No todos los engranajes de nuestro aparato institucional disfrutan de la misma popularidad. Me refiero a que algunos son más conocidos que otros. Hoy por hoy, valoraciones positivas ninguno las recibe. Entre los más desconocidos se encuentran las Diputaciones Provinciales, los Consejos Comarcales y Cabildos Insulares. Y eso que ayer los votamos junto a ayuntamientos y, en muchos lados, autonomías.
Por lo general, el impacto que una institución tiene en la vida de la gente es proporcional a su grado de conocimiento entre la población. En la esfera institucional, a menudo, el desconocimiento se convierte en sinónimo de inutilidad.
“Entre los más desconocidos se encuentran las Diputaciones Provinciales, los Consejos Comarcales y Cabildos Insulares”
Como todas, esta regla tiene sus excepciones. Los organismos de la UE apenas suenan de nombre a la mayoría de los españoles, pese al mayúsculo impacto que sus decisiones causan en nuestra vida cotidiana. Estos anónimos atípicos no tardan en convertirse en chivos expiatorios de las decisiones populares adoptadas por otros depositarios más visibles del poder democrático. Siempre es cómodo acusar a quién no puede, no sabe o no quiere defenderse.
Al desconocimiento suelen acompañarle la opacidad y los riesgos que esta comporta. Primero, llegarán los desmanes éticos, cómo retribuciones indecentemente abultadas. Las transgresiones de la ley no tardan en aparecer.
“Al desconocimiento suelen acompañarle la opacidad y los riesgos que esta comporta”
Las Diputaciones Provinciales pertenecen a esos desconocidos con poco poder. Su origen se remonta a 1835, en plena transición de la monarquía absoluta a la liberal. Apenas un año antes, la reina regente, María Cristina de Borbón, viuda de Fernando VII y madre de Isabel II, había aprobado un sucedáneo de constitución, el Estatuto Real y había nombrado al liberal moderado, Diego Martínez de la Rosa, primer Presidente del Gobierno de España.
A Martínez de la Rosa se le acumulaban los desafíos. Debía convencer a una regente renuente a entregar poder para avanzar en la senda de la monarquía constitucional, equilibrar una tesorería quebrada, modernizar una administración anquilosada y corrupta, además, de ganar la primera Guerra Carlista.
“El origen de las Diputaciones Provinciales se remonta a 1835”
En gran medida, las Diputaciones Provinciales se concibieron para dar respuesta a estos problemas. Ideadas a imitación de los Departamentos franceses, como aquellos, estaban llamados a reemplazar a las antiguas estructuras territoriales configuradas en el medievo, defendidas por el fuerismo carlista. Mediante sus Gobernadores civiles acercarían la Administración central a toda España y facilitarían la recaudación de impuestos.
También cartografiarían la restructuración judicial y militar del país. Además, la Diputación, como ente integrado por concejales electos, presionaría a la Corona para democratizar los ayuntamientos. En esa época, sólo los concejales eran votados. No fue hasta 1840, ya con Espartero de Regente que el gobierno dejó de nombrar a dedo a los alcaldes.
“las Diputaciones Provinciales se concibieron […] a imitación de los Departamentos franceses”
Uno se tiene que quitar el sombrero o el cráneo, directamente, como decía Valle-Inclán, ante Javier de Burgos, el Ministro de Fomento de Martínez de la Rosa. Con su equipo, estudió detenidamente la geografía, tradiciones culturales, la orografía comercial e incluso las lenguas antes de crear el mapa de Diputaciones Provinciales y Cabildos insulares que con contadísimas variaciones ha llegado hasta nuestros días.
Cuando hagamos balance de las provincias conviene distinguir su trayectoria histórica de su presente en el Estado de las autonomías.
Muchos objetivos se cumplieron y explican su perduración durante casi doscientos años. Sin duda, su mayor fracaso es que lejos de democratizar a los ayuntamientos, se convirtieron en sostén de los caciques que no tardaron en monopolizar los consistorios y diputaciones rurales. Así el poder económico y el político se fusionaron abonando el campo para abusos despóticos y corruptelas.
Hoy las capitales provinciales conservan al frente a un representante del Gobierno. Ya no se llama Gobernador Civil, sino Subdelegado del Gobierno o Delegado del Gobierno en provincias capitales de una autonomía. Su rol es fundamental entre otros asuntos en las manifestaciones en espacios públicos, la extranjería o la dirección de los cuerpos policiales estatales.
“Hoy las capitales provinciales conservan al frente a un representante del Gobierno”
Judicialmente, cada capital de provincia alberga una Audiencia Provincial, el segundo eslabón jerárquico en procesos judiciales civiles, penales y contencioso-administrativo. Sí bien ya no existe un equivalente al Gobernador Militar, las Capitanías Generales que dividen España en regiones militares no son ajenas al mapa provincial.
Como unidad geográfica la provincia resiste bastante bien el paso del tiempo. Harina de otro costal es su naturaleza política.
La Diputación es una especie de pequeño parlamento o, casi mejor, gran ayuntamiento. Del mismo modo que los concejales votan a su alcalde que hace simultáneamente de jefe del Gobierno Local y presidente de la asamblea consistorial, los diputados provinciales votan al Presidente de la Diputación Provincial quien, como el alcalde, preside las reuniones del Pleno de la Diputación, a la vez que dirige un equipo de gobierno.
