Casi hace un año escribí aquí sobre los Presupuestos del Estado. En muchos sentidos, The Citizen podría volver a publicar hoy el mismo artículo y apenas habría envejecido. La Ley de Presupuestos es una norma fundamental para el buen funcionamiento de las Administraciones Públicas, especialmente en sus vertientes de fomento y prestaciones de servicios sociales. No aprobarla sólo genera inconveniencias y, como dije, más del 90% del presupuesto viene dado. De ahí que sus grandes cifras no difieran mucho si lo firma un ministro del PP o del PSOE.
Alrededor del 39% del gasto presupuestario corresponde a pensiones y ayudas a la dependencia. Este 2019, el 39,32%, 144.834 millones de euros.
Nuestro gasto público en sanidad, alcanzó en 2018 la cifra de 75.435 millones. Naturalmente, con el COVID-19 esta partida sólo puede subir. El mismo año, la partida de educación acumuló un total de 46.088 millones.
En cuanto a la deuda, sólo sus intereses en 2018, costaron 31.547 millones de euros. A día de hoy, la deuda pública total asciende a 1.289.905.000.000€, sí, con “b” de billón.
Por ponerlo un poco en perspectiva, el gasto presupuesto para nuestras principales instituciones, Gobierno al margen, en 2018 fue de unos 376 millones:
- Casa Real: 8 millones.
- Cortes Generales (Congreso y Senado): 212 millones.
- Tribunal de Cuentas: 63 millones.
- Tribunal Constitucional: 24 millones.
- Consejo de Estado: 11 millones.
- Consejo General del Poder Judicial: 58 millones
El sueldo de todos los empleados públicos, funcionarios, interinos y otros contratados, como los que están a sueldo de fundaciones públicas y organismos independientes varios, batió su récord ese año, con 127.000 millones.
¿Se repetirá lo de febrero de 2019, cuando al rechazar sus presupuestos Pedro Sánchez convocó elecciones? Me parece que no. Ahora el Presidente parte de una posición muy fuerte. Además, la constitución (art. 115) no le permite disolver el Parlamento hasta noviembre, cuando habrá pasado un año desde las últimas generales, pero aunque pudiera hacerlo, poco le interesa ahora mismo.
Esta sería su única debilidad. Todo lo demás le viene de cara.
La COVID-19 ha desangrado nuestra economía. La gente necesita subvenciones y ayudas de otra clase para no cerrar sus negocios, no perder su casa o simplemente poder ponerse un plato en la mesa. Mucha gente está pendientes de una beca de estudios para reinventarse laboralmente y, por supuesto, el hipotético –y cada vez más improbable- personal de apoyo sanitario y educativo no trabajará gratis.
En resumen, hay una serie de gastos por delante que deben asumir todas las Administraciones del país, la Estatal, la autonómica y la municipal. Para pagarlos necesitan dos cosas: dinero y leyes. En nuestro caso, una ley de presupuestos del Estado, diecisiete leyes de presupuestos autonómicas y una infinidad de reglamentos municipales.
En el marco de un Estado democrático y de Derecho, una Administración Pública sólo puede gastar lo que se le autoriza por ley. Esto garantiza la intervención del Parlamento sobre la distribución del dinero de nuestros impuestos y de la deuda que contraemos como sociedad.
España ha conseguido 144.000 millones de la UE. El 60% va en préstamo, el restante 40%, a fondo perdido. Tenemos el dinero y un dinero extra… pero nos falta la ley. A la hora de la verdad, me da que nadie querrá pagar el pato de ser responsable de que ese dinero no pueda gastarse. Por eso me figuro que al final, los números cuadrarán en el Congreso y, luego, cuadrarán en las Asambleas Legislativas de las CCAA.
Hay otra posibilidad: prorrogar los presupuestos, otra vez… y modificarlos parcialmente por Real Decreto-Ley. Veladamente, es lo que vino a proponer Pablo Casado al Presidente, cuando se vieron en La Moncloa.
¡Ay! Los líderes de la oposición… No importa el partido. Con los presupuestos son todos iguales.
En mala hora negó con claridad este uso del RD-Ley nuestro Tribunal Constitucional. El art. 134 de la constitución, donde se fijan las líneas maestras de los presupuestos, dice que estos se aprueban por ley cada año. Si no se aprueban nuevos presupuestos antes del 1 de enero, se prorrogan los anteriores hasta la aprobación de los siguientes. El apartado 5º, del art. 134 dice que cualquier modificación de los presupuestos vigentes –o prorrogados- que implique aumentar el gasto o disminuir ingresos debe hacerse por ley.
