¿Amenazan las redes sociales la libertad de expresión? ¿Es razonable que puedan silenciar a un usuario? El cierre o suspensión de las cuentas de Trump en YouTube, Facebook, Twitter o Instagram reaviva el debate sobre el poder de estos foros.
En esta controversia se entremezclan dos cuestiones: la naturaleza de la libertad de expresión como derecho y el abuso de la posición de monopolio. Cabría añadir también la libertad de empresa y la discriminación por razón de ideología.
Respecto a la libertad de expresión, figura entre los más importantes derechos humanos de naturaleza cívico-política. Todos los países que cumplen con la con los básicos estándares democráticos le dispensan una protección especial, a menudo, como Estados Unidos, incluyéndolo en sus constituciones.
«En esta controversia se entremezclan… la libertad de expresión como derecho y el abuso de la posición de monopolio… libertad de empresa y la discriminación por razón de ideología»
Como todos los derechos-libertades, la libertad de expresión puede entenderse desde dos grandes concepciones: negativa y positiva. La concepción negativa de los derechos es la característica del liberalismo del S. XIX y el neoliberalismo actual: Estado no te metas. El gobierno debe permitir a los ciudadanos ejercer su libertad de expresión sin mayores restricciones que las imprescindibles. La concepción positiva de los derechos, vigente en la mayoría de Europa, admite que la Ley nos exija condiciones para ejercer un derecho. Maticemos que ha de tratarse de condiciones razonables, fáciles de cumplir por el ciudadano medio y que en ningún caso pueden encubrir
Pese a que el modelo negativo es más permisivo con conductas, como cuando vemos que en EE.UU. el KKK puede manifestarse, mientras en Europa podría hasta constituir un delito, en la práctica, los modelos tampoco se diferencian tanto. Incluso en EE.UU. existen límites penales en lo que se refiere a las amenazas, las acusaciones infundadas de haber cometido delitos o la inducción directa o indirecta a la violencia. En concreto, en una de las múltiples condenas de un líder skinhead, caso Bill Riccio contra Alabama, (1992), se señaló su capacidad para organizar a la gente y arengarla para llevar a cabo conductas violentas, aunque no las ordenara expresamente como fundamento del delito.
«Incluso en EE.UU. existen límites penales en lo que se refiere a las amenazas, las acusaciones infundadas de haber cometido delitos o la inducción directa o indirecta a la violencia»
Otro punto de acuerdo entre ambas perspectivas lo encontramos en la prohibición de difundir informaciones falsas a sabiendas de que lo son. ¿Y si no se sabe? De acuerdo con los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nuestro propio Tribunal Constitucional, podemos transmitir información sin responsabilidad, aunque después sepamos de su falsedad, siempre que sea veraz. En síntesis, son veraces las informaciones verosímiles, es decir, respetuosas con las reglas elementales de lógica y el conocimiento humano, por tanto, que plantean hechos posibles y mínimamente probables, así como que provengan de una fuente fiable. A los periodistas, como profesionales de la información, se les da aún más manga ancha, siempre que las informaciones falsas pero inicialmente veraces que difundan tengas interés público.
En definitiva, podemos afirmar que al final siempre hay unos límites en la libertad de expresión. Más difícil es decidir cuáles.
Puesto esto sobre la mesa, es importante considerar la naturaleza de una red social. A menudo se dice que censura a alguien en una red social es como prohibir a alguien hablar en la calle. No es una idea descabellada, si tenemos en cuenta la importancia de las redes y el mundo digital ocupa en nuestra vida. Sin embargo, consideremos si en la calle podemos decir todo lo que se nos antoje, que pasaría si nos ponemos a gritar agresivamente en la plaza pública. Ni siquiera podemos andar por ahí ocultando nuestra identidad o yendo indocumentados, sin riesgo de una multa.
«A menudo se dice que censura a alguien en una red social es como prohibir a alguien hablar en la calle. No es una idea descabellada»
Aunque las calles las pone el Estado, mientras que una red social nace de la iniciativa privada. Es un producto de consumo, del que hacemos uso no como ciudadanos, sino como usuarios. Por tanto se parece más a un restaurant, un hotel, una asociación o club de campo. Sólo podemos permanecer en ella si cumplimos las normas de convivencia fijadas por la propia red social.
