Ya lo dicen que en la vida la prisa mata. Mejor tomarse las cosas con calma que luego aparecen el estrés y, enseguida, los infartos. Esto habrán pensado nuestros diputados y senadores desde 1979 en lo que se refiere al derecho de huelga, el único de nuestros derechos fundamentales no regulado por ley. A ver, sólo han pasado… cuarenta y cuatro años (!). Pero entonces ¿por qué se discute sobre la legalidad de la huelga general convocada por el Sindicato Solidaridad, cercano a Vox, el pasado viernes 24?

Nuestra constitución recoge un extenso listado de derechos en su Título I, que clasifica en tres bloques:

  • Derechos Fundamentales (arts. 14-29 y 30.2).
  • Derechos constitucionales (art. 11-13 y 30-38).
  • Principios Rectores de la política social y económica (art. 39-52).

En el art. 53 la Carta Manga de 1978 explica las diferencias entre grupos. Los Derechos Fundamentales (DDFF), núcleo de las libertades civiles y políticas, son los más protegidos. Son directamente aplicables, o sea, aunque no se los desarrolle por ley, los tribunales deben tenerlos en cuenta en sus pronunciamientos. Cuando el parlamento desea concretarlos, ha de hacerlo por ley orgánica, es decir, necesita mayoría absoluta del Congreso, 176 votos, no bastando que los síes superen a los noes, gracias a las abstenciones.

“el derecho de huelga, el único de nuestros derechos fundamentales no regulado por ley”

Si se quisieran modificar los artículos que regulan los DDFF, habría de acudirse al procedimiento de reforma agravada de la constitución (art. 168). Además de unas mayorías cualificadas, este procedimiento involucra una convocatoria anticipada de elecciones y un referéndum popular obligatorio para ratificar definitivamente la reforma.

Cuando un ciudadano advierta considera que sus derechos fundamentales han quedado vulnerados, puede acudir a unos procedimientos especiales ante los tribunales. Llamados procesos preferentes y sumarios, estos se caracterizan por la agilidad y la prioridad –dentro de los estándares de la justicia española, claro. Más aún, si los tribunales no dieran la razón al ciudadano, este podrá solicitar amparo al Tribunal Constitucional para que revise su caso.

“En el art. 53 la Carta Manga de 1978 explica las diferencias entre, DDFF, derechos constitucionales y principios rectores…”

Los derechos constitucionales (no fundamentales) carecen de algunas de estas garantías. Se desarrollan por ley ordinaria, no orgánica. Su protección judicial discurre, en principio, por cauces procedimentales ordinarios. Tampoco están protegidos por la reforma constitucional agravada. Los particulares no podemos pedir el Constitucional que revise un caso en que entendemos que nos los han vulnerado.

¡Ojo! Caeríamos en un error si pensáramos que no son importantes. En este bloque (arts. 11-13 y 30-38) encontramos el derecho a la propiedad privada, a la herencia, a el derecho al trabajo digno, a la libertad de empresa o la negociación colectiva. Por eso, como ocurre con los derechos fundamentales, estos derechos son directamente aplicables.

“Los derechos constitucionales (no fundamentales) carecen de algunas de estas garantías.”

Distinto es el caso de los Principios Rectores de la política económica y social (art. 39-52), donde se mencionan entre otras las pensiones públicas, el acceso a la sanidad o el derecho a la vivienda. Pese a estar recogidos en la constitución, el art. 53 matiza que únicamente serán de aplicación obligatoria en los términos en que una ley los desarrolle. Si es que lo hace…

Dejaremos para otro día el debate de qué sentido tiene entonces que los Principios Rectores estén en la Carta Magna. Ahora, volvamos al derecho de huelga.

“Dejaremos para otro día el debate de qué sentido tiene entonces que los Principios Rectores estén en la Carta Magna”

La constitución lo recoge en el art. 28.2, entre los DDFF. Por tanto, pertenece a ese grupo de derechos sumamente protegidos. La peculiaridad, como decimos, es que es el único Derecho Fundamental que el Parlamento nunca ha desarrollado en una ley orgánica.

Tal como hemos comentado, la constitución establece que los DDFF son directamente aplicables. Ergo, aunque no haya una ley, los tribunales y los poderes públicos en general no pueden ignorarlos. No obstante, la falta de regulación da pie a toda clase de problemas y abusos, por ejemplo, cuando se trata de fijar servicios mínimos.

“La constitución recoge el derecho a la huelga en el art. 28.2, entre los DDFF.”

Por otro lado, traslada a los jueces la labor del Parlamento. Si no hay una ley que detalle sus pormenores, pero al mismo tiempo la constitución impone su aplicación, los tribunales han de acordar una concepción mínima de qué implica el derecho constitucional.

En este punto se apoyan básicamente en dos textos legales. Uno es el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, aprobado, entre otras cosas, para legalizar la huelga con anterioridad a la aprobación de la constitución. El otro es la sentencia 11/1981, del Tribunal Constitucional, que, precisamente, declaró inconstitucionales algunos pasajes de este Real Decreto-Ley preconstitucional, después de la entrada en vigor de la Carta Magna.

