La semana pasada el Tribunal Supremo anuló la transferencia de las competencias de tráfico a la Policía Foral Navarra. Durante las últimas negociaciones de la investidura, esta fue una de las reivindicaciones centrales de Bildu. A nadie extraña la reacción de la formación Abertzale que califica la sentencia de injerencia judicial en la política.

A los sindicatos policiales que presentaron el recurso y algunos partidos políticos, les ha faltado tiempo para para atribuir al Tribunal Supremo cosas que no dice la sentencia. Me refiero a los perjuicios laborales que una medida como esta ocasiona a 200 guardias civiles y sus familias o a la inviabilidad que el Estado ceda tales competencias.

“el Tribunal Supremo anuló la transferencia de las competencias de tráfico a la Policía Foral Navarra”

Un vistazo a la nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial, nos revela que estamos ante una sentencia bastante serenamente ponderada. Sencillo y casi matemático, su razonamiento judicial resulta incontrovertible. La Sala Contencioso-Administrativa ha anulado la trasferencia de competencias por una cuestión de forma, no de fondo.

El gobierno aprobó esta delegación de competencias a través del Real Decreto 252/2023. Aunque nuestra constitución peca de ambigua en muchas cuestiones relativas al reparto de competencias entre el Estado y las autonomías, sí es meridianamente clara en cómo han de transferirse competencias estatales a una comunidad.

“La Sala Contencioso-Administrativa ha anulado la trasferencia de competencias por una cuestión de forma, no de fondo”

El Real Decreto no es una de estas vías. Por eso se ha anulado el traspaso. Ahora bien, la propia sentencia le indica que hay dos mecanismos que sí resultan adecuados para llevar a cabo esta delegación.

Como primera vía, encontramos la reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORARFNA), o sea, su Estatuto de Autonomía. Se trataría de añadir entre las competencias de la Comunidad Foral que su policía autonómica gestione las cuestiones relativas al tráfico.

“la propia sentencia le indica que hay dos mecanismos que sí resultan adecuados para llevar a cabo esta delegación”

A modo de alternativa, la constitución (art. 150.2 CE), habilita a las Cortes para aprobar una ley orgánica de delegación de competencias. Mediante este procedimiento (LO 6/1997), el Gobierno de Aznar transfirió las competencias de tráfico a los Mossos d’Esquadra, o sea la policía autonómica de Catalunya en 1997.

¿Cómo funcionan estos procedimientos? Pues, son bastante parecidos.

De acuerdo con las provisiones de la propia LORARFNA (art. 71), emendar su texto requeriría que el Gobierno central y la Diputación o gobierno navarro acordaran un proyecto de nuevo texto. Una vez consensuado, este habría de aprobarse simultáneamente por el Parlamento Navarro y las Cortes, con mayoría absoluta en el Congreso.

“añadir entre las competencias estatutarias de la Comunidad Foral que su policía autonómica gestione las cuestiones relativas al tráfico”

Lo mismo sucede con una ley orgánica. Esta ley requiere 176 síes, o sea la mitad más uno de los votos emitidos en el Congreso. Por tanto, para el gobierno de Pedro Sánchez, de buenas a primeras, el requisito sería el mismo en ambas opciones.

¿Entonces por qué cometer la torpeza de ir por la vía del Real Decreto? Es que un Real Decreto es una norma reglamentaria, ni siquiera tiene valor de ley. Entre otras cosas esto significa que no hace falta llagar al Tribunal Constitucional. Como, de hecho, ha ocurrido, el Tribunal Supremo puede declararlo ilegal. ¿Nadie en el Consejo de Ministros advirtió que Real Decreto era una vía muerta para la transferencia? ¿Tantas dificultades presentaban las otras dos vías?

“¿Entonces por qué cometer la torpeza de ir por la vía del Real Decreto?”

Es de todos conocido que la mayoría del gobierno en el Congreso es frágil. Sin embargo, dado que la mayor parte de sus apoyos son de corte regionalista, independentista y/o nacionalista no parece difícil imaginar que hubiese conseguido los 176 síes.

La reforma del Estatuto navarro, de la LORARFNA, presenta un obstáculo peculiar. En 2015, el Partido Popular reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Concretamente su art. 79 contempla hoy la posibilidad de que antes de su aprobación definitiva, los Estatutos de Autonomía se sometan a una evaluación de constitucionalidad, de forma parecida al control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales. En la práctica, esto paralizaría la reforma de la LORARFNA, mínimo, durante un año.

“La reforma del Estatuto navarro, de la LORARFNA, presenta un obstáculo peculiar”

Sin embargo, en la medida en que para reformar la LORARFNA se exige que el Congreso y el Parlamento Navarro aprueben el mismo texto, los dos gobiernos el Estatal y el autonómico pueden amarrar más el texto.

En cambio, una ley orgánica ordinaria puede ser objeto de enmiendas durante su tramitación parlamentaria. O sea, los partidos podrían añadirle contenidos que el gobierno no había previsto en un principio. Y en una materia tan sensible como esta.

“una ley orgánica ordinaria puede ser objeto de enmiendas”

Desde el plano político, no es posible descartar la estrategia victimista. Ante las inminentes elecciones vascas, aprobar una transferencia que seguro iba a salir mal permite a Bildu criticar a la judicatura, voceando que las reivindicaciones abertzales se pisotean por los jueces españoles.

Por su parte el gobierno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, reaviva, con este fracaso, el debate en torno a la urgencia de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ya de paso, deja en el congelador una transferencia competencial de la cual, quizás, tampoco esté enteramente convencido. A fin de cuentas, es vox populi que gran parte del PSOE no la ve con buenos ojos.

“el gobierno deja en el congelador una transferencia competencial de la cual, quizás, tampoco esté enteramente convencido”

Mientras tanto, el pato lo pagan los ciudadanos. Primeramente, los más directamente afectados por la medida, guardias civiles y policías forales. Pero, al final, con estas idas y venidas estériles, se malgastan energías y dinero público, aprobando y revocando esas normas inservibles que un gran jurista español, Alejandro Nieto, califica de “morralla jurídica”.