Poco cuesta adivinar que el caso Errejón es el detonante de este artículo. No entraré en las incógnitas concretas del caso ni en la presunción de inocencia del sujeto –cada vez más dudosa. Sólo podemos confiar en la investigación. Pero en un sentido más general, el caso Errejón nos recuerda, una vez más, la hipocresía que rodea a la violencia de género. ¿Realmente sus víctimas preocupan a los políticos? Es más, realmente, ¿alguna víctima les importa realmente?
Bucear en el B.O.E. y en la actividad parlamentaria te convierte en un descreído de los partidos. O, como mínimo, en un escéptico. Durante los últimos años, prolifera un fenómeno disonante. El discurso político, sobre todo, el más encendido, no se traduce en leyes efectivas. En su lugar se aprueban leyes que acumulan sonados titulares, pero que carecen de incidencia real en la vida de las personas, o aún peor, escritas por una mano incompetente.
“¿Realmente las víctimas preocupan a los políticos?”
Otras veces, leyes válidas se ven privadas de un desarrollo eficiente o de dotación presupuestaria. Este sería el caso de la Ley contra la Violencia de Género. Según sus prescripciones, cada provincia española debería disponer, al menos, de un Juzgado de violencia sobre la mujer. A día de hoy, aún carecen de un juzgado de esta clase: Huesca, Teruel, Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Lugo, Ourense, Ceuta y Melilla.
A ver, tampoco nos pongamos exquisitos. La prisa es mala consejera y el estrés mata. Después de todo, la Ley contra la violencia de género se aprobó en 2004, sólo han pasado… ¡literalmente, 20 años!
“El discurso político, sobre todo, el más encendido, no se traduce en leyes efectivas”
¿Qué ocurre en las provincias sin Juzgado sobre la mujer? Pues que se atribuyen sus competencias a juzgados de instrucción y primera instancia ordinarios, sin el equipo ni los medios para atender a las víctimas. Incluso en las provincias donde sí hay juzgados de violencia sobre la mujer, su número es insuficiente. Lo que obliga a traspasar esa competencia a juzgados de instrucción.
Alguien dirá que es una vergüenza que el gobierno más progre chachi de la democracia no haya hecho nada al respecto. ¡Error! Claro que ha hecho algo. Concretamente, ha dificultado el acceso a esta información.
“Veinte años después siguen sin juzgado de violencia sobre la mujer: Huesca, Teruel, Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Lugo, Ourense, Ceuta y Melilla”
Hasta hace unos meses (en abril lo consulté por última vez), la web del Ministerio de Justicia te dejaba consultar cuantos juzgados de cada clase hay en las provincias españolas mediante un mapa. La imagen de 14 provincias teñidas de un color que indicaba la total ausencia de Juzgados de violencia sobre la mujer era deprimentemente obvia. Así que cuando la semana pasada volví a consultar la información para este artículo, descubrí que el formato mapa ya no existe. Ahora hay que leerse un listado de 52 páginas para ver dónde faltan esta clase de juzgados. (Suerte que uno es paciente y… un pelín obsesivo).
¿Alguien que se tomara en serio la violencia de género haría algo así? No hablemos ya de las graves negligencias legislativas.
“¿Alguien que se tomara en serio la violencia de género haría algo así?”
Por algún motivo que uno no acierta a entender, en 2004, la ley de violencia de género –aprobada por unanimidad en el Congreso– definió esta forma de violencia como circunscrita a la que un varón ejerce sobre su pareja o ex pareja. Se confundía así a la «violencia de género», violencia ejercida por un hombre sobre una mujer, motivado por su machismo, con la «violencia conyugal», vinculada a relaciones maritales y/o de pareja que, desde luego, también puede ser machista, pero no, necesariamente.
Desconozco que enfermizo sentido de la lealtad ha impedido al PSOE deshacer este error. Con mucha discreción, Rajoy introdujo en 2015 el agravante genérico de género en el art. 22.4 del Código Penal. Esto permite agravar cualquier delito se aprecia un móvil machista en su comisión. Pero tan, tan discreto fue –seguramente porque no agradaba a gran parte de electorado– que pasaron varios años hasta que la Fiscalía y las acusaciones empezaran a pedir su aplicación…
“la ley de violencia de género definió esta forma de violencia como circunscrita a la que un varón ejerce sobre su pareja o ex pareja”
¿Cómo una Ministra de Igualdad pudo permanecer en su cargo después de que la Ley del sólo sí es sí precipitara la libertad de más de dos millares de agresores sexuales? ¿Cómo sigue en su sillón la actual titular del mismo ministerio, después del fiasco de la Ley de paridad que permite despedir vía improcedente a quien solicite medidas de conciliación en su lugar de trabajo?
Y, sin ánimo de despreciar la tragedia del machismo, este fenómeno se aprecia en muchos otros colectivos de víctimas. ¿Hablamos de como instrumentaliza la derecha a las víctimas del terrorismo? También aquí nos sonará algún desastre legislativo que otro ¿no? O, mejor aún, hablemos de las víctimas de abusos sexuales en la infancia.
“¿Cómo una Ministra de Igualdad pudo permanecer en su cargo después de que la Ley del sólo sí es sí precipitara la libertad de más de dos millares de agresores sexuales?”
¿Cómo pudo Ione Belarra quedar impasible durante dos años mientras un error de redacción en la Ley Rhodes permitirá la prescripción de miles de casos de pederastia? Desde hace unos años, el gobierno presiona a la Iglesia Católica para que abra un fondo con que indemnizar a sus víctimas de abusos sexuales infantiles. La Conferencia Episcopal valora la posibilidad, aunque mantiene su preferencia por el vigente sistema individualizado, del que se pueden beneficiar los casos prescritos.
Sólo una duda ¿qué pasa con las víctimas de abusos fuera de la Iglesia? Estadísticamente, son la mayoría. ¿Se ha planteado el gobierno abrir un fondo para ellas o sólo busca rédito electoral atacando a la Iglesia?
“¿Se ha planteado el gobierno abrir un fondo para ellas o sólo busca rédito electoral atacando a la Iglesia?”
¿Y las familias que todavía esperan cobrar la renta básica o las ayudas a la dependencia? Leyes tan coloridas y con inexistente presupuesto o mil trabas burocráticas para impedir su acceso.
A las víctimas de la DANA de Valencia también se les puede aplicar esta reflexión. Y es que la inevitable conclusión a la que llegas es que nuestra clase política carece de preocupación genuina por las víctimas de cualquier tragedia. Sólo les preocupa su impacto en la opinión pública y, por extensión, en los sondeos.
“¿Cómo pudo Ione Belarra quedar impasible durante dos años mientras un error de redacción en la Ley Rhodes permitirá la prescripción de miles de casos de pederastia?”
Si de veras hubiese un genuino afecto por las mujeres que sufren violencia de género o cualquier otro colectivo victimizado, las cosas serían muy diferentes. Se trabajaría más discretamente, pero con mayor efectividad y ante ciertas negligencias, el cargo de conciencia impediría al titular permanecer en la vida pública.
