Vamos a ver, si soy capaz de exponer brevemente los problemas que arrastra la sentencia contra los líderes del Procés… No es fácil.

Para afrontar su complejidad, vamos a intentar desbrozar un poco el contenido. La sentencia del Tribunal Supremo (STS) 459/2019 enjuicia, principalmente, los hechos ocurridos entre las últimas semanas de septiembre y las primeras de octubre de 2017. Sin embargo, retrocede varios años en el tiempo su análisis sobre los ensamblajes del procés entre departamentos de la Generalitat catalana y entidades sociales independentistas, en especial, Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC) de las que eran respectivos presidentes, Jordi Cruixart y Jordi Sànchez. En particular, interesan al Tribunal Supremo la financiación de determinadas acciones independentistas a través de ese entramado.

A partir de ahí, se determina probada la existencia de tres delitos: sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia. No todos los acusados son condenados por los tres, eso depende de la posición que ocupaban en la cúpula del procés, si tenían responsabilidades de gobierno, así como del hecho de haber recibido directamente una orden judicial que desobedecieron.

Sobre los dos últimos delitos, es importante tener claro que la malversación implica gastar dinero al margen del presupuesto legal aprobado. Incluso si un político, al margen de la ley de presupuestos y/o los trámites administrativos de turno, donara dinero público a una causa humanitaria, de la que personalmente no sacaría ningún provecho, como una ONG que ayuda a luchar con el VIH en países pobres, estaría cometiendo ese delito. En cuanto a la desobediencia, para lo que aquí nos interesa, su nombre completo es desobediencia judicial. Un juez debe haberte dado una orden que desobedeces, para cometer el delito. También existe la desobediencia policial.

«Incluso si un político, al margen de la ley de presupuestos y/o los trámites administrativos de turno, donara dinero público a una causa humanitaria, de la que personalmente no sacaría ningún provecho, estaría cometiendo malversacion»

En todo caso, para abreviar, las condenas por estos últimos delitos no ha suscitado polémica entre la comunidad jurídica. Más discusiones han traído las condenas por sedición.

El motivo es el siguiente, el delito de sedición se recoge en el art. 544 del Título XXII del Libro II del Código Penal, con esta fórmula:

«Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.»

Este artículo, fue escrito en 1995, año de la aprobación del Código Penal vigente y nunca se ha reformado desde entonces. Tampoco se ha aplicado. Ahora bien, su redacción en líneas generales guarda muchas similitudes con la de los códigos penales anteriores, desde que se estableció este delito, por vez primera, en el Código Penal de 1822. Siempre se ha exigido un alzamiento tumultuario. Únicamente el Código Penal de 1848, se limitó a exigir el alzamiento público, sin más. A partir de ahí, los Códigos Penales de 1870, 1928, 1932, 1944 y 1973 han mantenido la fórmula del alzamiento tumultuario.

Por eso mismo, es bastante claro que se trata de un delito que sólo pueden cometer una pluralidad de individuos y nunca uno solo. El Código Penal de 1820 exigía al menos cuarenta. Ante el silencio del resto de Códigos sobre el número exacto, la STS de 10 de Octubre de 1980, acoge el criterio de la STS de 2 de julio de 1934 que exige, como mínimo, a treinta personas.

Con las fechas que van saliendo, ya veis que la sedición siempre se ha incluido entre los delitos más grave en el derecho penal español y… se ha condenado poco por ella en las últimas décadas. Además de la sentencia de 1980, sólo hay otra en democracia, la STS de 3 de julio de 1991, que en coherencia con la jurisprudencia histórica, describe la sedición como una «rebelión en pequeño». Si la rebelión ataca a los legisladores, gobiernos y a la Corona, la sedición, dijo entonces el TS, ataca a la ejecución de las leyes, sentencias o mandatos administrativos.

«Siempre se había exigido que el tumulto fuera violento y aquí es donde viene el problema… El TS ahora rompe con ese criterio. Afirma que el delito de sedición se puede cometer por mera hostilidad hacia los agentes de la autoridad o funcionarios públicos»

En todo caso, siempre se había exigido que el tumulto fuera violento y aquí es donde viene el problema… El TS ahora rompe con ese criterio. Afirma que el delito de sedición se puede cometer por mera hostilidad hacia los agentes de la autoridad o funcionarios públicos.

Esto tiene una serie de implicaciones: primera el TS no aprecia que hubiera violencia en términos globales en los hechos enjuiciados, lo que no debe interpretarse como que niega que no hubiesen agresiones concretas a policías, pero no obedecían a una estrategia o situación generalizada; segunda, reinterpreta en términos un tanto sorprendentes el delito de sedición.

El TS argumenta que el Código Penal de 1995 ubica a los delitos de rebelión y sedición en títulos o apartados diferentes, a diferencia del Código de 1973 que los ubicaba en el mismo título. No niega que ambas figuras estén vinculadas, si bien, mantiene que ya no es tan adecuado eso de hablar de «rebelión en pequeño» para describir la sedición. Aunque esto en sí ya resulta cuestionable, el verdadero problema aparece cuando el TS sostiene simultáneamente que:

  1. el delito de sedición es el más grave del Título XXII.
  2. el alzamiento tumultuario, no exige violencia, sino, como decíamos, hostilidad.

Cuesta mucho admitir este razonamiento, cuando el Título XXII contiene delitos que, efectivamente, tienen una pena más leve como el de atentado a la autoridad (art. 550 CP) o el de desórdenes públicos (art. 557 CP) que sí exigen violencia para que se dé el delito. En cambio, al parecer del Alto Tribunal, la sedición, con una pena sustancialmente más elevada, puede darse en ausencia de esta.

¿Qué puede conllevar esto? De entrada que la interpretación defendida por el TS puede ser incoherente, en el sentido de que las leyes deben interpretarse siempre en su globalidad, no artículo por artículo. Esto conduce a un segundo problema, que la interpretación del precepto penal puede resultar imprevisible.

Una interpretación imprevisible puede infringir los Derechos Fundamentales y Humanos del acusado, como recogen tanto el Tribunal Constitucional (SSTC 137/1997, 151/1997, 225/1997, 232/1997, 236/1997) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (casos Cantoni v. France, Kafkaris v. Cyprus, Del Río Prada v. Spain). Si esto se confirmara, decaería el cargo de sedición y se abriría la puerta a un derecho de indemnización -si la pena hubiese exigido lo que deberían haber cumplido por otros delitos.

En las próximas semanas veremos hasta qué punto los recelos a la sentencia hallan fundamento, si los tribunales belgas se niegan a extraditar a Puigdemont, pese a la existencia de una sentencia firme en los hechos por los que se le quiere enjuiciar.

¿Mi opinión? Pues, tengo la impresión de que, una vez más, el legislador español no hizo los deberes y la judicatura ha tenido que presentarse por él a la recuperación. Ningún precepto del Código Penal se ajustaba bien a los hechos ocurridos en Catalunya entre septiembre y octubre de 2017 y entre 2012 y 2016 nadie se preocupó de establecerlo.

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