Desde Carmen Calvo, el Ministerio de Igualdad se venía planteado la posibilidad de que la Administración Pública declarara a una mujer víctima de violencia de género, sin esperar a una sentencia judicial. Por supuesto, semejante declaración jamás podría tener efectos penales. Ni siquiera serviría de prueba en un juicio penal. La lógica de la propuesta era agilizar el acceso de la víctima a las ayudas sociales sin esperar a la sentencia inculpatoria firme, que puede tardar años.

El pasado 2 de diciembre, la Secretaría de Estado de Igualdad, núcleo del Ministerio de Irene Montero, dio salida a la propuesta mediante una resolución cuyo art. 2 define como víctimas susceptibles de beneficiarse de las ayudas:

  1. Víctimas que se encuentren en proceso de toma de decisión de denunciar.
  2. Víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído.
  3. Víctimas que han interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté instruyéndose.
  4. Víctimas con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por prescripción, muerte del penado, cumplimiento de la condena, entre otras causas, u orden de protección que haya quedado inactiva (las medidas impuestas ya no están en vigor), por sentencia absolutoria o cualquier otra causa que no declare probada la existencia de la violencia.
  5. Víctimas a las que se haya denegado la orden de protección, pero existan diligencias penales abiertas.
  6. Cuando existan antecedentes previos de denuncia o retirada de la misma.

Naturalmente, esto plantea diversas problemáticas. Las más evidentes versan hacia la presunción de inocencia. ¿Se respeta la presunción de inocencia con esta declaración administrativa de víctima de violencia de género?

“el Ministerio de Igualdad se venía planteado la posibilidad de que la Administración Pública declarara a una mujer víctima de violencia de género, sin esperar a una sentencia judicial”

Parece una obviedad, pero una víctima exige de un agresor. De ahí que el derecho a la presunción de inocencia exija que sólo podamos señalar a alguien como agresor y, en consecuencia, a otra persona como víctima, después de un juicio en que el acusado haya tenido oportunidad de defenderse.

En defensa del Ministerio de Igualdad, hay que decir que siempre se ha defendido la necesidad de contemplar algunas excepciones -y no sólo para víctimas de violencia de género. Imaginemos, por ejemplo, que el maltratador muerto, o que padece un Alzheimer severo… En ambos casos, no se le podrá juzgar. ¿Entonces nunca podríamos considerar víctima a la víctima?

“¿Se respeta la presunción de inocencia con esta declaración administrativa de víctima de violencia de género?”

Luego está el supuesto de la prescripción. Aquí la jurisdicción penal ya no podrá entrar a investigar los hechos. Las secuelas psicológicas abren la puerta a pedir una indemnización ante los juzgados civiles, por ejemplo, para cubrir los gastos terapéuticos. Ahí aún tendríamos una sentencia judicial que da por válida una relación causa efecto entre unos hechos y los subsiguientes daños.

Seguramente esto choque un poco. ¿Cómo puede ser que el delito prescriba y la indemnización civil no? Pues norma general, todo delito da lugar a responsabilidad civil y penal. La segunda es la condena: cárcel, inhabilitación para un cargo u oficio, multa penal, trabajos comunitarios…

“La lógica de la propuesta era agilizar el acceso de la víctima a las ayudas sociales”

La responsabilidad civil del delito indemniza a la víctima o en su caso a sus familiares –caso de un asesinato. Comprende los daños físicos, psicológicos y morales. Los daños psicológicos exigen que un informe pericial psicológico acredite su existencia. Los daños morales son cualquier atentado a la dignidad humana y derivan del propio delito. Claro que, como son más etéreos, también son más baratos.

Ahora bien, los derechos a una indemnización civil por daños no derivan necesariamente de un delito, sino de cualquier daño que causemos a otro. Así lo define el art. 1902 del Código Civil.

“La responsabilidad civil del delito […] comprende los daños físicos, psicológicos y morales”

A lo mejor han pasado muchos años desde que te violó tu ex pareja. El delito y su responsabilidad civil más directa -la moral y la física- ya han prescrito. Sin embargo, de repente, se empiezan a manifestar síntomas de ansiedad, fobia al sexo, pesadillas vinculadas a la lejana agresión… Cualquier psicólogo puede corroborar que esto es bastante común.

Aunque hubiese denunciado en su momento, el tribunal penal no habría podido valorar una indemnización por estos daños civiles, porque entonces aún no se habían manifestado. Por eso, se abre un nuevo plazo de prescripción desde que estos síntomas aparecen. Alerta, para recibir una indemnización, será imprescindible vincularlos con los malos tratos como causa de los mismos.

“se abre un nuevo plazo de prescripción desde que estos síntomas aparecen”

En todo caso, una cosa es que no se pueda celebrar el juicio penal. En ese escenario, parece aceptable que la víctima sea reconocida como tal por la Administración. Naturalmente, dicho reconocimiento ha de producirse a través de un procedimiento transparente, con unos parámetros de acreditación estandarizados. Este aspecto resulta preocupante en la actual resolución del Ministerio de Igualdad, ya que nada se especifica de cómo deben acreditar los expertos la condición de víctima.

Más complicados resultan los escenarios de la no denuncia o cuando el juzgado archive la causa o absuelva al acusado. Escribo esto desde la conciencia de que el miedo, las dificultades psicológicas y las limitaciones del proceso penal hacen que muchas víctimas prefieran pisar el infierno antes que ir al juzgado. Sin embargo, también entiendo que el valor de la presunción de inocencia no puede desconocer.

“[Si es imposible celebrar un juicio] parece aceptable que la víctima sea reconocida como tal por la Administración”

Una solución consistiría en establecer dos conceptos diferentes de violencia de género: el administrativo y el penal. Sonará a entelequia, pero muchos conceptos jurídicos varían notablemente su significado según si se aplican en la rama civil-mercantil, penal, administrativa, laboral…

Pensemos que la violencia de género penal es muy restringida. Sólo se aplica a la violencia sufrida por la pareja o ex pareja. En cambio, las agresiones físicas, sexuales o psicológicas de un desconocido no se consideran como tales.

“Una solución consistiría en establecer dos conceptos diferentes de violencia de género: el administrativo y el penal”

La resolución podría haber establecido que su concepto de violencia de género es más amplio, que abarca todas las agresiones machistas en un sentido amplio. Asimismo, podría haber prefijado que si bien se presupone la existencia de un agresor o victimario, este no se verá afectado por la resolución y que esta se hace a efectos de dar cobertura social a una persona que acredita una situación personal y social compatible con la violencia de género y sus secuelas.

Es más, ya que tan importantes son hoy día los juegos semánticos, el Ministerio podría haber establecido una resolución para ayudar a las víctimas de la violencia machista, dejando a los tribunales la violencia de género.

“el Ministerio podría haber establecido una resolución para ayudar a las víctimas de la violencia machista, dejando a los tribunales la violencia de género”

Por desgracia, ni lo uno ni lo otro. Mucho me temo que en este clima de electoralismo perpetu, hay interés en promover un choque entre el Ministerio de Igualdad y la justicia.

No quisiera despedirme sin mencionar una última queja contra la resolución. Para mí al menos, la más importante de las críticas: ¿de qué ayudas estamos hablando? Lo digo porque la mayoría se quedan en mera asesoría (no siempre de personas cualificadas como sabe Juana Rivas) o, como ocurre en materia de vivienda, preferencia para recibir otras ayudas, sin garantizar que lleguen a recibirse.