Ahora que el Tribunal de Cuentas les pasa la factura de 1 de Octubre a los responsables políticos, esta discreta institución, casi desconocida, acapara titulares. Mucha prensa de izquierdas repite que el Tribunal de Cuentas funciona mal, que su prestigio es bajo (¡¿Qué tiene prestigio?!), y que es un residuo del franquismo. Empezando por el final, no toda institución deficiente de este país es un residuo de la dictadura. Ya había Tribunal de Cuentas en la República y mucho antes. Es más, ¡la UE tiene su propio Tribunal de Cuentas! Y algo me dice que, cuando se estableció, allá por 1977, los líderes europeos no tomaron a Francisco Franco como referente. Por cierto, se trata de un órgano admirable. Con apenas 1.000 empleados, audita y fiscaliza el presupuesto y subvenciones que la UE da a sus 27 Estados miembros con una exactitud que supera a casi todos los Tribunales de Cuentas nacionales.

El origen histórico de los Tribunales de Cuentas es incierto. Si nos remontamos atrás, los funcionarios del antiguo tesoro público o fiscus romano ya asumían entre sus funciones asegurar el rigor en el gasto del Estado. En la Edad Media, los reyes más importantes no tardan en replicar esta institución. A partir de la Revolución Francesa (1789), como tantas instituciones del Antiguo Régimen, los altos auditores del Estado experimentarán transformaciones. En concreto, durante el gobierno de Napoleón el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado adoptan el rol que, evidentemente con cambios, ha llegado hasta nuestros días.

“el Tribunal de Cuentas les pasa la factura de 1 de Octubre a los responsables políticos”

La constitución de 1978 define al Tribunal de Cuentas “como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado” (art.136). No concreta ni su composición ni sus poderes, aunque deja claro que depende directamente de las Cortes, no del Gobierno. Sus funciones e integrantes se precisaron en la Ley Orgánica 2/1982. Sus 12 consejeros son escogidos, para un mandato de 9 años, 6 por el Congreso y 6 por el Senado, por mayoría cualificada de 3/5 de cada cámara, entre:

“Censores del Tribunal de Cuentas [funcionarios técnicos al servicio del tribunal], Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios públicos pertenecientes a Cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica superior, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles”

Con al menos 15 años de experiencia. El problema es que todos sus miembros han estado vinculados históricamente a alguno de los grandes partidos. Esta es una de las causas de su desprestigio. Para colmo, recientemente se han descubierto que el personal informático del Tribunal de Cuentas salió de unas oposiciones y/o contratos que favorecían descaradamente a familiares de los consejeros.

“Sus 12 consejeros son escogidos, para un mandato de 9 años, 6 por el Congreso y 6 por el Senado, por mayoría cualificada de 3/5 de cada cámara”

¿Qué poderes tiene? Fiscaliza a todos el sector público y partidos políticos. Analiza sus presupuestos y elabora informes. Si estima que algún gasto no cumple con las exigencias legales, aplica la censura de cuentas, es decir, exige a quien sea responsable, político o funcionario, que pague lo gastado de su bolsillo.

Ojo, el Tribunal de Cuentas no juzga delitos. Esa competencia es exclusiva de los tribunales penales. Pero, no todo gasto ilegal es siempre un delito.

El Tribunal de Cuentas puede exigir responsabilidades por malversación de fondos de públicos, como ha hecho con los políticos juzgados por el 1 de Octubre. Pero, también puede exigir que el pago de dispendios cuya utilidad pública sea cuestionable, léase: aeropuertos sin aviones, aeropuertos plató de rodaje almodovariano, radiales vacías, sobrecostes poco o nada justificados, creación de cargos y empleos públicos con abultados salarios y escuálidas funciones, si un partido político gasta las subvenciones que recibe sin justificarlas…

“Fiscaliza a todos el sector público y partidos políticos”

¿Y cómo es que en España hemos oído hablar tan poco del Tribunal de Cuentas? En las últimas dos décadas tendría que haber estado censurando día sí día también. ¿Recordáis que antes hemos dicho que lleva décadas en una conveniente dejación de funciones? Pues veréis, la responsabilidad contable, como los delitos o las infracciones tributarias, prescribe. Durante décadas, la práctica habitual del Tribunal de Cuentas ha consistido en sacar sus informes fuera de plazo, de modo que censuraba desmanes ya prescritos. En otras palabras, no censuraba.