Esto no significa que los ejecutivos de las redes puedan hacer y deshacer a su antojo. Del mismo modo que el propietario de un bar no puede invocar su derecho de admisión para negar la entrada a homosexuales, tampoco una red social puede incurrir en discriminaciones. En ese sentido, parece que fuera buena analizar si las redes son coherentes.
Por una parte, a lo largo de los años, a Trump se le han permitido cosas que a cualquier usuario de twitter le habrían costado la cuenta. A propósito, que Trump tuviera su cuenta en twitter, ha sido bastante lucrativo para la empresa… quizás de ahí su tolerancia. Además, existen mandatarios que, aunque no tengan tanta proyección mundial, se sirven de las mismas redes que el Presidente de EE.UU., para difundir información falsa, mensajes de odio y hostigamiento a su oposición, como Nicolás Maduro tiene twitter. Cualquier política de control que una empresa lleve a cabo en materia del uso que los usuarios den a sus productos o servicios puede volverse ilegítima si incurre en discriminaciones arbitrarias.
«existen mandatarios que, aunque no tengan tanta proyección mundial, se sirven de las mismas redes que el Presidente de EE.UU., para difundir información falsa, mensajes de odio y hostigamiento a su oposición, como Nicolás Maduro»
Además es un hecho que cada vez es más difícil negar que algunos gigantes tecnológicos se han convertido en monopolios o cuasi monopolios. En particular los imperios tecnológico del Facebook, Amazon y Google ha mostrado prácticas de abuso monopolítico. El primero mediante la concentración, la compra de la competencia como Instagram y Whatsapp. En estas últimas semanas Amazon y Google han defenestrado de sus servidores y dispositivos a la red social Parler. Estas prácticas podrían incurrir, a mi entender, en un abuso de la posición de monopolio y/o competencia desleal. Ergo serían ilegales.
La relación entre las redes sociales y el poder político ha sido tensa y de mutua conveniencia, como suele ocurrir con cualquier gran empresa. Después de todo, ¿a quién beneficia inundar una red con mensajes en favor de uno u otro signo político? ¿o que sus algoritmos propicien la reafirmación política de sus usuarios al aproximarlos a personas y foros de sus mismos pareceres?
El problema es que la cosa se ha ido saliendo de madre. A partir de ahí ha empezado a plantearse la posibilidad de regular el sector, al ver su inmenso potencial de uso para cambiar la opinión pública, a través de los llamados bots. Las redes sociales enseguida empezaron a ser más cuidadosas en materia de control de fake news. Este hecho ha llevado a que se las señalara como partidistas. En EE.UU. Trump y sus seguidores las acusaron de antitrumpistas.
«Amazon y Google han defenestrado de sus servidores y dispositivos a la red social Parler»
Con su bombo y fanfarria habitual, el Presidente aprobó la Orden Ejecutiva contra la censura previa en las Redes Sociales, el 28 de mayo de 2020. Sin embargo, cuando se la lee con calma, la orden no hace nada. Habla de abrir investigación, revisar protocolos, estudiar la supresión de beneficios fiscales, examinar esto y aquello y repite una y otra y otra vez la importancia de la libertad de expresión. Según parece que la constitución estadounidense consagre ese derecho en su Primera Enmienda no era suficiente. ¿Por qué no fue más allá? Bueno, porque o él o su equipo deben saber hasta qué punto se valora en el país la libertad de empresa. Después de todo, las cuentas cerradas en muchos casos eran de trumpistas que habían amenazado de muerte a otros usuarios… Francamente, que la condición para estar en cualquier sitio sea no intimidar a nadie con tu potencial homicida no me parece descabellado.
Por otro lado, conviene recordar que las redes sociales no tienen la última palabra ni con Trump, ni con ningún otro usuario. Si el Presidente no da por buenas las suspensiones de sus cuentas puede acudir a los tribunales y un juez puede obligar a que estas se reabran.
«el Presidente aprobó la Orden Ejecutiva contra la censura previa en las Redes Sociales, sin embargo, cuando se la lee con calma, la orden no hace nada»
En todo caso, más pronto que tarde, será preciso, a nivel nacional e internacional, abrir un debate sobre la regulación de la interacción en redes sociales, así como de las exigencias de controlar los datos e informaciones en ellas compartidos, en unos términos ecuánimes para todos. La autorregulación suele salir mejor, cuando se le regulan unos límites desde la Ley, desde fuera… el problema es que en las redes sociales, como quizás en el sector energético o el bancario, los políticos están dentro.
