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Cuando un Estado demanda a otro ante el Tribunal Internacional de Justicia, el demandado puede nombrar un juez adicional o juez ad hoc. Este derecho, claro, se condiciona a que ninguno de los quince magistrados del Tribunal sea nacional del país demandado. Salvo honrosas excepciones, el juez ad hoc suele convertirse en un abogado adicional de su Estado. Por eso llama poderosamente la atención que, en el proceso iniciado por Sudáfrica, por presunto genocidio en Gaza, no sea el juez ad hoc de Israel, sino una jueza de Uganda quien más favorece la causa de Tel Aviv.

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