¿Eso no es un delito? Puede llegar a serlo. En concreto, apuntaría a prevaricación omisiva: no dictar, en tiempo y forma, una resolución a sabiendas de la obligación legal de hacerlo. ¿Entonces? Entonces, se ha controlado poco al gran auditor del Reino. Sus consejeros siempre han excusado sus retrasos en la complejidad del caso analizado y el mucho trabajo de la institución. En verdad la auditoría de cuentas de todo el Estado es bastante compleja, pero nada les impedía pedir más medios a las Cortes.

“Durante décadas, la práctica habitual del Tribunal de Cuentas ha consistido en sacar sus informes fuera de plazo, de modo que censuraba desmanes ya prescritos”

Tampoco han solicitado coordinarse con los Tribunales de Cuentas autonómicos. Me explico, casi todas las Comunidades Autónomas tienen su propio tribunal de cuentas, excepto Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y Murcia. La composición, poderes y, por desgracia, las dinámicas de funcionamiento de estos órganos autonómicos son equivalentes a las de su homólogo estatal, pero no hay coordinación alguna entre ellos.

Cada Tribunal de Cuentas autonómico audita y si eso censura –rarísima vez en plazo- las cuentas de su comunidad, los ayuntamientos y otros organismos públicos de su territorio, pero el Tribunal de Cuentas español no aprovecha tales informes sino que repite el trabajo, auditando las cuentas de todas las autonomías, sus ayuntamientos y, claro está, de la Administración del Estado. A eso se le llama economizar recursos y esfuerzos…

“casi todas las Comunidades Autónomas tienen su propio tribunal de cuentas, excepto Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y Murcia”

Los Tribunales de Cuentas no tienen la última palabra. Sus resoluciones siempre se pueden recurrir a la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo o, a escala autonómica, a la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma. El Supremo y los TSJ confirman o levantan sus sanciones.

Respecto a los políticos independentistas, sin duda su sanción es conforme a Derecho. Pero claro, con sus antecedentes es razonable que muchos señalen la incoherencia del Tribunal de Cuentas que parece dar cumplimiento a la Ley, dentro o fuera de plazo, según sus vínculos o simpatías con sus enjuiciados. En mi opinión, sólo puede considerarse justo si es el primer paso a un cambio en favor de una actitud más estricta en general.

Paralelamente, el Conseller d’Economia catalán, Jaume Giró, se puso en ridículo y al borde la prevaricación al aprobar el martes un aval de 10 millones en favor de los condenados por el Tribunal de Cuentas. Parece imposible que se admita. Obviando tecnicismos, poco sentido tiene si me piden que pague X por haber gastado mal dinero público, que duplique mi falta y el daño a la administración pública, sufragando esa deuda con más dinero público ¿no?

“con sus antecedentes es razonable que muchos señalen la incoherencia del Tribunal de Cuentas que parece dar cumplimiento a la Ley, dentro o fuera de plazo, según sus vínculos o simpatías con sus enjuiciados”

El Conseller remarcaba que en caso de que el aval se cobrara, Junqueras, Romeva, Rull etc. tendrían que devolverlo con intereses. El viejo truco: la Generalitat deja pasar unos añitos y el derecho a cobrar el dinero prescribe. Bien lo sabe Isabel Díaz Ayuso…

Por cierto, ahora se abre el plazo para renovar a los Consejeros del Tribunal de Cuentas. Si no hay acuerdo para la mayoría cualificada, dudo mucho que el Gobierno lancé el órdago de renovarlo en solitario, como hizo con el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque no sería un órdago. A diferencia del Consejo General del Poder Judicial, la constitución guarda silencio acerca de la elección de los consejeros del Tribunal de Cuentas. Con mayoría absoluta en el Congreso, se podría reformar la Ley Orgánica y que se les eligiera por mayoría no cualificada de las cámaras. Se rompería el pacto de no agresión para que el Tribunal de Cuentas esté al servicio de la mayoría de gobierno de turno, lo que podría costarle muy caro, literalmente, a la oposición. Y antes o después, todo partido acaba en la oposición.

Creo que lo único a lo que nuestra clase política temería aún más sería a un Tribunal de Cuentas independiente y efectivo…

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