El conflicto bélico desatado en Ucrania ha sido el detonador perfecto para continuar enfrentándonos a una crisis económica que parece que nunca finaliza, junto con el nuevo orden mundial que se está gestando, a priori, con el devenir de los acontecimientos con carácter internacional, pase lo que pase. El temor a la variante Ómicron se relaja, por la menor gravedad en los casos. Pero el contexto internacional, más que nunca, se ha convertido más volátil, afectando al precio final del crudo y de los recursos energéticos, que se resienten por los últimos acontecimientos que se están produciendo.
El alza de los precios.
El precio del petróleo y del gas seguirá escalando máximos en los próximos meses por el aumento de la demanda, debido a la crisis mundial por el conflicto bélico en Ucrania, la reactivación económica global y por el programa de vacunación masiva. Ampliando la apertura del comercio, la hostelería y las actividades de ocio antes limitadas, aumentando la actividad laboral y, por lo tanto, reactivándose las estructuras y la industria local. Y al que se le sumarán más factores externos como la escasez de oferta, que no es capaz de compensar la demanda. Según la OPEP, el aumento de la producción mensual estaba prevista aproximadamente de +400.000bd, hasta una producción total de 28,4Mbd, siendo estos nivel inferiores a los 30,4Mbd previstos antes de la pandemia. Habría que recordar también que existen otros países que tampoco han sido capaces de incrementar producción por la caída de inversiones en el sector en los últimos años.
Otro de los elementos que ha forzado el aumento de los combustibles es la fuerte subida del precio del gas natural este año, lo que ha ocasionado en algunas ocasiones el aumento del empleo del petróleo como alternativa, encareciendo aún más el consumo de la electricidad.
Todos estos factores condicionarán el incremento de la inflación en los países. No sólo por su incidencia directa en el precio de los combustibles o en la energía, sino también en los precios del transporte, en la fabricación de los productos industriales, en el comercio y en la compra-venta, hasta llegar al precio de la cesta de la compra. El consumidor deberá afrontar un incremento en el precio de los productos de primera necesidad.
Luchar contra la inflación
Hacía tiempo que no hablábamos de la mal llamada inflación. Y lo cierto es que hasta cierto punto, era lógico. Sin embargo, la época post Covid y la situación actual del panorama internacional ha hecho que se recrudezca la subida de la inflación y que en estas últimas semanas se haya cebado y se siga ensañando con los consumidores. El poder adquisitivo de la ciudadanía ha sido golpeada, de nuevo, una vez más, desde la última crisis económica del año dos mil diez.
Los Gobiernos han preparado una serie de medidas para mitigar el impacto de la subida de los precios de los productos, que en general han escalado hasta el 7,4%, en el último mes. Sólo equiparable al final de los años noventa, cuando la economía española, por ejemplo, sucumbía ante los números rojos.
Sin duda alguna, para revertir los datos económicos, cualquier actuación que se precie debe pasar por un plan de ajustes real, que afronte los retos del futuro y que sea capaz de dar solución y continuidad a una economía que necesita estabilidad, impulso y fiabilidad.
La búsqueda de un equilibrio entre la recaudación del Estado y el gasto estructural debe pasar por un reacoplamiento de los Presupuestos Generales. No sólo hay que favorecer aquellos sectores estratégicos en los que la inflación tendrá un mayor efecto, como la industria, la construcción, los hogares y el mercado energético, sino que no será suficiente para paliar el precio de la cesta de la compra. Se deben impulsar acciones concretas en la presión fiscal que se ejerce sobre ellos, pues una crisis mundial requiere medidas con una amplia visión de conjunto y proyección. De este modo, si no se potencia la competitividad de las empresas, no podrán pugnar con el resto de ofertas. Quizás, por ello, para que un Estado sea capaz de bajar los impuestos, rebajar la presión fiscal sobre las familias y hacer que sus empresas sean más viables, hay que reducir los gastos estructurales del Estado. Disminuir o erradicar las organizaciones paralelas; evitar en la medida de lo posible la duplicidad de las administraciones y una mayor transparencia en las gestión de los organismos e instituciones públicas.
El problema no está en rebajar la inversión que se ejercido en Educación y Sanidad, 11,4 % según los últimos datos obtenidos de los Presupuestos Generales del Estado, en tal caso sería todo lo contrario; o en aumentar las partidas destinadas a investigación, desarrollo e innovación que para este ejercicio, por ejemplo, en las que apenas ascendió al 1,5%; La verdadera cuestión está en que los Estados deben tener menos gastos estructurales, como los arriba indicados, deben estar bien gestionados. De esta manera, se podrían bajar los impuestos, como ya se ha podido observar en otras gestiones públicas, con carácter regional, nacional o supranacional.
La bajada de impuestos convidará al ciudadano a tener mayor poder adquisitivo y las empresas a ser más productivas. El ciudadano, al tener mayor capacidad de adquisición, podrá ahorrar y consumir. Las empresas, al ser más competitivas, podrán ofrecer al consumidor productos a mejor precio y más accesibles. En definitiva, se reactivará la Economía, siempre y cuando se tomen las medidas que se deban tomar, siempre pensando en proteger e impulsar el talento, la excelencia y el emprendimiento. A mayor autonomía, menor dependencia y mayor libertad de acción para seguir creciendo y desarrollándose en pro de unos estándares europeos.
