¿Y si os dijera que el cartel de «El verano es para todas« no es la peor metedura de Irene Montero en los últimos meses? La Ley Orgánica 4/2022 no ha despertado tanta atención mediática, pero es mucho peor. Se supone que esta norma pretende proteger a las mujeres que acuden a Clínicas de Interrupción del Embarazo de situaciones de acoso. Pero su descuidada redacción se burla de esas mujeres, a quienes dice defender.

La Ley Orgánica 4/2022 es muy cortita. Básicamente añade un artículo al Código Penal, el art. 172.quater, cuyo primer apartado convierte en delito:

«El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días.»

El apartado segundo convierte igualmente en delito estas conductas cuando se dirijan contra el personal médico de estos establecimientos.

“¿Y si os dijera que el cartel de «El verano es para todas» no es la peor metedura de Irene Montero en los últimos meses?”

Este delito no comprende situaciones en las que se impediría el acceso a la clínica con violencia o intimidación. Ni tampoco cuando se inutilizara la entrada, por ejemplo, llenando de silicona la cerradura. Por su gravedad, estas conductas serían delitos de coacciones (art. 172CP). El nuevo delito de coacciones del 172.quater castiga humillaciones o vejaciones.

Las protestas en las clínicas abortistas no son para nada novedosas. En realidad, han ido en aumento, desde hace unos años, en la medida que los movimientos antiaborto o provida han intensificado sus acciones en búsqueda de visibilidad social.

No es fácil dar una solución legal a este conflicto. Como apuntaba el Defensor del Pueblo en febrero, hay que garantizar la intimidad y la dignidad de las mujeres en un momento tan difícil, pero respetando la legítima libertad de protesta de quienes se oponen al aborto.

“Las protestas en las clínicas abortistas […] han ido en aumento”

En ese sentido, no se diría que añadir un delito al Código Penal sea la vía más eficiente. En el caso en que la víctima u otra persona denuncie a estos manifestantes, primero habría que identificarlos. Eso ya sería bastante difícil. Además, necesitaríamos alguna prueba de que no se limitaban a protestar, sino que incurrían en conductas de acoso. ¿Cómo? Un vídeo bastaría.

Incluso si se dieran todas estas condiciones, dado que prevé penas muy bajas, se celebraría un juicio rápido en que fiscalía y defensa pactarían una sentencia de conformidad. Al día siguiente, podrían volver a manifestarse en la puerta de la clínica. Después de todo, sólo en supuestos de gravedad permite la ley imponer órdenes de alejamiento de determinados lugares.

Pensamos que el Código Penal implica usar el mejor medio, pero a menudo ni siquiera es el más contundente.

“no se diría que añadir un delito al Código Penal sea la vía más eficiente”

Una ley administrativa que por ejemplo impidiera manifestarse en la puerta de estas clínicas o impusiera la distancia de una manzana hubiese funcionado mucho mejor. En lugar del periplo judicial penal, bastaría con que un par de agentes hicieran la ronda por allí multando cuántas veces fuese necesario a quienes no respetaran la norma. Por cierto, las multas administrativas suelen ser mucho más elevadas que las que dicta un juez penal y se cobran más rápido.

Uno odiaría pensar que la Ministra de Igualdad está mal asesorada o que su ego le impide trabajar mano a mano con el señor Marlaska. Una norma administrativa como la que aquí planteo pasaría forzosamente por el Ministerio de Interior.

Puestos a hipotetizar, casi apostaría por la incompetencia y es que lo peor de esta ley no es que las dificultades técnicas de su aplicación la dejen en papel mojado. Lo peor es que deja sin castigo las conductas que tal vez más hubiese merecido la pena criminalizar.

“o peor es que deja sin castigo las conductas que tal vez más hubiese merecido la pena criminalizar”

A menudo los grupos provida cuentan que han ofrecido a muchas mujeres oír el latido del corazón embrionario en una ecografía. Después de ese momento, muchas recapacitan su decisión. Hasta ahí todo bien. Personalmente, no dudo de la verdad de muchas de esas historias.

El problema es que a menudo se hacen otras cosas, como dar información falsa a la mujer acerca de los riesgos que supone el aborto para su vida y su salud. Le hablan de supuestos estudios que relaciona el aborto con cáncer de ovarios o de cuello de útero, o bien exageran el riesgo de morir en la intervención o quedar estéril. El mensaje se remata asegurando que en la clínica lo saben pero que no le dirán nada porque ellos viven de los abortos. Por supuesto, internet es un camino ideal para difundir estas falsedades.

“Cuando en 2015, el PP aprobó el art. 172.bis para castigar el matrimonio forzoso incluyó la palabra engaño”

Penalmente, todas estas conductas se describirían como engaño. ¿Alguien ha visto esa palabra o algún sinónimo en el art. 172quater? Pues, por lo tanto, este precepto no puede castigarlos. Quedan impunes.

Cuando en 2015, el PP aprobó el art. 172.bis para castigar el matrimonio forzoso describió como delito el que vulnera la libertad de contraer matrimonio mediante intimidación, violencia o engaño. Una lástima que en 2022 el Legislador no se haya mostrado igual de acertado.