La variante inglesa de refrán “ahogarse en un vaso de agua”, a storm in a cup of tea”, ilustra a la perfección esa capacidad, cada vez más frecuente, de ver gravísimos problemas, donde, como mucho hay una incomodidad. ¿Golpe de Estado de las togas? Si los recursos de amparo de diputados de las derechas prosperan ¿qué ocurrirá? Pues que el Tribunal Constitucional obligará a repetir el trámite parlamentario, exigiendo que se deje algo más de tiempo para preparar los debates. Ya está, fin. Sí, esto es lo que algunos diputados de izquierdas equiparan a Tejero.

Por cierto, si prospera la reforma del Gobierno tampoco será el fin del mundo. Por diversos motivos pienso que parte de esta reforma sería inconstitucional. Por tanto, sus efectos resultarían muy limitados. Pero incluso si no se la declarara inconstitucional, sólo empeoraría ligeramente la politización de la justicia.

“Si los recursos de amparo de diputados de las derechas prosperan ¿qué ocurrirá? Pues que el Tribunal Constitucional obligará a repetir el trámite parlamentario”

Ahora ya más calmados, vamos a revisar los acontecimientos. La semana pasada el choque entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial se trasladó al Congreso, donde el billar institucional, en una carambola genuina, rebotó para estrellarse en el Tribunal Constitucional. Vamos a repasar los hechos.

Desde hace cuatro años, Congreso y Senado se muestran incapaces de renovar a los vocales del CGPJ. En la actualidad, sus veinte miembros son escogidos, diez por la cámara baja, diez por la cámara alta. Doce de ellos han de provenir de la carrera judicial y han de escogerse, seis cada cámara, sobre una lista de 36 nombres votados por jueces y magistrados. Los otros ocho se escogen, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado entre juristas de reconocida competencia.

“Desde hace cuatro años, Congreso y Senado se muestran incapaces de renovar a los vocales del CGPJ”

En la práctica esto significa que jueces y juristas han de tener 15 años de antigüedad profesional. En pocas palabras, hay una manga muy ancha, si lo comparamos, por ejemplo, con Alemania. Allí, no existe un organismo como CGPJ. Los parlamentos territoriales y el Bundestag nombran directamente a los jueces de los tribunales más importantes del país. Sin embargo, los alemanes perciben sus instancias judiciales mucho menos politizadas que nosotros. En gran medida, esto obedece a que los requisitos para ser electo van mucho más allá de la mera antigüedad.

Hace cosa de dos años, el PSOE reformó la ley orgánica del poder judicial para que los vocales con el mandato caducado no pudieran seguir nombrando jueces. Esta medida ocasiona un grave perjuicio en Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, la Audiencia Nacional o el propio Tribunal Supremo. Desde entonces, cuando un magistrado se jubila, no se puede cubrir esa vacante, lo que contribuye que nuestra justicia, no precisamente ágil, empiece a experimentar síntomas de auténtico colapso. Especialmente dramático es el caso de la sala contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

“el PSOE reformó la ley orgánica del poder judicial para que los vocales con el mandato caducado no pudieran seguir nombrando jueces”

Para el PSOE, ahora, es legítimo que el CGPJ tenga mayoría progresista y haga nombramientos progresistas en esos altos tribunales. Por ese motivo, si el PP se niega a renovarle el CGPJ, prefiere paralizarlo. Si el resultado perjudica a los ciudadanos, pues supongo que será un sacrificio menor. Poco sorprenderá que una ex magistrada y vicepresidenta del Tribunal Constitucional, doña Encarnació Roca, haya calificado que esta reforma del PSOE es inconstitucional, por lesionar el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial de sus intereses. Por cierto, a la señora Roca siempre la han etiquetado como progresista.

Ocurre que el CGPJ también nombra a dos de los doce magistrados del TC. Los otros diez son nombrados, cuatro por el Congreso, cuatro por el Senado y dos por el Gobierno. Ironías del destino, el PP y el PSOE sí se pusieron de acuerdo para renovar a los ocho magistrados que el parlamento debe elegir por mayoría cualificada poco antes de este verano. En cambio, con el CGPJ no hay manera.

“el CGPJ también nombra a dos de los doce magistrados del TC”

Bien, diréis, ¿pero en qué afecta eso al Gobierno? Que nombre a sus dos magistrados del constitucional y ya habrá mayoría progresista. Los dos magistrados del CGPJ ya vendrán más adelante. Pues no se puede.

La ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que sus magistrados se renuevan por tercios, es decir, tres bloques de cuatro, de manera separada: los cuatro del Congreso, por un lado, por otro los cuatro del Senado, y los cuatro restantes, del Gobierno y del CGPJ. ¿Por qué? El TC ha de evaluar a los nuevos magistrados. De nuevo el examen se limita a analizar que se trate de juristas -no es necesario que sean jueces- con quince años de experiencia, que no incurran en ninguna incompatibilidad y que se les haya elegido, de veras, según el procedimiento. Normalmente esto es un puro trámite.

