Después de una Diada en que el independentismo exhibió sus divisiones como nunca hizo antes, quisiera comentar una resolución del Comité de DDHH de la semana pasada relativa al juicio de los políticos que organizaron el referéndum del 1 de Octubre. La verdad esperaba que le dieran más bombo y platillo el domingo, pero las peleas internas le robaron todo el protagonismo.

La semana pasada el Comité de DDHH declaró contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la suspensión de los políticos independentistas al inicio del juicio. En la prensa, esto se ha exagerado o despreciado, según la línea editorial. El mismo día se oyó que la ONU condenaba a España y que las resoluciones del Comité carecen de valor.

“el Comité de DDHH declaró contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la suspensión de los políticos independentistas al inicio del juicio”

No es extraño que las decisiones de las instituciones internacionales se malinterpreten o se manipulen. Ya pasa con nuestros propios tribunales.

Empecemos por señalar que el Comité de DDHH es una institución peculiar. Si bien, está integrada en la O.N.U., no pertenece propiamente a su estructura. No se incluye entre los organismos que las potencias aliadas plasmaron en la Carta fundacional, firmada en San Francisco el verano de 1945, como la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. El Comité nace décadas después, en 1966, cuando varios Estados firman el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No todos sus miembros lo reconocen

Este tratado internacional pretendía replicar y desarrollar a la Declaración Universal de DDHH (1948). De los organismos de la O.N.U., únicamente el Consejo de Seguridad emite resoluciones obligatorias para los países. Como texto aprobado por la Asamblea General, la Declaración es de cumplimiento voluntario. Convirtiendo su contenido en un tratado internacional, se pretendió dotarla de más consistencia.

“No es extraño que las decisiones de las instituciones internacionales se malinterpreten o se manipulen”

El Pacto prevé la instauración de un Comité de expertos que de año en año revisa el grado de observancia por los Estados firmantes. En 1976, la mayoría de los países subscriptores del Pacto, aprobaron el Protocolo Facultativo 1º. Para entendernos, se trata de una ampliación del tratado original, pero únicamente es válido para los países que han adoptado por separado el Protocolo, entre ellos España.

La principal novedad que llegó con el Protocolo fue la posibilidad de que el Comité, además, de analizar de manera general la situación de los DDHH en cada país, analizara denuncias de particulares. Después de examinarlas, puede formular observaciones y recomendaciones al Estado. Ergo, el Comité de DDHH nunca “condena” a un país. Su lenguaje es mucho más diplomático, lo que no se reduce a la pura cortesía.

¿Entonces son obligatorias estas resoluciones? Las normas de derecho internacional han de analizarse siempre desde dos perspectivas: la internacional y la interna o estatal.

“el Protocolo da la posibilidad al Comité, para analizar de manera general la situación de los DDHH en cada país”

En el ordenamiento jurídico internacional la frontera entre lo obligatorio y lo voluntario se desdibuja bastante. A menudo, resulta inviable imponer a un país el cumplimiento de sus compromisos, ya que el enjuiciamiento de un Estado por un tribunal internacional exige el consentimiento del propio Estado. Incluso si la Corte Internacional de Justicia impone varias obligaciones a un Estado, que consiente en ser juzgado, sólo cabe esperar que las cumpla por buena fe.

Excepcionalmente, el Consejo de Seguridad de la ONU podría adoptar medidas coercitivas, acción bélica incluida, para obligar a un país a respetar el Derecho Internacional. Así se detuvo el genocidio de Darfur. Sin embargo, para que el Consejo actúe Rusia, China, EE.UU., Francia y Reino Unido han de ponerse de acuerdo.

“En el ordenamiento jurídico internacional la frontera entre lo obligatorio y lo voluntario se desdibuja bastante”

Las normas internacionales también existen en los ordenamientos jurídicos de los Estados que las reconocen. Por ejemplo, la Declaración de DDHH no es una norma obligatoria en la esfera internacional, lo que no impide que muchos países la hayan convertido en una ley o incluso la hayan incorporado a sus constituciones.

Como tratado internacional, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, una vez ratificado por España, se homologa a las leyes de nuestro parlamento. A partir de ahí corresponde a nuestros tribunales interpretar su contenido. Aquí empiezan los problemillas…

“En el ordenamiento jurídico internacional la frontera entre lo obligatorio y lo voluntario se desdibuja bastante”

En el año 2018, la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo declaró de obligado cumplimiento para España las peticiones del Comité Internacional contra la Tortura, cuya naturaleza es análoga al Comité de DDHH. Esto entraba en conflicto con la jurisprudencia de la Sala Penal del Supremo, que, en diversas sentencias, como la del caso Garzón y las fosas del franquismo, apostó por la interpretación contraria.

Para unificar criterios, cuando se dan estos conflictos entre salas del Tribunal Supremo se convoca la Sala Especial, conocida como Sala 61, ya que se regula en este artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En 2020, la Sala 61 estableció que las resoluciones del Comité contra la Tortura no son obligatorias.

“Para unificar criterios entre salas del Tribunal Supremo se convoca la Sala Especial”

¿Caso cerrado? ¡Qué más quisierais!