La cuestión es quién elige a los diputados provinciales. Mientras los concejales se votan directamente en las elecciones, las diputaciones se eligen indirectamente. Según el número de concejales y votos que un partido sume entre todos los municipios de una provincia, tendrá derecho a nombrar a más o menos diputados provinciales.
“La Diputación es una especie de pequeño parlamento o, casi mejor, gran ayuntamiento”
Este déficit democrático ya escama bastante a la gente. Pero es que, además, el rol político de las diputaciones hoy es nulo en casi toda España. En medio de las autonomías y los ayuntamientos apenas les quedan competencias propias.
Sí, sus funcionarios siguen haciendo labores. Dan algunas licencias, ayudan a municipios pequeños e incluso a algunas grandes ciudades como Sabadell a recaudar sus tributos. También realizan algunas tareas de coordinación en prevención de incendios, guardabosques y otros similares.
“el rol político de las diputaciones hoy es nulo en casi toda España”
Por supuesto estos trabajos se tendrían que seguir haciendo, pero no justifican la existencia de un cuerpo político propio. Tanto los delegados del Gobierno como las consejerías autonómicas podrían perfectamente asumir estás competencias de manera directa.
En mi opinión la preservación de las diputaciones en comunidades autónomas multiprovinciales constituye un error de la Constitución de 1978. Cuando España flirteó por vez primera con la descentralización, en 1914, creó la Mancomunitat de Cataluña fundiendo en una sus cuatro provincias. Más aún, la Constitución de 1931 fijaba que allí donde se estableciera una autonomía desaparecerían las provincias. En cambio, en el actual marco constitucional, esto opera solo en las comunidades uniprovinciales.
“la preservación de las diputaciones en comunidades autónomas multiprovinciales constituye un error de la Constitución de 1978”
Para más inri, la competencia más poderosa que les queda es la que más las cuestiona su continuidad. Me refiero al fomento de obra pública. ¿Os suenan los aeropuertos sin apenas aviones de Castellón, Ciudad Real, Murcia, Lleida o Teruel? Pues sí, tales construcciones son decisión de la Diputación de turno. Ojalá se hubiesen tomado la mitad de en serio llevar internet a toda España…
En la lista de despilfarro encontramos los abultados sueldos o dietas de los diputados provinciales. Algunos de los cuales los combinan con nóminas municipales.
“la competencia más poderosa que les queda es la que más las cuestiona su continuidad: el fomento de obra pública”
Pero no son únicamente preocupantes los contratos públicos que las Diputaciones hacen con el sector privado. El empleo público que a menudo se ha visto señalado por enchufista y en todo caso parece excesivo si atendemos a sus escasas funciones.
Bien es verdad que no todas las diputaciones son iguales. Dentro del régimen común hay casos y casos. Después están las tres Diputaciones Forales Vascas y los Cabildos insulares. A diferencia de las Diputaciones comunes, estas sí las votan directamente sus ciudadanos. Conservan un importante número de competencias integrándose en buena medida en la arquitectura institucional autonómica.
“las tres Diputaciones Forales Vascas y los Cabildos insulares […] sí las votan directamente sus”
En los archipiélagos es geográficamente sencillo entender la importancia del Cabildo. Respecto a las provincias vascas, su estatus deriva en buena medida de la circunstancia de que son las provincias forales, no propiamente la autonomía, las que tienen derechos históricos en materia de impuestos.
Nos quedan los Consejos Comarcales. Para describirlos con sencillez, digamos que son unas diputaciones en pequeño. Municipios agrupados al frente de los cuales se establece un Consejo Comarcal en que cada partido o plataforma electoral tiene un número de escaños proporcional al de votos/concejales obtenidos en la comarca.
“los Consejos Comarcales […] son unas diputaciones en pequeño”
¿Por qué existen? Las comarcas no se encuentran generalizadas en todo el país. Su diseño pretende atender a situaciones territoriales sui generis que precisen de cierta autonomía a pequeña escala. Los mejores ejemplos son la comarca leonesa de El Bierzo, o el Valle de Arán. En ambas ella hay una situación lingüística sui generis.
Pese a estar en León, el gallego es el habla mayoritaria en El Bierzo. En el Valle de Arán, allí se habla una lengua minoritaria, el occitano o aranés. Estas comarcas responden, por tanto, a unos motivos que parecen justificados y se les transfieres competencias que pertenecen de ordinario a las Diputaciones y/o a las propias autonomías.
“Las comarcas no se encuentran generalizadas en todo el país”
En Cataluña (42) y, desde 2003, en Aragón (33), sin embargo, el abuso de la comarca produce terror. Su generalización por todo el territorio, conviviendo con Provincias y el propio gobierno autonómico las deja sin apenas razón de ser. Aquí, en el principado, se les han dado ciertas competencias en licencias de obras y tributos locales con un balance de notable ineficacia.
En Álava los municipios se agrupan en las llamadas Juntas de Cuadrilla que guarda un notable parecido con la comarca, aunque su rol es más simbólico y cultural -y menos costoso- que el de las comarcas. En Vitoria, la capital, ni siquiera existe como Administración.