“La ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que sus magistrados se renuevan por tercios, es decir, tres bloques de cuatro”

Al reformar la ley orgánica del poder judicial, el gobierno se ató a sí mismo de manos para nombrar a sus dos magistrados del TC, ya que había privado al CGPJ interino de hacer nombramientos. Sin ruborizarse, el PSOE y sus aliados contrarreformaron la ley orgánica del poder judicial. El CGPJ interino sí podría nombrar a dos magistrados del TC, pero a nadie más. Además, se le puso una fecha límite para hacerlo. Sin embargo, no se hizo previsión de ninguna sanción en caso de que los vocales incumplieran ese límite temporal. Y la mayoría conservadora del CGPJ se ha declarado en rebeldía. No nombra a nadie.

Harto de esperar a que el CGPJ diera el paso, el Gobierno propuso a sus dos candidatos a magistrados del TC, un ex ministro de justicia y una secretaria de Estado. Sin embargo, para que el Rey los nombre es necesario que el TC los evalúe.

“Harto de esperar a que el CGPJ diera el paso, el Gobierno propuso a sus dos candidatos a magistrados del TC”

En la medida en que la ley orgánica del tribunal constitucional impide la evaluación de sólo dos magistrados, sino que obliga a hacerlo por grupos de cuatro, el pleno del Alto Tribunal se negó a atender a la petición del Gobierno. Hasta que el CGPJ no hiciera sus nombramientos, la ley no le permitía dar el visto bueno a los nuevos candidatos.

De perdidos al río, debieron pensar en el grupo parlamentario socialista en el Congreso. Ni cortos ni perezosos introdujeron dos disposiciones adicionales en la proposición de ley para reformar el Código Penal y suavizar las penas de malversación: una de las enmiendas para sancionar a los vocales del CGPJ si no hacían los nombramientos y otra para reformar la ley orgánica del tribunal constitucional, de modo que ya no sea el TC quien evalúe si los nuevos miembros propuestos reúnen los requisitos, sino que esa evaluación la hará el proponente, es decir, el Senado, el Congreso, el CGPJ o el propio Gobierno.

“En la medida en que la ley orgánica del tribunal constitucional impide la evaluación de sólo dos magistrados […] el pleno del Alto Tribunal se negó a atender a la petición del Gobierno”

Los debates para discutir esta proposición de ley se acortaron al máximo. La tramitación se declaró de urgencia y se convocaron las reuniones de la comisión de justicia con inusitada agilidad. Algún malpensado dirá que el PSOE quiere dar carpetazo a todo esto antes de las municipales.

En ese momento es cuando varios diputados de Vox y del PP afirman que se han vulnerado sus derechos parlamentarios. No habían podido preparar los debates, dada la velocidad con que se habían convocado las sesiones y aún menos después de la introducción sobrevenida de reformas de las leyes orgánicas del poder judicial y del tribunal constitucional en una proposición de ley, en principio, destinada a reformar el Código Penal.

“varios diputados de Vox y del PP afirman que se han vulnerado sus derechos parlamentarios”

La verdad es que estas tácticas legislativas no son tan excepcionales. Sin embargo, nunca hasta ahora se había presentado un recurso de amparo por este motivo. A mi parecer, debería estimarse. En este país, los tribunales han anulado las decisiones de plenos municipales porque no se había remitido a los concejales la documentación para prepararlos con tiempo suficiente. ¿Si tales precauciones son válidas para el municipio, no habrían de serlo igualmente para las Cortes donde se deciden cuestiones de mucha mayor envergadura?

No quisiera despedirme por hoy sin aclarar dos errores que estos días se repiten en las tertulias: el Constitucional no entrará ahora a debatir si la proposición de ley es inconstitucional o no. Eso lo evaluaría si se aprobara. Ahora analizará si la forma de tramitar la ley, las prisas, han vulnerado los derechos de los diputados.

“¡No es la primera vez que esto ocurre! […] en 1985, el Tribunal Constitucional no sólo paralizó el trámite legislativo, sino que le dijo al parlamento como tenía que escribir la ley”

Más importante: ¡No es la primera vez que esto ocurre! En concreto, no sé como algunos tienen tan poca memoria (!) ocurrió con la ley del aborto de 1985. Entonces el Tribunal Constitucional no sólo paralizó el trámite legislativo, sino que le dijo al parlamento como tenía que escribir la ley para que fuera constitucional, en una clara extralimitación de sus funciones.

Entonces, la ley orgánica del tribunal constitucional permitía presentar recursos previos de constitucionalidad, es decir, pedirle al Alto Tribunal que analizara si un proyecto de ley era constitucional o no, antes de que los aprobaran las Cortes. El PSOE de Felipe González se tomó tan mal a la sentencia de la ley del aborto que reformó la ley orgánica del tribunal constitucional para privarle de esa facultad. Actualmente, el recurso previo de constitucionalidad sólo existe para tratados internacionales y, desde 2015, para los proyectos de Estatutos de Autonomía.