Durante la tramitación de la conocida como “ley del sólo sí es sí” estalló una crisis entre PSOE y Podemos, a raíz de una enmienda socialista para abolir la prostitución. A la ministra de igualdad, Irene Montero, no le hizo ni pizca de gracia que le colaran esa modificación en una de sus leyes estrella. Tampoco a su partido. Aunque matices diversos, la formación morada viene mostrándose contraria a la ilegalización sin más de la prostitución. Para acabar de arreglarlo, el PP expresó su apoyo a la enmienda.
Salvando los muebles en el último minuto, el PSOE retiró su enmienda y la ley se envió al senado. Las tensiones en el gobierno se apaciguaron. Incluso se hicieron declaraciones asegurando que el debate no se reabriría, si no había un consenso en el gobierno. Por eso sorprende por partida doble que el Grupo Parlamentario Socialista registrara el 27 de mayo una proposición de ley orgánica de contenido idéntico a la polémica enmienda.
“Durante la tramitación de la conocida como ley del sólo sí es sí estalló una crisis entre PSOE y Podemos, a raíz de una enmienda socialista para abolir la prostitución”
Los politólogos hablan de una guerra en las izquierdas por erigirse en campeones del feminismo. No deja de llamar la atención, ya que, al feminismo, se le presupone refractario a la competitividad hostil, excesivamente masculina, prefiriendo en su lugar enfoques integradores y constructivos. Pero el análisis de la cuestión política, como siempre, me viene grande.
Hablemos de la legalidad. La proposición de ley es bastante escueta. Apenas propone modificar cuatro artículos del Código Penal. Lamento mi rotundidad, pero, después de leerla, no se me ocurre quien puede apoyarla.
Si alguien está a favor de regular la prostitución, estará en contra de esta ley porque se empecina en mantener el limbo legal donde habita la prostitución. Quien esté a favor de ilegalizar la prostitución debería sentir arcadas ante la estafa que le intentan colar. Sí, teóricamente ilegaliza la prostitución, pero en la práctica la deja como está.
“el PSOE retiró la enmienda [… luego] registró una proposición de ley orgánica de contenido idéntico a la polémica enmienda”
Empecemos por recordar que la prostitución en España no es ilegal, si la ejerce una persona mayor de edad, sin obligarla a ello un tercero. Lo que ocurre es que carece de regulación. El pago a la persona prostituida consta a efectos tributarios no como un ingreso por prestación de servicio, sino como una donación. Ergo si quisiera declararla, tendría que hacerlo vía impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Actualmente, el Código Penal prohíbe la prostitución forzada (art. 187 CP) y el proxenetismo, es decir, promocionar la prostitución ajena -incluso con el consentimiento de la persona prostituida- o simplemente lucrarse a costa de esta. Los artículos siguientes detallan una serie de delitos específicos de la explotación sexual y pornografía que involucren a menores de edad.
Como jurista, he de decir que tanto la propuesta de ley del PSOE como la ley del “sólo sí es sí” aportan muy poco a esta sección del Código Penal. Reescriben algunos artículos, sin alterar en lo fundamental su contenido.
“La proposición de ley es bastante escueta. Apenas propone modificar cuatro artículos del Código Penal”
Por poneros un ejemplo, la propuesta del PSOE implica incluir en el art. 187 esta agravante: “que la víctima se encuentre en estado de gestación”. En abstracto, la idea no es mala, pero en la práctica su impacto es bastante irrelevante.
Para que se aplique una agravante, el autor debe conocer su existencia, ni que sea de manera potencial. En otras palabras, el proxeneta debería saber o sospechar que la mujer a quien obliga a prostituirse o de quien se lucra está embarazada. Y no sólo eso, habría que demostrarlo ante un tribunal, mediante testigos qué, en efecto, esa persona conocía o sospechaba del embarazo para condenarle con una pena agravada.
Por supuesto, cuando el embarazo ya es evidente, por lo avanzado de la gestación, ahí el autor ya no podría alegar desconocimiento. Pero ¿cómo se trata ahora esta situación? Pues si se obliga a prostituirse a una mujer en avanzado estado de gestación se aumentará la pena acudiendo a la agravante de “víctima en especial estado de vulnerabilidad” que ya está en el Código Penal.
