La próxima semana compareceremos ante los medios de comunicación Víctor Gómez, militante del PSOE, Alain Cuenca, quien fue miembro de la comisión de expertos para la reforma del sistema de financiación común, y un servidor, los tres ciudadanos (yo mismo como portavoz de Plataforma Ahora) que presentamos hace algunas semanas sendos escritos dirigidos al Defensor del Pueblo solicitándole la Interposición de un Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

Y es que el 28 de diciembre se publicó en el BOE la nuevo Ley del Cupo vasco (el cuponazo), momento a partir del cual se abría el plazo de 3 meses (vence el 28 de marzo) para poder interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). Como es sabido, pueden hacerlo el Presidente del Gobierno de España, 50 diputados, 50 senadores o el Defensor del Pueblo, razón por la cual presentamos sendos escritos a dicha Institución, convencidos de que ninguna de las restantes instituciones iban a mover un dedo ante tamaña injusticia y quiebra de la igualdad entre los ciudadanos españoles. Por su parte, las CCAA tienen un plazo de 6 meses para recurrir, por lo que todavía estarían a tiempo.

Dicha Ley se aprobó en el Congreso de los Diputados por el procedimiento de Lectura Única y con el apoyo de una amplia mayoría parlamentaria. Sin embargo, a pesar de este habitual amplio consenso político (una especie de amplio silencio vergonzoso y vergonzante), han sido múltiples los expertos en la materia que, a lo largo de los últimos años, han venido denunciando con argumentos de peso que el modo en que se realiza habitualmente el cálculo del cupo vasco supone un privilegio para aquellos ciudadanos residentes en un determinado territorio (Euskadi) en relación al resto de ciudadanos españoles.

Tal como recientemente explicaba Alain Cuenca en un estupendo artículo de opinión, “se ha calculado y puesto de manifiesto en diversos estudios académicos que los recursos disponibles en el País Vasco llegan a duplicar los del resto de CCAA. Esta ley agrava la situación anterior, por lo que causará diferencias sustanciales entre los ciudadanos vascos y los del resto de España”.

El cupo es la cantidad que el País Vasco abona al Gobierno de España por los servicios que la Administración Central presta en Euskadi y, por lo tanto, es la cuantía que Euskadi aporta a la financiación de las políticas públicas que repercuten en los restantes ciudadanos españoles. Desde siempre, la cuantía del cupo se ha obtenido a través de una opaca negociación política con el PNV por parte del Gobierno de España… a cambio de compensaciones casi siempre ocultas o inconfesables, nunca a través de un cálculo técnico que fuera debatido por las fuerzas políticas y explicado al conjunto de los ciudadanos. El resultado de este opaco proceder ha sido una cuantía que ha supuesto históricamente un privilegio para los residentes en el País Vasco, dado que los vascos terminan aportando a la solidaridad ciudadana e interterritorial menos de lo que les correspondería. Así, disponen (disponemos) de más dinero que el resto de sus (nuestros) conciudadanos, el cual es administrado y empleado por el PNV para la implementación de sus políticas nacionalistas. Tras la última negociación del Gobierno de España con el PNV, se blindaron y aumentaron estos privilegios y esta desigualdad, con el vergonzoso apoyo de los principales partidos políticos (con la única excepción de Ciudadanos).

No se trata de ir en contra de nadie sino de defender el bien común, el interés general y la igualdad. Y de proteger los principios y valores recogidos en la propia CE. Puedo recordar algunos de los principales artículos de la CE que estarían siendo claramente vulnerados:

  • el artículo 1: el Estado garantizará la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español;
  • el artículo 2: las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales;
  • y el artículo 1: todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado;
  • amén de otros principios y valores semejantes incorporados en la CE y cuyo cumplimiento por los poderes públicos es obligatorio.

Por todo lo cual, es fácilmente deducible que, más allá de que el sistema de Concierto Económico sea constitucional, su aplicación práctica es inconstitucional y, en concreto, la Ley del Cupo recientemente aprobada es inconstitucional, razón por la cual espero que el Defensor del Pueblo cumpla su función (defender al pueblo) e interponga un recurso de inconstitucionalidad al TC. La petición es de puro sentido común: que se garantice el respeto a la CE, la defensa de la igualdad y que, mientras exista el sistema de Concierto Económico (cuya supresión, por lo demás, defiendo sin duda), las relaciones financieras entre el Estado y las Diputaciones forales se calculen al menos de forma correcta, transparente y confiable.

Para mí es un honor compartir con Víctor Gómez, Alain Cuenca y mis compañeros de Plataforma Ahora esta justa reivindicación inequívocamente progresista. Sin embargo, echo de menos en esta batalla por la igualdad a los partidos políticos que se dicen nacionales  pero especialmente a aquellos que se dicen progresistas o de izquierdas: en lugar de alzar la voz y defender los principios de la solidaridad, la igualdad, el bien común y el interés general, el PSOE y Podemos han apoyado este nuevo atropello. Es lamentable que, por la vía de los hechos, defiendan que quien más tiene, menos pague; traicionando de ese modo los más valiosos principios de la izquierda, de esa que a día de hoy (y espero que por poco tiempo) no está representada en el Congreso de los Diputados. Pero pensemos en positivo: ¿se imaginan que el Defensor del Pueblo nos haga caso? Sería histórico. Lo sabremos pronto. Atentos.

Gorka Maneiro, portavoz de Plataforma Ahora