Esta semana empieza para los españoles sin estado de alarma. Al tocar la medianoche, entre el sábado y el domingo decayó el Real Decreto 926/2020 y así desaparecieron los toques de queda, las restricciones a la movilidad y casi todas las medidas contra la COVID-19, excepto las mascarillas. Ahora estas se regulan en la Ley 2/2021.

Ahora toca agarrarse porque vienen curvas. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de las Baleares ya ha autorizado al Govern de les Illes a mantener vigentes casi todas las medidas vigentes durante el estado de alarma. La Generalitat Valencia también ha tenido suerte, aunque su TSJ le ha impuesto algunas modificaciones. Pero el TSJ vasco ya le ha dicho al Lehendakari que naranjas de la china. El mismo panorama se ha encontrado el Gobierno canario, primera autonomía en acudir al Tribunal Supremo.

«Al tocar la medianoche, entre el sábado y el domingo decayó el Real Decreto 926/2020 y así desaparecieron […] casi todas las medidas contra la COVID-19, excepto las mascarillas»

Y hasta 19 criterios judiciales distintos nos podemos encontrar. Sí, no me he vuelto loco. El TSJ andaluz tiene tres salas de lo contencioso-administrativo: una para Andalucía, otra para Ceuta y otra para Melilla. Y cada una de ellas puede tener su propio criterio llegado el caso…

Por cierto, para quien no esté familiarizado con el término “contencioso-administrativo” se trata de un orden jurisdiccional, como son lo civil, lo penal, lo social o laboral… Los tribunales de esta clase se ocupan de los procesos judiciales en que es parte la Administración en el ejercicio de sus poderes públicos.

«hasta 19 criterios judiciales distintos nos podemos encontrar»

¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Se podrían haber hecho las cosas de otra manera? Hace meses ya escribí en The Citizen que la mejor alternativa era prolongar el estado de alarma cuánto fuese preciso, mientras durara la crisis pandémica. La idea de aprobar leyes que permitieran restringir derechos fundamentales, como pide parte de la oposición, no sólo parece inconstitucional, sino demencial.

El sábado por la noche, por cierto, escuché el argumento más surrealista en favor de esta postura. Lo daba Eduardo Inda en la Sexta Noche. Según él, había que acabar el estado de alarma porque recordaba demasiado a cuando Franco proclamaba los estados de excepción en alguna provincia o en todo el país. Supongo que nunca le dijeron eso de no juzgar un libro por la portada.

«Puestos a hacer una chapuza semejante, digo yo que el Gobierno podría haber enviado directamente a las autonomías al Tribunal Supremo o, como alternativa, a la Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional»

Siguiendo el esquema de todas las constituciones de postguerra, la española de 1978 permite al parlamento regular los derechos fundamentales, pero debe respetar su “contenido esencial”. Esta expresión acuñada por el Tribunal Constitucional se refiera a los elementos que hace que realmente podamos decir tal derecho existe.

Si hacemos como Inda y miramos al franquismo, descubriremos que aquella dictadura se definía como “democracia orgánica” y que sus Leyes Fundamentales y el Fuero de los Españoles, una especie de constitución dispersa, proclamaban muchos derechos, entre ellos la libertad de expresión o de prensa. Tranquilos, no voy a proponer abolir la democracia ni estas libertades por guardar cierto parecido formal con las normas franquistas. Lo que me interesa subrayar es que cuando una dictadura dice: “hay libertad de prensa sin más restricciones que las que marque la ley” utiliza una frase que perfectamente puede recoger una legislación democrática. ¿La diferencia? El respeto al contenido esencial del derecho.

«La constitución dice que para suspender derechos de manera generalizada, precisas, al menos del estado de alarma»

La democracia restringirá insultos, calumnias, amenazas y manifestaciones de odio peligrosas. En la dictadura se permite todo esto y más contra sus adversarios y por supuesto castiga cualquier crítica a su gobierno. Aunque lo proclame, el derecho desaparece.

Para los momentos en qué fuese imprescindible restringir derechos fundamentales de manera generalizada y siempre en base a una justificación suficiente, la constitución de 1978 (art.116) establece los estados de excepción, alarma y sitio. Pero ahora nadie quiere arriesgarse a puntuar mal en las encuestas.

«¿Qué se podría haber hecho? Reformar esa ley orgánica, para dar más poder al Congreso en la gestión y modificación del estado de alarma»

Si el Gobierno teme el precio político de prorrogar el estado de alarma, si la oposición no se lo pide, la oposición entra en pánico sólo de imaginarlo. Pero algo había que hacer, para que el 9 de mayo, no cayeran todas las medidas de golpe sin posibilidad de mantenerlas o rehabilitarlas. La solución ha sido el Real Decreto-Ley 8/2021 que establece que para suspender derechos sin estado de alarma, las autonomías deben pedir autorización a su TSJ y, si no se la da, acudir al Supremo.

Puestos a hacer una chapuza semejante, digo yo que el Gobierno podría haber enviado directamente a las autonomías al Tribunal Supremo o, como alternativa, a la Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional. De ese modo, se habría garantizado un criterio homogéneo y no arriesgarse a 19 distintos.

«Si el Gobierno teme el precio político de prorrogar el estado de alarma, si la oposición no se lo pide, la oposición entra en pánico sólo de imaginarlo»

Alguien se preguntará ¿pero entonces no había nada qué hacer salvo prorrogar el estado de alarma? ¿no se podía haber mejorado nada? Naturalmente que sí.

La constitución dice que para suspender derechos de manera generalizada, precisas, al menos del estado de alarma. Además exige que si dura más de 15 días, el Congreso lo autorice. También recoge qué derechos se pueden suspender y cuáles son intocables, pero no va más allá. Los pormenores de los estados de alarma, excepción y sitio se regularon en la Ley Orgánica 4/1981. Una ley bastante buena, por cierto. Ya contempla escenarios de pandemias.

¿Qué se podría haber hecho? Reformar esa ley orgánica, para dar más poder al Congreso en la gestión y modificación del estado de alarma, involucrar a las administraciones autonómicas, insulares e incluso locales… Quizás a grupos de profesionales implicados en la gestión de la pandemia y a los sectores afectados. No a través de meras consultas, sino de órganos oficiales.

Pero en un clima de electoralismo perpetuo, no había espacio para un debate sosegado…

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here