Desde hace unos días se habla mucho de vacunación obligatoria. Francia e Italia la han impuesto a sanitarios y otros profesionales. EE.UU. se ha planteado seguir sus pasos. En España, donde los antivacunas representan menos del 5% de la población, este debate se encuentra aún lejano, sin embargo ya hemos empezado a plantearnos si sería posible imponer la vacuna por ley.

En mi opinión, sí, la vacunación obligatoria sí pasaría el filtro de la constitución y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. No pretendo decir que sea socialmente conveniente. Seguramente, en nuestro país, esto generaría una reacción que empeoraría, y no poco, el problema de los antivacunas. Por otro lado, no quisiera engañar a nadie. La vacunación obligatoria del conjunto de la población es territorio inexplorado para el Derecho. Apenas contamos con algunas referencias judiciales susceptibles de aplicarse por analogía.

“En mi opinión, sí, la vacunación obligatoria sí pasaría el filtro de la constitución y del Convenio Europeo de Derechos Humanos”

Aquí, en España, el único caso de vacunación obligatoria nos remite al año 2010. En el barrio granadino del Albaicín ha estallado un brote de sarampión. La Consejería de Salud andaluza detecta que las bajas ratios de vacunación en la zona, especialmente en el Colegio Gómez Moreno, dificultan la erradicación del brote, así que solicitan a los padres de 215 menores que vacunen a sus hijos o, en caso de que estén vacunados, faciliten las cartillas de vacunación que lo acrediten.

La actitud de la mayoría de familias es colaboradora, pero la Consejería de Sanidad acaba encontrando una lista de 35 niños cuyas familias no contestan a los requerimientos o, en el caso de cinco, se niegan abiertamente a vacunar a sus hijos. Finalmente, se solicita autorización judicial para vacunarlos de forma obligatoria y esta es concedida. Os dejo la referencia: Auto nº 362/2010, de 24 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Granada [Roj. AJCA 3/2010].

“En España, el único caso de vacunación obligatoria nos remite al año 2010”

El juez, don Antonio Cecilio Videras, razona la siguiente: la vacuna del sarampión genera una elevada protección –superior al 95% una vez se completa la pauta- y sólo un 10% de los vacunas experimenta fiebre y malestar general entre 5 y 12 días después. Por contra, un 5-15% de sarampión puede experimentar complicaciones tales como otitis media, neumonía, diarrea, crisis convulsivas febriles, encefalitis y ceguera. Y uno de cada mil casos es mortal. Además, cuanto más persista el brote, mayor riesgo habrá de que se contagien personas vulnerables. Ponderando los riesgos y entendiendo que la salud pública es un fin legítimo para que los poderes públicos lleven a cabo injerencias en los derechos individuales, ha de autorizar la obligatoriedad del pinchazo.

El otro caso de vacunación judicial en España es bastante diferente. Se trata de un conflicto de opiniones entre progenitores. El padre quiere vacunar a sus hijos y la madre no. El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Vigo falla a favor del padre a quien atribuye “la facultad de decisión sobre la vacunación de sus hijos”. La madre apela la decisión ante la Audiencia Provincial de Pontevedra que confirma la primera decisión judicial. En el auto nº 125/2019, de 22 de julio, de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra [Ref. Roj. AAP PO 1118/2019], leemos:

«No se discute el derecho de los progenitores a defender las creencias que estimen oportunas o el sistema de educación y vida de sus hijos que consideren más adecuado, pero siempre que no resulta perjudicial para los mismos. […] no solo no se ha acreditado desde el punto de vista médico que las vacunas causen perjuicio para la salud, sino que, por el contrario, la mayoría de los estudios científicos sobre la materia llevan a concluir que los beneficios de las vacunas son innegables tanto a nivel individual como poblacional, por lo que debemos concluir que el acuerdo adoptado en la instancia toma en consideración el superior interés de los menores, lo que nos lleva a desestimar el recurso de apelación.»

“El otro caso de vacunación judicial en España es bastante diferente. Se trata de un conflicto de opiniones entre progenitores”

A nivel supranacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos deja dos sentencias en materia de vacunas. La última, el caso Vavřička y otros contra la República Checa, es del pasado 8 abril. Seis familias checas estimaron que la obligación de poner vacunas a sus hijos vulneraba su derecho a la privacidad y su libertad ideológica y de pensamiento.

Dentro del TEDH, ha diversas salas. La más importante de ellas, la que resuelve asuntos trascendentes es la Gran Sala, conformada por 17 jueces, que se ocupó del caso Vavřička. Por mayoría de 16 contra 1, la sala resolvió que no había vulneración del derecho a la intimidad. En cuanto a la libertad ideológica, vio tan poco fundamentados los argumentos que ni siquiera los discutió. Esta parte de la demanda se inadmitió, por la misma mayoría.

“Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos deja dos sentencias en materia de vacunas”

Los argumentos del Tribunal de Estrasburgo recuerdan a los del juzgado de Granada. Sí, en efecto, la obligatoriedad de una vacuna supone una injerencia en la vida privada por parte de los poderes públicos. Ahora bien, una injerencia no es necesariamente una vulneración. Para empezar el fin que se busca es legítimo: la salud pública. Además, en términos de proporcionalidad, se trata de vacunas usadas durante décadas sin mayor peligro, mientras que los beneficios objetivos que se obtienen se describen como “necesarios en una sociedad democrática”.

Una cuestión, bien es cierto que las vacunas suelen ser seguras, pero hay algunos casos en que pueden generar efectos adversos, como una reacción alérgica. Más excepcionalmente, algunas vacunas pueden causar efectos adversos más severos. ¿Qué ocurre si el Estado obliga a alguien a vacunarse y esta padece una reacción adversa?

«En el caso Vavřička y otros contra la República Checa, del pasado 8 abril, seis familias checas estimaron que la obligación de poner vacunas a sus hijos»

El TEDH contestó a esta espinosa pregunta en su decisión de 12 de marzo de 2013, en el caso Baytüre contra Turquía. Contra los deseos de los padres, las autoridades turcas obligaron a mantener el calendario de vacunación habitual de un bebé de tres meses. Como efecto secundario, le quedó paralizado el pie derecho. La familia solicitó una indemnización que le fue denegada en su propio país y en Estrasburgo. El Tribunal opinó que dado el bajo riesgo de este tipo de efectos, no podía culpar al Ministerio de Sanidad turco ni existía derecho a una indemnización.

En principio, todos estos antecedentes apuntan a que sería viable obligar por ley a vacunarse contra el COVID-19. En un hipotético proceso judicial sólo se conseguiría un veredicto en contra, si se probara fehacientemente que los riesgos de las vacunas contra esta enfermedad fueran sustancialmente más elevados, o bien que sus beneficios son manifiestamente menores a los de otras vacunas. Desde luego, si por su estado de salud, la vacuna planteara riesgos severos para alguien no se le podría obligar a vacunarse.