En su entrevista con Antonio García Ferreras, Pedro Sánchez anunció que reformaría el delito de sedición. El propósito o, según sus propias palabras, era bajar las penas para homologarlas a los Códigos Penales de la UE en casos parecidos. ¿Pero qué consecuencias tiene esto para los políticos independentistas juzgados? ¿Y para quienes se han evadido a la acción del Tribunal Supremo?

En derecho penal siempre se aplica la ley más favorable al reo. Se entiende mejor con unos ejemplos:

  • Irretroactividad penal contra el reo: Entre el momento en que Hermenegildo cometió el delito y la sentencia que le condena se reformó el Código Penal para aumentar los años de condena. Se le aplicará la ley vigente en el momento de la comisión del delito por ser más favorable.
  • Retroactividad penal favorable al reo: Entre la comisión del delito y la sentencia, el Parlamento ha rebajado la pena. A Hermenegildo le juzgaremos con la nueva legislación, por serle más benévola.
  • La Ley Penal Intermedia: Los diputados han estado un poco agitados y los juzgados andan lentos. Entre la comisión del delito y la sentencia que declara culpable a Hermenegildo, el Código Penal se ha reformado dos veces, una para bajar las penas de su delito y otra para devolverlas a su estado original. Se juzgará a Hermenegildo con la ley intermedia, aunque no estaba en vigor cuando delinquió ni al celebrarse su juicio.

Este último caso, sería, por cierto, lo que ocurriría si Feijoo ganara las elecciones en 2024 y sacara adelante una contrarreforma de la sedición, como ha prometido. A Pugidemont, Ponsatí, Junqueras, Turull y los demás se les aplicaría la ley de Sánchez, con independencia de que se les haya juzgado o no.

“Pedro Sánchez anunció que reformaría el delito de sedición”

A quienes, como Turull o Junqueras, ya fueron sentenciados, podrán iniciar un recurso especial para revisar sus condenas. Recordemos que, si bien fueron indultados En cuanto a quienes, como Puigdemont y Ponsatí, aún no han conocido el banquillo de los acusados se beneficiaran de la reforma en dos sentidos: una ley más laxa en caso de ser extraditados y, lo más importante, un plazo de prescripción mucho más breve. Concretamente, de quince años, bajará a cinco.

Hay que tener en cuenta que las penas por un delito de malversación cuyas penas de cárcel pueden alcanzar los seis años, además de las penas de inhabilitación absoluta de hasta ocho años.

“[la reforma implica] un plazo de prescripción mucho más breve […] cinco años”

Una cuestión que parece importante aclarar es que esta reforma, nos guste o no, no despenaliza proclamar la independencia. Tampoco rebaja las penas al delito de proclamar la independencia. Y es que el Tribunal Supremo aún no ha condenado a nadie por proclamar la independencia de Cataluña. Como dice la sentencia, el hecho de que la publicación del art. 155 en el BOE asegurara la continuidad de la legalidad, resta relevancia penal a la declaración de independencia. Sin decirlo directamente, viene a denostarla como un mero teatrillo.

Tampoco hay nadie condenado, en contra de lo que digan los independentistas, por convocar un referéndum. Sí han sido condenados por gastar ilegalmente dinero en este y otras entidades del “procés”. No obstante, la condena de sedición se fundamenta -a mi entender de manera inconsistente- en que los políticos generaron un clima social hostil que llevó a la gente a boicotear unas actuaciones de una secretaria judicial bloqueándola en la Conselleria de economía. Ese y no otro es el motivo de la condena.

“esta reforma, nos guste o no, no despenaliza proclamar la independencia”

La sedición es un delito un tanto desvirtuado desde los años ochenta. Se configura por primera vez en el Código Penal de 1822, como una modalidad de desorden público que impedía, mediante alzamiento tumultuario, a los funcionarios de la administración o de los tribunales aplicar leyes o sentencias. También castigaba a quien se alzara públicamente para sabotear unas elecciones. Con la excepción del Código Penal de 1848, que sólo exigía un alzamiento público, todos los Códigos posteriores desde 1870 a 1973 recogieron esta descripción del delito.

Con la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en 1985, los diferentes delitos electorales se trasladaron a esta nueva ley, lo que dejó medio vacía a la sedición el Código Penal. Antes de la aprobación del Código Penal de 1995 sólo se registran dos condenas por sedición: una en 1980 y otra en 1990. En cuanto al delito de sedición configurado en 1995, mantuvo sus rasgos esenciales del Código de 1973, no siendo aplicado hasta el juicio del procés.

“el Tribunal Supremo aún no ha condenado a nadie por proclamar la independencia de Cataluña”

A la nueva propuesta de redacción del art. 557 que ha hecho el gobierno, algunos le afean que permitirá perseguir con mayor facilidad a los manifestantes. Personalmente no estoy de acuerdo, los desórdenes públicos agravados, como pasará a llamarse la rebelión castigarán a quien:

“con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación [expresión mucho más clara que la de “alzamiento tumultuario”]:

  1. Sobre personas o cosas; u
  2. Obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o
  3. Invadiendo instalaciones o edificios”

El texto necesita alguna mejora. En derecho, la violencia o intimidación se aplica a las personas. A las “cosas” se les aplica “fuerza” o se les ocasionan “daños”. En todo caso, no me parecen conductas que permitan perseguir a cualquier manifestante.