El martes 22 de septiembre de 2020, a las 15:31h. -hora peninsular-, comenzaba oficialmente el otoño.
Casi al mismo tiempo, en el telediario de Televisión Española se entrevistaba a Rafael Bengoa, médico, especialista en gestión, experto en salud pública y firme defensor de una sanidad pública universal.
Don Rafael nos explicó que, tras una tragedia, como un accidente de avión o una catástrofe nuclear, la práctica habitual es realizar una investigación sobre lo acaecido y hacerlo con dos premisas básicas.
La primera, ser desarrollada por un grupo o entidad independiente de quienes hubiesen gestionado el desastre. La segunda, que su objetivo no sea politizar o tomar partido, sino conocer las fortalezas y debilidades del sistema y su influencia en la evolución y resolución del problema. Porque sólo teniendo esos datos se pueden extraer diagnósticos y derivar conductas que resulten útiles para el futuro.
La entrevista al Doctor Bengoa estaba motivada por la publicación, en The Lancet, de una carta firmada por 20 expertos solicitando la creación de una comisión externa para evaluar las acciones que los gobiernos central y autonómicos han tenido en la actual epidemia por el virus SARS-CoV-2.
En el mes de agosto, la misma revista había publicado otro texto con una demanda similar. En él se afirmaba que «esta necesaria evaluación no debe ser aprovechada como una oportunidad para el azote político, sino como una oportunidad para identificar errores en la gestión y debilidades del sistema de salud, que sirva para aprender y mejorar la respuesta sanitaria ante futuras olas del covid-19 o nuevas epidemias». Petición cargada de razones y lógica, pero que cayó en saco roto.
Ahora, de nuevo, los mismos 20 especialistas en epidemiología y salud piden realizar ese análisis y resaltan su urgencia, dado que «No es algo que se pueda dejar pasar». No con «44.000 muertes en exceso, al 4 de agosto de 2020». No cuando «Más de 50.000 trabajadores de la salud se han infectado y casi 20.000 muertes ocurrieron en hogares de ancianos».
El profesor García-Basteiro, otro de los firmantes, ha lamentado que llevemos meses «apagando fuegos en vez de anticiparse a ellos». «No hicimos los deberes durante el confinamiento» y eso nos va a suponer un alto coste sanitario y social.
El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aceptado reunirse con una representación de los 20 el próximo 1 de octubre.
De ese encuentro puede emerger la decisión clara de investigar, con un responsable que ofrezca conclusiones en un corto plazo de tiempo. De ser así podremos decir que, aunque tarde, se ha tomado el buen camino.
O se puede decidir crear una comisión para estudiar si se crea una comisión de investigación.
«Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una comisión», dice una máxima que resume, perfectamente, la forma de pensar de los que, antes de hacer, recuentan votos.
Quiero pensar -muchas y muchos queremos pensar- que, en las actuales circunstancias, no será aplicada dicha consigna y el ministro entenderá que saber es una necesidad. Porque, en la mente colectiva, hay una pregunta que espera respuesta. Una respuesta que debe darse desde la verdad.
España ocupa el puesto 15 en el índice de seguridad sanitaria mundial. Entonces, ¿cómo es posible que se encuentre ahora en esta lamentable situación? ¿Cómo es posible que, a pesar de tener uno de los mejores sistemas de salud del mundo, esté entre los países más castigados por el covid-19? Incluso comparando con sistemas sanitarios menos efectivos, ¿por qué nuestros datos son tan malos?
Recordemos que, cuando el otoño entraba en nuestras vidas, España contabilizaba 682.000 casos positivos, el 1,48% de la población. Mientras, lejos de esas cifras, en Francia los positivos eran el 0,68% y en Portugal el 0,67%. Dicho de otra forma, a 22 de septiembre, nueve de las diez regiones europeas con mayor incidencia acumulada de coronavirus estaban -están- en España (Centro Europeo de Control de Enfermedades) .
Estudiar los cómos, los porqués y encauzar vías de acción futuras es esencial. Lo era antes. No se hizo. Y la segunda ola está a punto de pulverizar de nuevo todas las estadísticas de dolor y de pobreza.
Tenemos 17 sistemas sanitarios politizados y que ni se comunican, ni se entienden, ni son capaces de ofrecer un frente común. Una desgracia absoluta. A la que se suma un ministerio, hasta ahora inoperante para el análisis estructurado de los hechos, tan politizado como ellas.
Españolas y españoles pagamos sueldos a cientos de políticos que están más pendientes de mantener el cargo que de dar respuestas a los problemas de la ciudadanía.
Que desde fuera se haya tenido que señalar la necesidad de una evaluación ad hoc, nos habla de dejación de funciones de la clase dirigente. Debería haber sido la propia Administración, con mayúsculas, la que se hubiese puesto manos a la obra y no esperar a que el mundo se pregunte ¿Por qué no lo miran? ¿Por qué no lo analizan? ¿Por qué no hacen algo?
Si la política española tiene la conciencia tranquila ha de dar el paso y ordenar el análisis de lo sucedido. Lo contrario indicaría algún remordimiento que impide abrir cajones y sacar a la luz todas las cartas de la baraja.
Dice el poeta que «nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio». Recordemos estos versos a nuestros políticos y que se investigue. No para poner un remedio ya imposible, sino para mejorar el mañana y que no contenga las tristezas del pasado.
Las heridas que la plaga deja en familias y sociedad tienen que cerrar limpiamente. Si cierran en falso, antes o después supurarán.
La necesaria verdad no es un capricho. Es un requisito.
Es una cuestión de conciencia, de decencia y de dignidad.
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Los expertos que rubrican el documento publicado en The Lancet son: Alberto García-Basteiro, Helena Legido-Quigley, Carlos Álvarez-Dardet, Alex Arenas, Rafael Bengoa, Carme Borrell, Margarita Del Val, Manuel Franco, Montse Gea-Sánchez, Juan Jesús Gestal Otero, Beatriz González López Valcárcel, Ildefonso Hernández, Joan Carles March, José Mª Martin-Moreno, Clara Menéndez, Sergio Minué, Carles Muntaner, Miquel Porta, Daniel Prieto-Alhambra y Carme Vives Case.
