El acuerdo histórico entre empresarios y sindicatos entorno a una nueva reforma laboral amenaza con saltar por los aires en el parlamento. Cuarenta años han pasado desde la última vez que España vio un acuerdo así. Y es que hay que remontarse a la transición para encontrar otro titular de la cartera de Trabajo que pueda apuntarse el tanto de la Vicepresidenta Yolanda Díaz.

Por supuesto, se trata de un mérito compartido. En mi opinión, tanto patronal como sindicatos han sabido ceder en muchos asuntos con tal de hallar un punto de encuentro que conceda estabilidad a algunas líneas maestras de la legislación laboral. Pero ahora todo puede irse al traste porque algunos grupos parlamentarios quieren introducir modificaciones en el texto del acuerdo.

“Cuarenta años han pasado desde la última vez que España vio un acuerdo así […] entre empresarios y sindicatos”

Sin duda, corresponde a diputados y senadores aprobar las normas legales. Eso, claro está, incluye la legislación laboral. Aunque esa autoridad no debería ejercerse sin perder de vista el interés general de la sociedad y un cierto sentido de la oportunidad. No cuesta nada aprobar esta reforma laboral tal como está. No es la última norma laboral que se aprobará en España digo yo…

Más adelante se pueden plantear nuevas normas. ¿Qué se ganaría con eso? ¿No echaría abajo también el acuerdo? En realidad, supongo que sí, pero al menos quedaría una norma de referencia a la que siempre podríamos volver como punto de acuerdo.

“No cuesta nada aprobar esta reforma laboral tal como está. No es la última norma laboral que se aprobará en España”

Acabe como acabe este periplo, Yolanda Díaz lleva ya más de dos semanas atrapada por el politiqueo. En el Congreso sus señorías amenazan con negarle el voto favorable al Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, que vehicula la nueva reforma laboral. Con las cosas tan giradas, el Gobierno está tratando de retrasar la votación hasta que disponga de la necesaria mayoría parlamentaria para aprobarlo, pero ERC, cuyos diputados son clave, mantiene su negativa.

Algunas personas me han preguntado ¿por qué hay problemas? Y es que el rumor de los Reales Decretos-Ley no se votan en el parlamento está muy extendido. Otros me han preguntado si no se podría haber hecho las cosas de otra manera, en el sentido de si no hay algún trámite legislativo más ventajoso. En concreto, me pareció que tenían en mente el Real Decreto-Legislativo.

“En el Congreso sus señorías amenazan con negarle el voto favorable al Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, que vehicula la nueva reforma laboral”

Veamos, la segunda cuestión es mitad jurídica y mitad política. Al final, cuando tienes la mayoría parlamentaria bien atada, siempre se facilita cualquier trámite ante el Congreso. Cuanto más frágil es la mayoría de un gobierno, más sobresaltos aparecen.

Sobre este punto de partida, en España, tanto a nivel estatal como autonómico, existen cuatro procedimientos para aprobar normas con rango de ley y, en todos ellos, el Congreso participa:

  • Ley ordinaria
  • Ley orgánica
  • Real Decreto-Ley
  • Real Decreto-Legislativo

“Los Decretos-ley los aprueba el Gobierno y entran en vigor inmediatamente”

Las leyes, ordinarias u orgánicas, empiezan con un proyecto de ley, cuando lo propone el gobierno, y una propuesta de ley, cuando lo hacen los propios diputados o grupos del Congreso. También se consideran proposiciones de ley las propuestas de normas nuevas que presentan el Senado o los parlamentos autonómicos al Congreso. También las que se presentan vía iniciativa legislativa popular. ¿Diferencia? En la práctica sólo que los proyectos del gobierno tienen prioridad en la agenda.

Teóricamente, las propuestas de ley han de superar un trámite llamado toma en consideración, es decir, el Pleno de la cámara vota si acepta o no empezar a debatir el asunto. Teóricamente, esto no ocurre con los proyectos del gobierno, ni con las proposiciones fruto de la iniciativa popular o las que presenta el senado, sin embargo, entonces los grupos pueden presentar una enmienda a la totalidad, es decir, una propuesta de reforma total del texto presentado sea para suprimirlo o para cambiarlo por otro.

En definitiva, en la práctica, no hay mucha diferencia entre toma en consideración y enmienda a la totalidad.

