Como dijimos la semana pasada, la inmersión lingüística es un tema delicado. Veremos si soy capaz de contextualizar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (nº 5201/2020) que tanto revuelo está generando en el sistema educativo catalán, de la manera más imparcial posible. Mi opinión personal como docente la reservo para el final.

En primer lugar, hay que señalar que no existe un derecho individual a recibir educación en un idioma. En esto están de acuerdo el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo (TS), el Tribunal Superior de Justicia de Autonomía (TSJ), pero también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

“No existe un derecho humano a ser educado solamente en tu idioma”

En su sentencia de 1968, caso relativo a ciertos aspectos de las leyes lingüísticas en la educación de Bélgica, el Tribunal de Estrasburgo concedió amparo a una familia francófona para que sus hijos recibieran educación en su lengua materna. Una lectura superficial y/o capciosa de esta sentencia, conduce a afirmar que la inmersión lingüística catalana contravendría esta sentencia. Sin embargo, esta impresión es incorrecta.

Bélgica es un país lingüísticamente demediado. En el norte, Flandes, casi la mitad de la población habla flamenco. En Valonia, la región meridional, la población es francófona. Además hay unas pequeñas comarcas donde se habla alemán. No destacan por su éxito los múltiples intentos por aliviar las muchas tensiones políticas que este puzle lingüístico comporta. Sin embargo, uno de los más notables fue asegurar el monopolio de la oficialidad a cada idioma en una zona del país.

“En su sentencia de 1968 […] el Tribunal de Estrasburgo concedió amparo a una familia francófona para que sus hijos recibieran educación en su lengua materna”

El caso que conoció el TEDH fue el siguiente: una familia francófona se mudó como quien dice unas calles más allá. Sin embargo, esa pequeña distancia ubicaba su nuevo domicilio en zona flamenca, lo que les obligaba a matricular a sus hijos en una escuela flamenca, a pesar de que el podían seguir llevando cómodamente a sus hijos en la escuela francófona de toda la vida, en apenas diez minutos en coche.

El TEDH no reconoció el derecho de los padres a educar a los hijos en su lengua materna, ni a elegir la lengua vehicular de sus hijos. De hecho, la sentencia deja muy claro que la política lingüística de la escuela pública queda en manos del Estado, siempre que se haga en alguna de las lenguas oficiales del país. No existe un derecho humano a ser educado solamente en tu idioma. Ahora bien, no existía justificación alguna, en aras del interés público para impedir que sus hijos siguieran asistiendo a una escuela francesa en la zona francófona.

“no existía justificación alguna, en aras del interés público para impedir que sus hijos siguieran asistiendo a una escuela francesa”

Este planteamiento ha sido mantenido por el TS, TC y el TSJ catalán. No existe propiamente un derecho a la educación vehicular en castellano –ni en catalán– en Cataluña. Como reitera la jurisprudencia, el art. 3 de la Constitución garantiza, en efecto, el derecho a usar el castellano, pero también obliga a proteger las demás lenguas del Estado. En aquellas autonomías, como Cataluña, cuyo Estatuto reconoce la cooficialidad de dos idiomas, la Administración pública goza de un gran margen de libertad para determinar la política de lingüística de su sistema educativo.

De hecho, el constitucional avaló como constitucional la Ley de Educación Catalana de 2009 en su sentencia 51/2019. Ya con anterioridad, su sentencia 337/1994, admitió la razonabilidad de un uso superior del catalán en el sistema educativo autonómico para garantizar el conocimiento y preservación de este idioma. Incluso en la sentencia 31/2010, que declaró la inconstitucionalidad parcial del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en 2006, estableció que la ausencia de una referencia explícita en el art. 35 al uso del castellano como lengua vehicular en el ámbito educativo no era inconstitucional. La cooficialidad derivaba del contexto constitucional general.

