La semana pasada, echó a andar la tercera reforma constitucional de la democracia. Su propósito principal es la sustitución del vocablo «disminuido» por «persona con discapacidad» en el art. 49 de la carta magna. Sin duda, la modificación es loable, aunque estaría bien que una reforma constitucional fuese más allá de la pura estética y postureo.

Si no se explicita una fecha de caducidad, las normas jurídicas siguen en vigor hasta que se apruebe otra que las sustituya. A menudo, no pasan muchos años sin que se opere una derogación o, cuanto menos, una reforma. En otros casos, sin embargo, la distancia puede ser tal que la longevidad de texto jurídico no se libra, por así decirlo, de los achaques de la edad.

“La semana pasada, echó a andar la tercera reforma constitucional de la democracia”

La conducta del Legislador suele contribuir a este fenómeno. Atrapado en una singular ciclotimia entre la hiperactividad frenética y la pereza catatónica, hay normas que reforma demasiadas veces, mientras otras se ven relegadas a la obsolescencia. En los hemiciclos parlamentarios las reformas parlamentarias precipitadas únicamente rivalizan en su histrionismo con la desidia que descuida cuestiones importantes.

Os pongo un par de ejemplos de este último fenómeno. En España sigue en vigor una Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en 1882. Aunque se ha reformado varias veces, mantiene una carencia de origen: sólo dos artículos abordan la prueba documental. En el siglo XIX, con más de un 70% de españoles analfabetos y un derecho penal que no se ocupaba de problemas como blanqueo de capitales, fraudes y estafas complejos o delitos informáticos, aquello no suponía un gran problema. Hoy pues…

“La conducta del Legislador suele contribuir a este fenómeno. Atrapado en una singular ciclotimia entre la hiperactividad frenética y la pereza catatónica”

La nueva Ley del Pan (RD 308/2019), en realidad, un reglamento, modificó las condiciones de venta y calidad de este producto, en 2022 (¡por fin!) con su entrada en vigor. Desde 1984 no se había tocado esta cuestión tan elemental y gran parte de la regulación del pan seguía en manos de un Código de Alimentación de 1967. Menos suerte tenemos con la Ley Azcárate, que determina que intereses en los préstamos son abusivos y por tanto ilegales. Cumplió cien años en 2008 y, pese a los numerosos cambios que acontecen en el mundo de préstamos e hipotecas, seguimos sin ver el horizonte de su jubilación.

Más cercana a la cuestión que rodea el art. 49, los derechos de las personas con discapacidad, se encuentra la circunstancia de que aún no han pasado tres años (Ley 8/2021) desde que desaparecieron los preceptos del Código Civil, que cuestionaban las capacidades de los sordomudos. Aprobado en 1889, el texto de esta norma no escapa al contexto social de su época. Sin lenguaje de signos ni otros mecanismos de comunicación, la mayoría de personas con sordera quedaban incomunicadas de por vida. Lo cual afectaba gravemente a su desarrollo social y a su cordura. Según los testimonios documentados en la época, su comportamiento resultaba bastante parecido al que hoy muestran personas con un grado muy severo de autismo.

“aún no han pasado tres años desde que desaparecieron los preceptos del Código Civil, que cuestionaban las capacidades de los sordomudos”

A los tribunales les ha correspondido a menudo tratar de compensar mejor o peor estas inacciones legislativas. Así la jurisprudencia ha regulado la prueba documental en el juicio penal a golpe de sentencia. De modo análogo, los tribunales civiles concordaron en que básicamente se tuvieran por no puestos los artículos del Código Civil que limitaban los derechos de las personas con grave discapacidad auditiva, por ejemplo, para firmar contratos, salvo que hubieran vivido en condiciones similares a las personas con dicha condición en el siglo XIX.

Junto a estas carencias, la edad excesiva de las leyes acaba precipitando su redactado en el abismo la incomprensión. Como advertimos al comparar la jerga entre las generaciones, el léxico cambia.

“la edad excesiva de las leyes acaba precipitando su redactado en el abismo la incomprensión”

Con frecuencia, cuando se abren debates terminológicos, afloran polémicas acerca de la supuesta (o no) dictadura de lo políticamente correcto. No ha resultado este el caso del art. 49, nadie se opone a que modificarlo para retirar el vocablo «disminuido», que, objetivamente, ya nadie usa para hablar de discapacidad. Además, sin cuestionar que los constituyentes incluyeron este precepto en una muestra de conciencia social, la palabra «disminuido» suena bastante peyorativa.

Sí, en 1978, hablar de «disminuidos» estaba normalizado no sólo a pie de calle, sino en el mundo científico médico. También lo estaban términos como mongólico, idiocia o idiotismo patológico, imbecilidad genética u otras tantas a las que, lo miremos como lo miremos, no solo es imposible darles un significado positivo, sino, ni tan siquiera, uno neutro.

“en 1978, hablar de «disminuidos» estaba normalizado no sólo a pie de calle, sino en el mundo científico médico”

Ahora bien, el texto propuesto por PP y PSOE acoge también una referencia a la doble discriminación por discapacidad y machismo indicando que:

«Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.»

Lo que motiva la oposición de Vox a la reforma.