“Los mismos partidos que se desentienden del cumplimiento de las leyes vigentes para perseguir la trata […] juegan a ilegalizar la prostitución”
Incluir la agravante de embarazo ni suma ni resta. Por esa regla de tres ¿por qué no incluir agravantes como que la mujer acabe de sufrir un aborto, padezca una infección de orina o cualquier otra circunstancia que puede dificultar la relación sexual? Resulta innecesario. Ya hay una agravante, la vulnerabilidad que las recoge todas.
Algo parecido ocurre con los llamados Bares de Alterne, los prostíbulos de carretera, hablando claro. Irene Montero ha hecho gala del gran avance que suponía que la “ley del sólo sí es sí” penalizara estos locales. Fuera de una lógica competitivamente infantil, carece de sentido que la propuesta del PSOE replique en este punto el texto de Montero elevando ligeramente la pena.
En ambos casos, la aportación, de nuevo, es superflua. El vínculo entre los propietarios de estos locales y las prostitutas son diversos. A menudo, se trata de una mezcla de trata y proxenetismo violento o intimidante. En otros casos, los propietarios cobran alquiler a las mujeres a cambio de cederles dormitorios donde se acuestan con los clientes.
“La gran innovación de la propuesta del PSOE es la de multar a los clientes”
Este alquiler se puede cobrar de manera directa o indirecta. En este último caso suele subirse el precio de las bebidas de modo que el cliente asume que está pagando algo más que el alcohol. En algunos casos, más bien raros, se paga el coste del sexo a través de este sistema. O bien, se le paga a una persona distinta a la prostituta.
Todas estas formas de proxenetismo ya están perseguidas por el Código Penal. Otra cuestión es que nunca se hagan redadas o investigaciones de esos locales.
La gran innovación de la propuesta del PSOE es la de multar a los clientes. Conviene recordar que hablamos de una multa penal, no administrativa. No es una multa que la policía pudiera poner a la salida de un prostíbulo, sino que después de una denuncia y un juicio penal la impondría un juez.
“hablamos de una multa [al cliente] penal, no administrativa”
Aquí entramos en un campo escabroso: la prueba del delito. La acusación tendrá que demostrar que hubo un acuerdo entre cliente y prostituta para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. No es que sea imposible. Por ejemplo, si se colocan micrófonos o cámaras en la habitación, captando la relación sexual y el pago.
Eso sí, será mucho más difícil de lo que algunas portavozas del PSOE plantean. Oyendo a Adriana Lastra o a Carmen Calvo uno imaginaría a un policía en la puerta del local multando a los clientes conforme salieran cual si de un control de alcoholemia se tratara.
Por otro lado ¿qué se puede esperar de esto? Cuando se saca la prostitución a la palestra política, enseguida nos perdemos en un debate sobre la libertad individual. A mí me interesa saber por qué el Ministerio del Interior no pone más interés en perseguir la trata en tantos y tantos locales de alterne. ¿Para qué endurecer el Código Penal si no aplicamos el que ya tenemos? Y, en mi opinión, la respuesta es clara: los votos.
“¿Para qué endurecer el Código Penal si no aplicamos el que ya tenemos?”
A pesar del tabú social, el consumo de prostitución está muy extendido en todas las sociedades, especialmente entre la población masculina, tanto heterosexual como homosexual. Lejos de revertirse, los datos apuntan al aumento de esta tendencia.
Abundan la prostitución es forzada y no por necesidades económicas, sino mediante intimidación y explotación violenta. Pero claro, económicamente hablando, esta es también la prostitución más asequible. Aplicar las leyes en vigor que la condenan podría suponer un auténtico descalabro electoral.
Por desgracia, el cinismo no conoce límites. Los mismos partidos que se desentienden del cumplimiento de las leyes vigentes para perseguir la trata y el proxenetismo, para no perder ciertos votos, juegan a ilegalizar la prostitución para ganar otros.
