores los juzga el Tribunal Supremo. Esto es el aforamiento. Ahora bien, para juzgarlos es preciso que su cámara lo autorice, concediendo el suplicatorio. Si este se deniega expresamente o, sencillamente, pasan 60 días naturales sin que el órgano parlamentario conteste al tribunal, se producen efectos de sobreseimiento libre. En pocas palabras, es como si el diputado o senador hubiese sido absuelto por un tribunal y ya nunca, ni después de dejar su cargo, se le podrá juzgar por esa acusación.
«El nuevo Delegado-diputado podría infringir todo tipo normas migratorias, con absoluta impunidad»
Se entiende por dónde voy, ¿verdad? El nuevo Delegado-diputado podría infringir todo tipo normas migratorias, como responsable de los procedimientos de expulsión, con absoluta impunidad, en la práctica. Sólo necesitaría una mayoría parlamentaria cómplice. Para colmo, a diferencia de la amnistía, los privilegios del suplicatorio no admiten excepciones, ni siquiera ante delitos abyectos. La decisión de la cámara es definitiva y ningún tribunal puede revisarla.
Esto nos devuelve al punto de partida. Por supuesto, que una infraestructura legal e institucional es imprescindible para que disfrutemos de nuestros derechos. Pero no es suficiente para asegurarlos.
«a diferencia de la amnistía, los privilegios del suplicatorio no admiten excepciones, ni siquiera ante delitos abyectos»
¿Qué impide a un gobierno hacer trampas como las que he descrito? Pues, en parte, supongo que su propia ideología, pero, si analizamos las dinámicas políticas, al final, el freno más poderoso es el miedo a un castigo electoral. Y es que los derechos solo se sostienen cuando la gente cree en ellos y está dispuesta a penalizar su vulneración.
En lo que se refiere a los migrantes, sus derechos cada vez encuentran menos apoyo entre la opinión pública. No son el único colectivo afectado por este fenómeno, pero sí el que más –junto a los presos. De resultas, atentar contra sus derechos legales no sólo puede traducirse en una ausencia de castigo electoral, sino incluso en un premio.
«los derechos solo se sostienen cuando la gente cree en ellos y está dispuesta a penalizar su vulneración»
Y ahora, dejemos el futuro, para volver al presente. Porque hay motivos para pensar que la estrategia del gobierno ya se basa en vulnerar los derechos de los migrantes. Sin cambiar leyes. Sin acudir a trampas legales. Básicamente, sin hacer nada…
Cuesta entender que en esta crisis el gobierno haya seguido de vacaciones. Y no me refiero al descanso estival de su líder u otros ministros, sino a la manifiesta ausencia de acción.
«Cuesta entender que en esta crisis el gobierno haya seguido de vacacione»
Mientras, los distintos ministros de interior, sanidad y migraciones se han enzarzado en una polémica estéril con Ceuta, acerca de las competencias de cada administración. Los recursos siguen sin llegar… El poder judicial ha pedido refuerzos en los juzgados ceutíes de violencia de género y de guardia. Lo mismo se ha pedido para la fiscalía de menores en la ciudad autónoma… Nada.
¿Por qué esta parálisis? Tal vez, la respuesta sea más obvia de lo que creemos: lo quieren así.
El gobierno no puede forzar una deportación masiva de migrantes. Ahora bien, si como ya hicieron, aproximadamente, 70.000 personas, los restantes migrantes afincados en Ceuta deciden volver a Marruecos voluntariamente… el problema se resuelve solo ¿no?
«¿Por qué esta parálisis? Tal vez, la respuesta sea más obvia de lo que creemos: lo quieren así.»
¿Cómo se incentiva a gente que está desesperada por venir a España para que regrese a Marruecos? Pues, denegándoles el acceso a condiciones de higiene y salubridad, lo que potencia el contagio de ciertas enfermedades; obligándoles a vivir en situación de intemperie o casi, colapsando sus solicitudes administrativas de asilo, de modo que nunca lleguen a resolverse o que lo hagan detrás de un periodo excesivamente largo…
No es un ataque tan abierto contra la Ley como el de los escenarios hipotéticos que nos planteábamos. Es mucho más insidioso, pero igual de grave. Y no sólo para los migrantes, también los ceutís pagan las consecuencias de esta estrategia.