A partir de aquí toca abordar la cuestión de qué pueden esperar las personas con discapacidad de esta reforma constitucional. En términos políticos, sin duda, verán reconocida su dignidad en la Ley Suprema. Y no me interpretéis mal, solo por esto vale la pena. Pero me disgusta ver que muchos políticos inflan las expectativas de la gente.

“Con frecuencia, cuando se abren debates terminológicos, afloran polémicas acerca de la supuesta (o no) dictadura de lo políticamente correcto”

Nuestra constitución distingue en tres grupos los derechos que incluye su texto. El primer bloque, los derechos fundamentales (art. 15-29 y 30.2 CE) se encuentran blindados. Los ciudadanos los tenemos reconocidos, incluso si ninguna ley los desarrolla, que debe ser una ley orgánica –se aprueban por mayoría absoluta en el Congreso. Los artículos que los mencionan únicamente pueden modificarse mediante la reforma agravada de la constitución –la que exige de elecciones anticipadas y un referéndum popular. Además, si alguien entiende que sus derechos fundamentales se han visto vulnerados y los tribunales no se le han dado la razón, puede pedir al Tribunal Constitucional que revise su caso.

Después tenemos los derechos constitucionales (arts. 11-14 y 30 a 38 CE) que también existen para las personas sin necesidad de una ley que los desarrolle. No gozan de amparo ante el constitucional, ni se exige la reforma agravada para modificar estos artículos.

“Nuestra constitución distingue en tres grupos los derechos que incluye su texto”

Por último, encontramos los Principios Rectores de la Política Social y Económica (arts. 39 a 52 CE). Como específica la constitución, en el art. 53 CE, estos “derechos”, pese a estar en la Carta Magna carecen de eficacia. Únicamente existen en la medida en que una ley los desarrolle, en caso contrario, su presencia constitucional no genera obligaciones para los poderes públicos, ni derechos para los ciudadanos.

En pocas palabras, el art. 49 CE no otorgaba verdaderos derechos a las personas afectadas por la discapacidad antes de la reforma ni lo hará una vez se apruebe la reforma.

Desde 1978, sólo hemos reformado dos veces la constitución. La primera la de 1992 modificó el art. 13 para que cumpliendo con el Tratado de la UE garantizáramos que todos los ciudadanos europeos pudieran votar y presentarse en las elecciones municipales españolas.

“Desde 1978, sólo hemos reformado dos veces la constitución: en 1992 y en 2011”

Travesando una de las peores crisis económicas y financieras de nuestra historia reciente, en 2011, nuestro parlamento enmendó el art. 135.2 para establecer que:

“El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.”

Como las dos precedentes, la tercera reforma de nuestra constitución este 2024 no discurre por la vía agravada. No habrá que convocar elecciones anticipadas ni es obligatorio un referéndum.

“el art. 49 CE no otorgaba verdaderos derechos a las personas afectadas por la discapacidad antes de la reforma ni lo hará una vez se apruebe la reforma”

Basta que una mayoría de 3/5 de los diputados y senadores la voten. Incluso, si no se alcanzara esta mayoría cualificada en la Cámara Alta, la reforma ordinaria de la constitución podría salir adelante con la mayoría absoluta de los senadores. Claro que con el PP y el PSOE votando a favor, la reforma del art. 49 hallará más de dos tres quintos de apoyo tanto en el Congreso como en el Senado.

Pese a que el referéndum sólo es obligatorio en la reforma constitucional agravada –la que afecta a derechos fundamentales y la forma de Estado–, la reforma ordinaria no lo excluye. De hecho, desde su aprobación parlamentaria, el Rey debe esperar 15 días para sancionar la reforma, por si el 10% de los diputados (35) o el 10% de los senadores (27), solicita que se convoque un referéndum.

“Como las dos precedentes, la tercera reforma de nuestra constitución este 2024 no discurre por la vía agravada”

Al comienzo, Vox amagó con buscar apoyos para este referéndum. Su intención era convertir la reforma del art. 49 en un plebiscito sobre las políticas de igualdad de género. El “no” en ese hipotético referéndum no habría versado tanto sobre la eliminación del término «disminuido», como la referencia a proteger especialmente a mujeres y niñas con discapacidad.

Para su desgracia, Vox sólo cuenta con 3 senadores, muy lejos de la décima parte de la Cámara Alta y 33 diputados. Le faltan dos para llegar al 10% de miembros del Congreso y no tiene donde conseguirlos. Por cierto, esta podría ser la razón por la que esta reforma no se ejecutó la pasada legislatura. Entonces Vox contaba con 52 imprevisibles diputados y ya demostró con sus dos mociones de censura hasta qué punto estaba dispuesta a dar brega.

Para decirlo todo, tampoco le ha puesto mucho empeño a buscar dos diputados adicionales. Al final ha tirado la toalla y optado por una oposición de perfil bajo, donde incluso los argumentos contra las políticas de género han perdido peso.

“el Rey debe esperar 15 días para sancionar la reforma, por si el 10% de los diputados (35) o el 10% de los senadores (27), solicita que se convoque un referéndum”

Si perdiera el referéndum, sus argumentos contra las políticas de género quedarían seriamente tocados. Por no hablar de que, si lo ganaran, la consecuencia inevitable sería que la constitución seguiría refiriéndose a las personas con discapacidad como “disminuidos”. Y eso sin mencionar el coste de convocar un referéndum en todo el país para una reforma que apenas presenta controversia.