A principios de este año, la Sala Contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional dictó una sentencia declarando obligatorio el cumplimiento de una resolución del Comité de DDHH, que obligaba a España a indemnizar a una persona perjudicada por el mal funcionamiento de nuestras instituciones. ¿Qué en qué se apoyó? Pues en la sentencia del Tribunal Supremo de 2018.

Y lo de apoyarse es un eufemismo. Literalmente hace un corta y pega de varios párrafos, a pesar de que el caso de 2018 se refería al Comité de la Tortura y no al de DDHH. Como imaginaréis, esta sentencia esta pendiente de ser revisada por el Tribunal Supremo que seguramente se mantendrá fiel al criterio de la Sala 61.

“este año, la Sala Contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional dictó una sentencia declarando obligatorio el cumplimiento de una resolución del Comité de DDHH”

¡Ah! Si todo esto os parece surrealista y os veis incapaces de encontrarle sentido a estos pulsos entre tribunales, tranquilidad. Un título en Derecho no hace que lo veas más lógico, sino aún más descabellado.

Personalmente, yo entiendo que lo más coherente sería reconocer la obligatoriedad de dichas resoluciones o retirarse del Comité de DDHH y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Si todo esto os parece surrealista un título en Derecho no hace que lo veas más lógico”

Ciertamente, no siempre sería posible que estas resoluciones se apliquen directamente por nuestros tribunales. Durante mucho tiempo el Comité de DDHH solicitó a España que generalizara una segunda instancia en los juicios penales. Antes de que el Congreso modificara la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, hubiese resultado imposible aplicar directamente aquella resolución. Algo parecido ocurre con la reiterada recomendación del Comité de Derechos del Niño que solicitaba a España que elevara la edad de consentimiento sexual más allá de los 13 años, pero sin fijar hasta donde. Hubo que esperar a que, también en 2015, se incrementara hasta los 16 años.

Distinto es el caso en que uno de estos comités nos pide de manera específica que indemnicemos a alguien, que anulemos una decisión judicial o administrativa. En tales casos, me parece que lo más correcto sería que los tribunales aplicaran sin más esas resoluciones.

“lo más coherente sería reconocer la obligatoriedad de dichas resoluciones o retirarse del Comité de DDHH”

Examinemos ahora qué recomienda la resolución relativa al proceso judicial contra los políticos promotores del referéndum del 1 de Octubre. Esta resolución no entra en el tema de fondo. No analiza si la sentencia fue correcta o incorrecta, si el delito se aplicó correctamente ni si la pena fue excesiva. Se centra en un aspecto muy concreto: la suspensión previa de cargo público de los políticos imputados.

Cuando alguien ha sido electo para un cargo político, la suspensión de sus funciones resulta especialmente grave. De ahí que haya que aplicarla con prudencia. En España un político puede ser suspendido de su cargo, por mera imputación, o sea, antes de sentencia, por muy pocos delitos: terrorismo, integración en banda armado o rebelión. Al parecer del Comité de DDHH, sin embargo, la mera imputación no debería traducirse en la suspensión automática.

“la resolución relativa al proceso judicial contra los políticos promotores del referéndum del 1 de Octubre no entra en el tema de fondo”

Con todo hay que decir que el Comité de DDHH tampoco ve en esas suspensiones una infracción grave de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. De hecho, ni pide que se anule el juicio ni que se indemnice económicamente a los afectados. Entiende que la declaración formal de que España no lo hizo bien ya repara sus derechos.

«El Comité considera que, en el presente caso, su dictamen sobre el fondo de la reclamación constituye una reparación suficiente para la violación dictaminada.»

Este tipo de indemnización simbólica, casi crítica protocolaria, no es infrecuente en el derecho internacional. Aunque por razones evidentes se limita a casos de gravedad cuestionable.

«El Estado parte también tiene la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.»

¿Y de qué obligaciones hablamos? La verdad es que queda muy abierto. Hay varias soluciones: una sería reformar el art. 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que ningún delito implicara la suspensión de cargo electo mientras no te declaren culpable. Otra opción, más razonable a mi modo de ver, sería que la suspensión del cargo político imputado por esos delitos no fuese automática, sino que el tribunal tuviera que argumentar acerca de su conveniencia.

 

Os dejo aquí la referencia de las sentencias aludidas en el artículo:

  • STS, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, 1263/2018, de 17 de julio, ponente don Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, [Roj: STS 2747/2018]
  • STS, Sala Especial, Sec. 61, nº 1/2020, de 12 de febrero, ponente, don Eduardo De Porres Ortiz De Urbina [Roj: STS 401/2020]
  • SAN, Sala de lo Contencioso, Sec. 5ª, nº de recurso 2/2021, de 27 de abril de 2020. Procedimiento Derechos Fundamentales. Ponente Fátima Blanca De la Cruz Mera [Roj: SAN 1804/2022]
  • STS Sala de lo Penal en Pleno, nº 101/2012, de 27 de febrero, Magistrado Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta. (caso Garzón y fosas comunes del franquismo)