“el Real Decreto-Ley 17/1977, […], aprobado, entre otras cosas, para legalizar la huelga con anterioridad a la aprobación de la constitución”

El art. 11 del Real Decreto-Ley 17/1977 declara ilegales:

  • Las huelgas políticas
  • Las huelgas de solidaridad y
  • Las huelgas contra lo pactado en Convenio Colectivo.

El art. 7 añade al listado:

  • Las huelgas rotatorias y
  • Las huelgas de celo.

En estos casos la huelga es ilegal desde el comienzo, aunque también podría ocurrir que por incumplimiento de los servicios mínimos o algunos trámites de convocatoria una huelga que empezó siendo legal se convirtiera en ilegal. Pero, hoy mejor nos centramos en estos supuestos.

“también podría ocurrir que […] una huelga que empezó siendo legal se convirtiera en ilegal”

Las huelgas rotatorias serían huelgas organizadas entre varios sectores, por ejemplo, supermercados, transporte y agricultura, de modo que una semana se ponen en huelga los camioneros, la siguiente los trabajadores del campo y la tercera los del supermercado. ¿Resultado? Los trabajadores sólo pierden una semana de sueldo, pero bien por falta de transporte, de producto o de personal para su venta, los efectos negativos de esta huelga, el desabastecimiento, se prolongan tres semanas en la patronal de sus respectivos sectores.

Similar es la huelga de celo o, como la llaman en Colombia, operación tortuga. A grandes rasgos, consiste en hacer tu trabajo con tantísimo respeto por la seguridad, haciendo tantas comprobaciones de que todo esta bien, que en la práctica no trabajas. Por ejemplo, un grupo de oficinistas llegan a su puesto y actualizan todos, el antivirus. Después comprueban que el ordenador este limpio de malwares. Cuando la máquina ya está disponible, deciden cercenarse de que su silla sigue siendo segura, acto seguido de que la alarma antiincendios… Entre una cosa y otra, llega la hora de salir.

“la huelga de celo o, como la llaman en Colombia, operación tortuga

Ambas huelgas están consideradas un abuso de derecho. Más o menos lo mismo ocurre con hacer una huelga para mejorar las condiciones de un convenio colectivo. Recordemos que los convenios colectivos surgen del pacto entre patronal y sindicatos, o lo que es lo mismo, la representación de empresarios y trabajadores.

Su duración en el tiempo está limitada, de modo que, antes o después, han de renegociarse. Mientras el convenio está vigente, una vez los sindicatos han pactado con los empresarios unas condiciones de trabajo, mostraría mala fe la convocatoria de una huelga contra las condiciones a las que se ha mostrado consentimiento.

“Mientras el convenio está vigente […] mostraría mala fe la convocatoria de una huelga contra las condiciones a las que se ha mostrado consentimiento”

En cuanto a las huelgas de solidaridad y las huelgas políticas, estas se consideran ilegales por entender que, en nuestro ordenamiento jurídico, la huelga está reservada para defensa de los propios derechos laborales. Por tanto, se consideran ilegales las huelgas convocadas con un fin distinto a este.

El caso prototípico de la huelga de solidaridad sería que, por ejemplo, los mineros se ponen en huelga para protestar por sus bajos sueldos. A fin de aumentar la presión social sobre las empresas mineras, trabajadores totalmente ajenos como los profesores de instituto iniciaran una huelga apoyando la subida de sueldo a los mineros.

“la huelga está reservada para defensa de los propios derechos laborales”

Cosa distinta es que los mineros y los profesores tuvieran intereses en común. Aquellos empiezan una huelga para reivindicar mejores pensiones y los docentes, viendo que también les afecta, deciden adherirse.

La huelga política da un paso más en esa dirección. Imaginemos, por ejemplo, que un sindicato católico convocara una huelga para presionar a fin de que se modifique la ley del aborto. No es algo que guarden relación con los derechos de los trabajadores. Se emplearía un derecho para una finalidad distinta a la que fue creado. En lugar de presionar para lograr mejoras en las condiciones laborales, se estaría usando la huelga como vía de presión política. Por eso, sería ilegal. Algo parecido ocurre con esta huelga convocada contra la futura ley de amnistía.

“se consideran ilegales las huelgas convocadas con un fin distinto a la defensa de los derechos laborales”

Bien es verdad que Solidaridad dice que no es sólo contra la amnistía, sino contra medidas como el traspaso de ciertas competencias de la seguridad social a las comunidades autónomas. Si bien, esto último aún es incierto que se produzca o que vaya a tener un claro efecto negativo para los trabajadores durante sus periodos de invalidez (bajas) o en su jubilación.

¿Qué ocurre si una huelga es declarada ilegal? Rara vez, una huelga se declara ilegal antes de que empiece. Lo más habitual es que los tribunales de la jurisdicción social, concretamente los Tribunales Superiores de Justicia de cada autonomía, o si la huelga excede el ámbito autonómico, la Sala Social de la Audiencia Nacional, la declaran como tal posteriormente. El resultado es que los trabajadores, además de perder su salario ese día, podría verse obligados a asumir los perjuicios ocasionados a la empresa o sanciones por absentismo no justificado en su puesto de trabajo.