“el art. 3 de la Constitución garantiza, en efecto, el derecho a usar el castellano, pero también obliga a proteger las demás lenguas del Estado”

¿Entonces dónde está el problema? Pues bien, pese a admitirse la preeminencia de un idioma sobre el otro, los tribunales siempre han hecho referencia a la necesidad de que existan unos mínimos para ambas lenguas.

Esto se concretó en la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2013 (nº de recurso 3011/2012) con un mínimo del 25%. Me gustaría señalar que esta sentencia garantiza también la pervivencia del catalán en el ámbito educativo. Una mayoría parlamentaria contraria a la inmersión lingüística no podría reducir el catalán a una mera asignatura.

“el constitucional avaló como constitucional la Ley de Educación Catalana de 2009 en su sentencia 51/2019”

El año pasado el TSJ de Cataluña sostuvo este criterio en la sentencia que mencionamos al principio. La Generalitat se excusó afirmando que cada centro catalán goza de autonomía lingüística, dentro de la autonomía que dejan sus directrices. El Tribunal, sin embargo, le afea que sólo 5 de 184 centros incluidos en la muestra que presentó la propia Generalitat en el juicio imparten íntegramente un 25% de las áreas o materias en lengua castellana.

El TSJ cierra diciendo que no le corresponde a él determinar qué materias se imparten en castellano para alcanzar el 25%. Es la propia Generalitat, señala, la que debe resolver esta cuestión.

“la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2013 fijó un mínimo del 25% de horas en castellano”

¿Cómo llegamos a Canet de Mar? La Generalitat recurrió la sentencia del TSJ al Supremo y este inadmitió el recurso, por entender que el TSJ se limitaba a seguir la pauta que él propio TS fijó en 2013. A partir de ahí, la Generalitat volvió a su argumento: cada centro es libre para decidir su propio programa lingüístico. Históricamente esta afirmación no deja de ser discutible.

Entonces una familia, la de Canet de Mar, solicitó al TSJ una ejecución de sentencia. Cuando la Administración no cumple con sus obligaciones de buena fe, este recurso permite a los tribunales tomar medidas para asegurar que sus resoluciones se cumplen. Así se dictaron unas medidas cautelarísimas, que impusieron un número de horas en castellano, a la espera de que bien la Generalitat o el propio centro se ajusten a la pauta.

“la Generalitat volvió a su argumento: cada centro es libre para decidir su propio programa lingüístico”

Mientras tanto, diversas organizaciones, como la plataforma Escuela Bilingüe o Societat Civil Catalana han interpuesto nuevos recursos para generalizar la ejecución de la sentencia. Y la Generalitat parece dispuesta a dejar a las direcciones de los centros educativos a los pies de los caballos hasta el final…

Como docente catalán me gustaría añadir unas líneas más personales. En las escuelas estamos hartos de ser un campo de batalla político y recibir presiones de instituciones o agentes externos que nunca han pisado un aula. De un tiempo a esta parte, también la escuela catalana sufre las tensiones políticas que azotan Cataluña y las personas que deberían apaciguarlas sólo muestran interés en estimularlas.

“la Generalitat parece dispuesta a dejar a las direcciones de los centros educativos a los pies de los caballos hasta el final…”

Yo sí que creo en los derechos lingüísticos, como el de conservar tu lengua materna o aprender los idiomas del lugar en el que vives. Y, aunque no de forma exclusiva, creo que el sistema educativo participa sin duda del sostén de estos derechos. Ahora bien, hay un derecho lingüístico que entronca directamente con la que se supone es la esencia del sistema educativo, el aprendizaje como vía de ascenso social. Me refiero naturalmente al derecho a disfrutar de conocimientos idiomáticos para hacerte valer en el futuro dentro del mercado laboral. En ese sentido, me parece que muchos alumnos cuyas familias no alcanzan a sufragar academias de idiomas agradecerían el fomento del inglés en la escuela pública y/o en extraescolares sufragadas por el erario público.