La imputación de Putin por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional se ha acogido con una mezcla de escepticismo y burla. No descubriremos nada si decimos que próximamente no veremos salir del Kremlin al Presidente ruso esposado. Si os soy sincero, me parece que el Fiscal se ha pasado de optimista con la afirmación de que la historia nos demuestra que Putin será juzgado. Ahora, calificar la imputación de pérdida de tiempo o postureo sí es una frivolidad.
El Tribunal Penal Internacional apenas ha cumplido 20 años. A menudo se le confunde con el mucho más antiguo Tribunal Internacional de Justicia, también ubicado en La Haya, que forma parte de la ONU. El Tribunal Penal Internacional se materializó en 2002 con la entrada en vigor de su tratado internacional fundacional: el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia.
“La imputación de Putin por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional se ha acogido con una mezcla de escepticismo y burla”
En la actualidad 123 Estados del mundo reconocen su jurisdicción. Entre ellos, la práctica totalidad de Europa, América y Oceanía, así como un importante número de países africanos. Por supuesto, en globo terráqueo hay 198, lo que implica que hay ausencias en la lista, algunas de ellas bastante importantes: China, Rusia, Estados Unidos, Etiopía, Turquía, India, Siria, Israel, Argelia, Egipto, Bielorrusia, Indonesia…
¿Qué significa no reconocer la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional? El Tribunal Penal Internacional únicamente disfruta de poder sobre aquellos países que han reconocido su Estatuto. Esto forma parte de un principio básico del Derecho Internacional, los Estados son soberanos. Su soberanía no admite más que dos límites: el consentimiento y el Consejo de Seguridad de la ONU.
“En la actualidad 123 Estados del mundo reconocen su jurisdicción”
Cada Estado es libre de aceptar obligaciones con la comunidad internacional. Por ejemplo, puede reconocer la autoridad de un tribunal internacional sobre su soberanía. Esto exige de dos actos: la firma de un tratado y su posterior ratificación.
En la práctica, hablamos de dos firmas realizadas, como regla general, por el Jefe de Estado. Sin embargo, únicamente a partir de la ratificación, contrae el Estado obligaciones internacionales, ya que esta segunda firma requiere el beneplácito de las autoridades gubernamentales y parlamentarias. Así, países como Omán, Siria, Irán o Ucrania, pese a que han firmado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, nunca lo ha ratificado. Por tanto, este tribunal carece de poder sobre ellos.
“únicamente a partir de la ratificación [del tratado], contrae el Estado obligaciones internacionales”
No obstante, también disfruta de libertad para revertir esta decisión cuando quiera. Esto se conoce como la denuncia del tratado ratificado. Así, Burundi o Filipinas se retiraron del Estatuto de la Corte Internacional, un tiempo después de haberlo ratificado.
Incluso encontramos unos casos curiosos, como el de Rusia o Estados Unidos, que lo firmaron y, posteriormente, revocaron la firma. Como apuntábamos, la firma en realidad es un acto protocolario, una manifestación de interés por parte del gobierno de un país en el tratado, que debe ser ratificado posteriormente. En principio, el Derecho Internacional no contempla un procedimiento para revocar una mera firma, pero, desde hace años se ha generalizado la tendencia a que algunos gobiernos emitan declaraciones abjurando de la firma no ratificada de algún tratado.
¿Que por qué ocurre esto? Cada caso es un mundo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Bill Clinton firmó el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, como suele decirse, en tiempo de descuento, hacia el final de su mandato. El Presidente demócrata sabía bien que el Congreso jamás autorizaría la ratificación de aquel tratado. De algún modo, se trató de una declaración personal de intenciones a sabiendas que no tenía consecuencias.
Otra cosa conocía Clinton cuando estampó aquella firma era el nombre de su sucesor: G. W. Bush, quien, en campaña electoral, se había mostrado radicalmente contrario a reconocer a cualquier tribunal internacional. Con la transición de poder ya en marcha, al republicano le pareció desleal la decisión de su antecesor. Seguramente, este fue el motivo de que emitiera una declaración formal para retirar la firma.
“Bill Clinton firmó el Estatuto del Tribunal Penal Internacional”
Al margen del consentimiento, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede ampliar la competencia del Tribunal Penal Internacional para investigar sucesos en países que quedan fuera de su competencia geográfica y temporal. Sí, temporal, porque, además de que los Estados tienen que reconocerle para poder investigar hechos ocurridos en su territorio, el Tribunal Penal Internacional no puede investigar sucesos ocurridos con anterioridad al 2002, cuando fue implantado.
En 2003, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución autorizando al Tribunal Penal Internacional a investigar el genocidio de Darfur, ocurrido en el Sudán entre 2001 y 2003. La negativa de Sudán a reconocer a la Corte Penal Internacional no le sirvió de nada. Su Presidente, el dictador Omar al Bashir quedó confinado en país hasta su derrocamiento en 2019.
“el Tribunal Penal Internacional no puede investigar sucesos ocurridos con anterioridad al 2002, cuando fue implantado”
En 2015 trató de echarle un pulso a su orden de arresto y se desplazó a una cumbre internacional en Suráfrica. Parece ser que un chivatazo le permitió a al Bashir salir de su hotel a toda prisa y despegar en su avión oficial de vuelta a Jartum. Los jueces surafricanos ya habían enviado policías a detenerle.
En esta situación queda Putin a partir de ahora. No podrá pisar ningún país de los que reconocemos al Tribunal Penal Internacional, sin arriesgarse a una detención y extradición a La Haya.
“Putin no podrá pisar ningún país de los que reconocemos al Tribunal Penal Internacional”
¿Pero si Rusia no reconoce al Tribunal penal Internacional entonces cómo han podido imputarle? Recordemos que, al igual que Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China, Rusia goza de derecho de veto las resoluciones del Consejo de Seguridad. O sea que tampoco estamos ante un caso como el de Darfur.
Aunque Ucrania no ha ratificado el Estatuto del Tribunal, cualquier país puede autorizar que este investigue y enjuicie estos concretos en su territorio. Zelesky solicitó al Tribunal Penal Internacional y a la ONU que investigaran la guerra.
“Zelesky solicitó al Tribunal Penal Internacional y a la ONU que investigaran la guerra”
El informe de Naciones Unidas ha hallado indicios de distintos crímenes de guerra en las fuerzas armadas de ambos bandos. Sin embargo, concluye que los casos ucranianos son aleatorios y la responsabilidad se limita, por tanto, a personas concretas, a soldados que abusan de su posición. En cambio, las vulneraciones de derecho de guerra y humanitario perpetradas por el bando ruso responden a patrones organizados y sistemáticos.
No obstante, en contra de lo que parecen sugerir los medios, el Fiscal del Tribunal Penal Internacional se ha mostrado sumamente prudente. En este momento es imposible hallar indicios que apunten directamente a Putin por crímenes como bombardeos o matanzas, ya que estos, hipotéticamente, podrían provenir de iniciativas de mandos militares intermedios. Sin embargo, hay un suceso que no puede haber ocurrido sin connivencia del poder civil: el secuestro de niños ucranianos, llevados a Rusia y entregados allí a orfanatos o familias rusas, pese a que muchos tienen padres o familiares vivos en Ucrania. Este concreto crimen de guerra es el que ahora se le imputa a Putin. Más adelante ya veremos que pruebas aparecen.