Algunos defendieron que donde la constitución escribe “ley” podía leerse “norma con rango de ley”, como es el RD-Ley. En su sentencia 27/1981, el TC, sin demasiada rotundidad, vino a decir que no. Posteriormente, en la vacilante sentencia 126/1987, abrió un poco la mano a esa interpretación imaginativa.
Aquello bastó para que a partir de entonces, cada vez que se han prorrogado los presupuestos, el Gobierno los modificara drásticamente mediante un RD-Ley: 1989, 1995, 2011 y 2016. No se le volvió a preguntar su parecer al TC. En 1989 el PP ya veía cerca el poder, pero en minoría. ¿Qué pasaría si se veía obligado a hacer lo mismo que Felipe González y se lo prohibía una sentencia que él mismo había pedido?
Se ha abusado tanto del RD-Ley en materia presupuestaria que incluso cuando no hacía falta, caso del RD-Ley 8/2014 –el PP tiene mayoría absoluta- se ha empleado. En esta ocasión el PSOE se presentó un recurso, pero el TC lo desestimó con matices (STC 199/2015).
¿Acaso no tiene que convalidar cada RD-Ley el Congreso? Es verdad, el Gobierno aprueba el RD-Ley, lo publica en el BOE y entra en vigor, pero luego, los diputados deben votarlo. Es verdad que es un todo o nada, no pueden introducir cambios, pero si no le dan su voto, queda derogado.
Entonces ¿cómo es posible que el mismo Gobierno que no tiene mayoría para aprobar unos presupuestos pueda aprobar uno o varios RD-Ley para modificar los presupuestos prorrogados? Aquí entra en juego el politiqueo.
¿Por qué Pablo Casado estaría dispuesto a aprobar un RD-Ley sobre… mantener los ERTEs, otro de ayudas asistenciales, otro de obra pública, otro de ayudas a PyMEs? ¿No es más práctico aprobarlo todo en una Ley Presupuestos? Desde el punto de vista del interés de los ciudadanos y dar agilidad a las Administraciones Públicas para tramitar esas prestaciones, sin duda. El interés demoscópico de los partidos, las subidas en las encuestas, siguen otra senda.
Imaginemos un caso ajeno a la COVID-19. Se está construyendo una nueva autopista donde sólo había carreteras regionales. Cada año, el presupuesto aprueba el gasto anual a pagar a la empresa contratada. La obra va a durar… ¿os parece bien, siete? Pues siete. El quinto año, cuando suben los gastos porque se entra en un terreno difícil, no se aprueban los presupuestos. Aunque la tesorería pública tenga dinero, sin cobertura legal no puede pagar. ¿La obra se paga? Igual el contratista, muy legítimamente, pedirá que se le indemnicen los sobrecostes. Un juez decidirá.
Luego está el delicado tema de ir a los habitantes de la zona y explicarles que tendrán autopista un año más tarde, porque en el Parlamento no se pusieron de acuerdo. Es un cuchillo de doble filo porque, sí, el Gobierno puede salir quemado, pero también la oposición. Por eso, los políticos, suelen envainar ese cuchillo. Así que estatal o autonómico, se prorrogará automáticamente el presupuesto anterior, pero con un RD-Ley se aumentará el presupuesto de la obra de la autopista. Así los ciudadanos y el contratista, puede que con algún retraso menor, recibirán lo que esperaban, aunque a algunos les sonará aquello de que ese año el Gobierno no consiguió sacar adelante los presupuestos. ¿Quién sabe? Igual a la próxima votan por la oposición.
Se supone que la falta de presupuestos es un fracaso del Gobierno. Ergo, le cuesta votos. Ergo, los gana la oposición. Pero para no correr riesgos a soliviantar mucho a los ciudadanos, casi que intentemos que lo noten lo menos posible, actualicemos las pensiones, aprobemos becas y ayudas… gastemos los 144.000 millones extras, pero sin Presupuestos.
Además de mezquina, esta actitud es un fraude a la constitución y una estupidez. Creo que a la mayoría de los ciudadanos no les importa tanto si la ayuda X les llega por ley de presupuestos o por RD-Ley, sino que les llegue, a ser posible cuanto antes. Y en la organización administrativa de los servicios públicos, se agradece mucho que el conjunto de prestaciones de ese año se aprueben en los Presupuestos.