“el Congreso debe convalidar los Decrets-Ley una vez han sido aprobados”

Superado este trámite, los grupos del Congreso proponen enmiendas. La proposición y las enmiendas se envían a la comisión parlamentaria correspondiente: justicia, interior, fiscalidad tributaria, defensa… Allí hay un debate más en detalle. Después volverá al Pleno y allí se votarán: si aprueba el texto, si lo aprueba con modificaciones o lo rechaza.

Después el proyecto o proposición de ley va al Senado. Allí se repite el proceso: enmiendas presentadas en pleno, debate en comisión y votación final en el pleno. Si el senado aprueba el texto que le ha presentado el Congreso sin modificaciones, fin del trámite. El Rey sancionará la nueva ley y se publicará en el BOE. Si el Senado introduce modificaciones o veta el texto, es decir, propone que no se apruebe, el Congreso interviene de nuevo.

“la utilidad del Senado es… limitada”

Por mayoría simple de los diputados –la mitad más uno- el Congreso vota si acepta o rechaza las modificaciones propuestas por el Senado. Ojo, todas en bloque, no puede aceptar unas y rechazar otras. En cuanto al veto senatorial, los diputados pueden levantarlo por mayoría absoluta en una primera votación o mayoría simple en una votación dos meses después de la primera votación.

Y por eso la utilidad del Senado es… limitada. Vamos a dejarlo ahí.

Las leyes orgánicas regulan los derechos fundamentales y el funcionamiento de las más importantes instituciones del Estado. No son exactamente “más importantes” que las leyes ordinarias, sólo regulan materias más delicadas. De hecho, el Tribunal Constitucional ha dicho que tan inconstitucional es regular en ley ordinaria materias que exigen de ley orgánica, como aprobar leyes orgánicas que regulen materias reservadas a ley ordinaria.

“El Congreso no puede modificar parcialmente el texto del Decreto-ley”

¿La diferencia en la aprobación? Las leyes orgánicas no pueden aprobarse por mayoría simple. Necesitan mayoría absoluta, la mitad más una. Abstenerse votando una ley orgánica es casi como votar no, mientras que en una ley ordinaria, si hay más síes que no, implica facilitar su aprobación.

Los Decretos-ley los aprueba el Gobierno y entran en vigor inmediatamente. No pueden afectar a materias reservadas a leyes orgánicas, presupuestos del Estado ni tratados internacionales entre otros. Sin embargo, el Congreso debe convalidarlos una vez han sido aprobados.

“existe una posibilidad adicional, la conversión del Decreto-ley en ley”

La diferencia con un proyecto de ley es que esto es un “lo tomas o lo dejas”. El Congreso no puede modificar parcialmente el texto del Decreto-ley. Además el Senado no participa. No obstante, como vemos, es el Congreso quien tiene la última palabra.

Además existe una posibilidad adicional, la conversión del Decreto-ley en ley. Es decir, el Congreso convalida el Decreto-Ley, pero luego inicia el trámite de votarlo como un proyecto de ley. Este proceso terminará con una ley que sustituirá al Decreto-Ley.

“no creo que Yolanda Díaz hubiese podido acudir a un trámite parlamentario que le permitiera esquivar el debate con los grupos del Congreso”

Por último tenemos el Real Decreto-Legislativo. En este caso el Congreso y el Senado aprueban una ley que autoriza al gobierno a legislar sobre un asunto. Este procedimiento se emplea sobre todo para aprobar normas de gran complejidad técnico-científica o bien, para que el gobierno reúna en única norma diversas leyes que regulan un asunto, como por ejemplo, los derechos de los consumidores.

¿Podría el Parlamento haber delegado en el Gobierno la aprobación de la reforma laboral? En realidad, sí, ya que no se trata de una materia reservada a ley orgánica. Ahora bien, tengamos en cuenta que la delegación nunca es incondicional, sino que lleva sus propias líneas rojas. Si bien, habría permitido al gobierno aprobar la reforma laboral sólo, no es menos cierto que las condiciones impuestas podrían haber saboteado la negociación entre empresarios y sindicatos al limitar demasiado el espacio de debate.

“¿Podría el Parlamento haber delegado en el Gobierno la aprobación de la reforma laboral? En realidad, sí”

En resumen, no, no creo que Yolanda Díaz hubiese podido acudir a un trámite parlamentario que le permitiera esquivar el debate con los grupos del Congreso. Que el debate muestra más seriedad y compromiso o más peleas caprichosas ya no es una cuestión procedimental, sino de la calidad política de quienes ocupan las bancadas parlamentarias.

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