Netanyahu el control judicial sobre el poder político. Si la reforma que ha presentado sale adelante, la Corte Suprema perderá su potestad de revisión sobre la constitucionalidad de las leyes y de amparar los derechos fundamentales de los ciudadanos frente al gobierno y la mayoría parlamentaria de la Knesset, el parlamento.

En la mayoría de países, como España, una reforma de este calado pasaría por una modificación constitucional. En otras palabras, sólo podría aprobarse con una mayoría cualificada del parlamento y, según como, en referéndum popular.

“Netanyahu amenaza el control judicial sobre el poder político”

El problema es que Israel no dispone propiamente de constitución, entendida como una norma que regula las principales instituciones del Estado, recoge los más fundamentales derechos de las personas y sólo se puede reformar mediante un trámite especial. Poco después de la proclamación de su independencia (1948), se esperaba que su primera Knesset (1949) desempeñara un rol constituyente, es decir, que dotara al país de una constitución. En su lugar, aquel parlamento hizo suya la Propuesta Harari, llamada así por su impulsor, Yizhar Harari, diputado del Partido Progresista.

En Israel se estaban reuniendo judíos que venían de todo el mundo, con tradiciones políticas muy diferentes. Por no mencionar el problema del idioma. El hebreo es la única lengua muerta resucitada de la historia. Así la población israelí se otorgó un mecanismo de comunicación que no privilegiara a nadie. A tan complejo panorama añadamos que la República neonata echaba andar rodeada de naciones hostiles que cuestionaba su existencia, sin complejos a la hora de recurrir a la fuerza militar.

“Israel no dispone propiamente de constitución”

Harari propuso crear una serie de normas que regularan interinamente las instituciones. Tras un tiempo, evaluando su funcionamiento, se aprobarían varias Leyes Básicas. Por tanto, Israel no tiene una constitución, sino un compendio de Leyes Básicas que regulan, la Knesset (1958), la Presidencia del Estado (1964), el Gobierno (1968) la Judicatura (1984) y otras materias, como el suelo público (1960) o el Defensor del Pueblo (1988). Hubo que esperar a 1992 para aprobar la Ley Básica de Dignidad Humana y Libertad seguida en 1994 de la Ley Básica de Libertad de Trabajo y Ocupación, que se pueden considerar la Bill of Rights (lista de derechos) constitucionales de Israel.

No es que haya nada malo en aprobar una constitución por fascículos. El auténtico inconveniente de Israel es que ninguna de estas Leyes Básicas está protegida frente a la mayoría parlamentaria. En su mayoría se pueden reformar por mayoría simple y la de la Knesset necesita sólo mayoría absoluta.

“ninguna de estas Leyes Básicas está protegida frente a la mayoría parlamentaria”

Por supuesto, esta flexibilidad tiene sus ventajas a la hora de aprobar reformas. En 1992, intentando acabar con su estabilidad política Israel estrenó un sistema político conocido como semi-parlamentarismo. Este consistía en elegir directamente al Primer Ministro, aunque manteniendo la posibilidad de que el parlamento le destituyera por una moción de censura. Los resultados no fueron los esperados, así que, en 2001, se dio marcha atrás, regresando al sistema parlamentario puro.

Aunque sus riesgos, como se ve estos días, son muchos mayores, ya que un gobierno aproveche una mayoría absoluta ajustada para crearse un Estado a su medida. Por tanto, la flexibilidad constitucional únicamente funciona cuando todo el espectro político se compromete con las mismas reglas del juego. Lo que exige de mucha madurez cívica entre los ciudadanos y sus representantes. Y hasta ahora esto así ocurría en Israel.

“Ley Básica de Dignidad Humana y Libertad la Bill of Rights

Como consecuencia de este peculiar modelo constitucional, durante muchas décadas, en Israel existieron dos controversias entorno a la justicia, estrechamente ligadas: se discutía si la Corte Suprema podía controlar la constitucionalidad de las leyes y hasta qué punto existían unos derechos de los ciudadanos por encima de las leyes escritas.

Ninguna norma autorizaba a la Corte Suprema a controlar las leyes aprobadas por el parlamento. De hecho, durante mucho tiempo, fue el propio Tribunal el que se negó esa competencia. En el caso Ziv (1948), la Corte Suprema consideró que la Declaración de Independencia no tenía valor constitucional, ergo no estaba por encima de las leyes de la Knesset. En 1970, en el caso Rogozinsky y, posteriormente, en el caso Negev (1974) explicitó que carecía de poder para revertir las leyes del parlamento, pese a que, poco antes, en el caso Bergman (1969) implícitamente asumió este poder al invalidar una parte de una ley que denegaba financiación pública a los partidos extraparlamentarios que concurrían a las elecciones.

“se discutía si la Corte Suprema podía controlar la constitucionalidad de las leyes”

Con la aprobación de la Ley Básica de Dignidad Humana y Libertad (1992) el panorama cambió radicalmente ya que esta ley autorizaba al más Alto Tribunal del país a proteger los derechos de los ciudadanos. Hasta entonces, Israel había seguido un sistema parecido al Common Law anglosajón. Es decir, los derechos de las personas derivaban por una parte de las costumbres reconocidas por los tribunales y de los que se fuesen aprobando en leyes concretas. No obstante, mientras en el Common Law se ha asumido la existencia de unas libertades fundamentales que pueden llegar a oponerse a la ley escrita, en Israel la preferencia de las leyes de la Knesset era incuestionable.

La Corte Suprema ejerció, por primera vez estos poderes en el caso Banco Mizrahi vs Cooperativa Local Migda (1995). Desde entonces, su protección a los derechos reconocidos en la Ley Básica de Dignidad Humana ha permitido frenar muchas actuaciones del gobierno y el ejército, en favor de las libertades cívicas.

“Según Netanyahu y, cuando al Corte Suprema anula leyes por ir contra los derechos de las personas, incurre en activismo judicial”

Según Netanyahu y sus socios de gobierno, cuando al Corte Suprema anula leyes por ir contra los derechos de las personas, incurre en activismo judicial. Así que para despolitizar la justicia se propone privarla de este poder, lo que se traducirá en una mayor indefensión del ciudadano medio frente a los poderes públicos. La mayoría parlamentaria podrá hacer y deshacer el Estado a su medida.

Como decíamos, siempre ha existido este riesgo en Israel, al carecer sus Leyes Básicas de un mecanismo de reforma condicionado a mayorías especiales. Sin embargo, por más de setenta años, la madurez cívica y política del país había relegado este peligro a la mera hipótesis. Y es descorazonador, porque con todas sus polémicas y controversias, Israel no deja de ser la única democracia consolidada de Oriente Medio. Verlo degenerar hacia el autoritarismo agrava la adversidad que el panorama global muestra hacia la democracia.