El Fiscal General de Nuevo México acusó a Google de espiar a millones de niños y a sus familias en escuelas de Estados Unidos y España con ‘propósitos oscuros’. Este argumento alude al almacenamiento y procesamiento de información personal de su actividad en internet, así como grabaciones de voz o contraseñas. De ser ciertas tales imputaciones, sería difícil defender el propósito educativo de la herramienta Google Suit. No se trata de un asunto nuevo. Periódicamente, aparecen noticias vinculadas a internet que comprometen derechos que considerábamos fuertemente asentados. Parte de la opinión pública parecía, poco a poco, concienciarse de la amenaza. Y, en eso, llegó el COVID19.
«Periódicamente aparecen noticias vinculadas a internet que comprometen derechos que considerábamos fuertemente asentados. Parte de la opinión pública parecía, poco a poco, concienciarse de la amenaza. Y, en eso, llegó el COVID19»
A primeros de abril, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció un estudio de movilidad para analizar datos anónimos y agregados de desplazamientos de la población durante el tiempo necesario hasta que se restablezca la normalidad, con el fin de “contribuir así a una toma de decisiones más eficiente basada en los datos”. Este estudio es similar al programado hace meses con el fin de analizar los desplazamientos de los españoles en fechas relevantes. Junto con esta iniciativa, el gobierno central puso en marcha una app denominada ‘Asistencia Covid-19’, para el autodiagnóstico. Esta aplicación se descarga voluntariamente y geolocaliza solo en caso de que se active esta opción.
En estados de la UE como Gran Bretaña, Alemania o Francia se están diseñando apps que rastrean contactos y avisan si se ha estado cerca de un infectado para iniciar el aislamiento preventivo y comunicarlo al centro de salud. Estas aplicaciones seguirían las recomendaciones de la iniciativa europea PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing), menos invasiva que los modelos de Israel, Corea del Sur o China. Hace unos días, Apple y Google anunciaron que sus sistemas operativos iOS y Android formarán una plataforma única para el rastreo de la expansión del coronavirus por el mundo. El teléfono permitiría al usuario conocer si se ha estado en contacto con un contagiado. Las compañías aseguran que el cliente tendría la última palabra, ya que habría que instalarse la app, y precisa del consentimiento del individuo infectado.
Estas aplicaciones, ya sea mediante bluetooth o por GPS –las más invasivas-, debieran generarnos preocupación. Y digo debieran porque soy consciente de que convivimos con una cierta ciberbanalización, incrementada por la desazón ante una situación trágica. El miedo y el desconocimiento son perfectamente funcionales al control de gobiernos y corporaciones y al beneficio, en ingentes plusvalías, de las segundas, a menudo, no sujetas a una tributación real. Ya tenemos demasiados ejemplos de intrusiones ilegítimas de gobiernos y corporaciones en nuestra privacidad. Uno de los últimos casos, en el ámbito estatal, fue la reforma de la ley de protección de datos, apoyada por todo el arco parlamentario, para que los partidos políticos pudieran enviar propaganda electoral a los ciudadanos en función del rastro que dejan en Internet. Gracias a un grupo de juristas y al recurso del Defensor del Pueblo, fue declarada inconstitucional. Pero aun son más numerosos los que provienen del sector privado. El último caso conocido ha sido el de asistentes de voz que graban las conversaciones de los usuarios.
«El miedo y el desconocimiento son perfectamente funcionales al control de gobiernos y corporaciones y al beneficio, en ingentes plusvalías, de las segundas, a menudo, no sujetas a una tributación real»
El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos establece una serie de principios entre los que destacan tanto la minimización como la limitación de la finalidad. El primero implica que los datos de carácter personal que se reúnan han de ser los adecuados, pertinentes y limitados al propósito para los que son tratados. El segundo significa que los datos personales han de recogerse de acuerdo a fines determinados, explícitos y legítimos. La recogida de datos debe contemplar ambos, tanto en razón de la norma como porque las empresas de telecomunicaciones cuentan con datos de los ciudadanos que podrían usarse en estas circunstancias. Lo que no es aceptable es una vulneración de estos principios amparada por una supuesta ‘seguridad o beneficio para la salud’, generando apps exentas de controles democráticos ni sujetas a open source.
Marx distinguió entre tecnología como medio de comunicación y tecnología como medio de producción; en el mundo de internet esa distinción ha desaparecido, ya que la computadora en red encarna la convergencia entre ambas. En el capitalismo digital esta convergencia es decisiva para el desarrollo de mecanismos de generación de plusvalía y de control. Esta es la magnífica capacidad del capitalismo digital: se garantiza grandes plusvalías, a la vez que desarrolla mecanismos de vigilancia, gracias al procesamiento de datos, que anteriormente solo podían estar al alcance de los gobiernos.
«En la sociedad neoliberal, se habla mucho de libertad, pero se repara muy poco o nada en cómo ejercerla»
Paulo Freire afirmó que ‘decir que los hombres son personas, y como personas son libres, y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva, es una farsa’. En la sociedad neoliberal, se habla mucho de libertad, pero se repara muy poco o nada en cómo ejercerla. La escuela se puede transformar en un vivero de datos para una megaempresa transnacional y nuestros hijos en meros objetos que generan dólares. La ciudadanía puede transformarse tanto en una mina de datos sobre los que negociar, como súbditos sujetos a la vigilancia y control de gobiernos y corporaciones privadas.
¿Vendrá 1984 después de 2020? No es una cuestión ociosa. Internet es un campo de batalla donde se desarrollan procesos y tendencias liberadores o totalitarios; privatizadores o comunes. Esta lucha va camino de transformarse en guerra si las tendencias de vigilancia, control y liquidación de derechos fundamentales que se atisban con el COVID19 se consolidan. No se trata de ser apocalípticos o integrados, sino de entender, como hizo Umberto Eco a finales de los 60 en su análisis de la cultura popular, que para trabajar ‘en y por un mundo construido a la medida humana’ no implica adaptar al hombre a las condiciones de hecho, sino a partir de estas condiciones de hecho. En ese sentido, vincular la Red a prácticas comunes y repensar la producción de forma democrática y socialmente útil, sería la forma de que 1984 sea solo el número de una novela extraordinaria.
