La semana pasada, la prórroga del estado de alarma enseguida se vio eclipsada por el acuerdo de PSOE, Podemos y Bildu. Lo más curioso es la polémica más lesiva para la coalición de gobierno gira en torno a la expresión «derogación íntegra» de la reforma laboral. Y digo que es curioso, porque como ciudadanos, antes que la respuesta a esta pregunta deberíamos saber qué entienden esos tres partidos por «reforma laboral».

Por estúpido que suene, yo no tengo nada claro a qué se refieren. Y algo me dice que no hay un gran interés en aclararlo, ya que el famoso acuerdo no lo específica. Me explico, en su origen la «reforma laboral» fue el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, titulado, «De medidas urgentes para la reforma del mercado laboral», cuya gran popularidad le mereció dos huelgas generales en un año.

«…este Decreto-Ley no era una norma autónoma, sino que reformó varias normas laborales, vigentes en 2012»

Me diréis, vale, pues Bildu, Podemos y, un poco arrastrando los pies, también el PSOE quieren derogar ese Real Decreto-Ley. Ahí empieza a complicarse la cosa. Veréis, este Decreto-Ley no era una norma autónoma, sino que reformó varias normas laborales, vigentes en 2012. Principalmente, modificó el Estatuto de los Trabajadores de 1995, pero también, entre otras, la Ley 14/1994, de Empresas de Trabajo Temporal (ETT), la Ley 56/2003, de Empleo o el Real Decreto 10/2011, de medidas urgentes para la promoción del empleo entre los jóvenes.

La cosa va más allá, porque no fue este Decreto-Ley la única norma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy. De hecho, fueron legión. Destaquemos sólo:

  • El Real Decreto-ley 16/2013 de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.
  • La Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

Es que es más, en el año, 2015, se aprobó un nuevo Estatuto de los Trabajadores que derogó el de 1995. En otras palabras ya no es posible derogar el Decreto-Ley de 2012…, porque ya está derogado por el Estatuto de 2015.

Obviamente, el Estatuto del PP no revocó la reforma laboral de 2012, ni la otras normas laborales del Gobierno de Rajoy. Digamos que aglutinó sus planteamientos en un nuevo texto legal.

A partir de ahí, deducimos que «derogar íntegramente la reforma laboral» más que quitar una norma concreta, va de quitar unos contenidos. Eso sí, sería un detallazo por parte de los partidos políticos implicados aclararnos si nuestra deducción es correcta y hasta qué punto. Por aquello de saber de qué hablamos cuando dicen «reforma laboral». ¿Sólo de los contenidos del Decreto-Ley de 2012? ¿O de toda la legislación laboral del PP? ¿Una idea intermedia? Luego ya veremos si la derogación es total, íntegra, parcial o a la pata coja.

«A partir de ahí, deducimos que «derogar íntegramente la reforma laboral» más que quitar una norma concreta, va de quitar unos contenidos»

Otra cuestión sobre la que merece la pena reflexionar es si en todas las normas laborales del PP no hay nada bueno. No me interpretéis mal, no me gustó nada que la negociación colectiva y otros derechos laborales saltaran por los aires en 2012, pero, sin ir más lejos, fue aquel Decreto-Ley de 2012 el que introdujo la figura de los ERTE en la legislación española. Si vamos a la derogación íntegra, nos quedamos sin ese recurso y sólo tendremos los ERE, o sea los despidos colectivos. Llamadme loco, pero no estoy seguro de que este sea el mejor momento para liquidar los ERTE… Ni de si es conveniente hacerlo en un futuro. ¿Realmente son una mala idea?

En resumen ¿qué nos proponen Bildu y el Gobierno? ¿Volver al Estatuto de los Trabajadores de 1995? Y si es así, ¿a qué versión? ¿a la escrita por la reforma laboral de 2010 de Zapatero o a una anterior? ¿Proponen revisar el Estatuto de 2015? ¿O quizás reemplazarlo por uno nuevo? Y lo más importante ¿qué contenidos quieren que recoja, al margen del nombre y año de la norma, el derecho laboral vigente?

Sin ideas, los vocablos se convierten en palabras vacías. Menos marear con la terminología y más exposición de conceptos. Los ciudadanos lo merecemos.