¿Cómo es posible que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid diga que nada de manifestaciones para el 8-M y en el TSJ de Castilla y León diga todo lo contrario? Enseguida nos viene a la mente la politización de la justicia.

¿Acaso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no nombra a algunos magistrados de los TSJ a partir de una lista de candidatos que le dan las Asambleas de las Comunidades Autónomas? Sí, concretamente 1/3 de los magistrados de la Sala Civil-Penal de cada TSJ. Sin embargo, han sido las salas de lo contencioso-administrativo las responsables de decidir sobre las manifestaciones.

Alguien dirá que, al final, con o sin los parlamentos autonómicos, el CGPJ nombra a los miembros de los Altos Tribunales ¿no? Quizás al CGPJ de Castilla y León lo nombró un CGPJ más progresista y al de Madrid uno más conservador.

¿Quién sabe? ¿Hay prejuicios ideológicos en la decisión del TSJ de Madrid? No puedo descartarlo al 100%, pero creo que sería bueno contemplar otra perspectiva: ¿realmente había una respuesta correcta al dilema planteando?

Tanto el TSJ castellanoleonés como el madrileño analizan una colisión de Derechos Fundamentales: por un lado el derecho de reunión/manifestación; por el otro los derechos a la vida, a la salud física y psíquica, y a la seguridad. El TSJ con sede en la capital ha priorizado el último, su homólogo de Valladolid ha priorizado el primero, aunque con severas restricciones.

Como explica Zagrebelsky, antiguo Presidente del Tribunal Constitucional italiano, las colisiones entre Derechos Fundamentales o Derechos Humanos no pueden resolverse según el método tradicional de aplicación del Derecho. No es posible acordar la interpretación de una norma y concretar a qué supuestos de hecho se aplica. El método es el inverso, hay que valorar caso por caso, admitiendo que a menudo existe más de una solución correcta.

Para ejemplificar esto, Zagrebelsky cita el caso Serena, una niña adoptada por unos padres italianos. Tras años de vida en Italia, sus padres biológicos se presentaron para reclamarla. Aportaron pruebas que demostraban que nunca consintieron en la adopción. La niña les había sido arrebatada. Los padres italianos desconocían este hecho, lo que también quedó probado. ¿Cuál era el interés superior de la menor? ¿Cuál era la decisión correcta? Había buenos motivos en favor de ambas partes.

Caso similar es el caso Odiévre c. Francia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una ciudadana francesa pedía que se le permitiera conocer sus orígenes biológicos. Su madre la había dado en adopción al nacer. La ley francesa permite a la madre biológica escoger que su identidad permanezca anónima o dejar abierta la puerta a que su hijo/a le pueda identificarla al llegar a la edad adulta. ¿Qué debía prevalecer? ¿El derecho a la intimidad de la madre o el derecho de la hija a conocer su identidad y origen? Pues baste con señalar que la sala del TEDH se dividió: en diez a favor de la intimidad, cuatro de ellos con matices, frente a siete defensores del derecho a la información de Odiévre. Para más inri, la sentencia de la mayoría dice que tanto priorizar uno como otro derecho estaba amparado por el Convenio Europeo de DDHH, luego los Estados tenían libertad ante esta “cuestión compleja”.

¿Estos casos son verdaderas decisiones jurídicas o más bien políticas? Bueno, como dice Zagrebelsky, desde luego no son decisiones propias del método jurídico tradicional, aunque no olvidemos que este ofrecía una protección judicial de los derechos frente a las decisiones del Gobierno y el Parlamento era entre nula y escasa. Dicho de otro modo, si queremos una justicia que proteja nuestros derechos es inevitable ampliar las modalidades de toma de decisión de los tribunales más allá del legalismo del S XIX.

Regresemos a España y al presente. En primer lugar, habría que plantearse si las concentraciones en Castilla y León habrían sido las mismas que las de Madrid. Numéricamente, parece bastante razonable pensar que tendrían mayor afluencia las convocadas en un área metropolitana que en áreas rurales o núcleos urbanos más pequeños. Ergo, ¿realmente estamos ante casos idénticos con decisiones dispares? ¿o casos distintos con distintas decisiones?

En segundo término, vuelvo a mi argumento inicial, al ponderar dos derechos ¿hay una única respuesta correcta? En mi opinión había buenos argumentos en favor de permitir la manifestación: el evento es aire libre, había previstas medidas de seguridad diversas, el riesgo de contagio era bajo si comparamos con, por ejemplo, el transporte público…; pero también los había en contra: podía agruparse mucha más gente de la prevista, después de todo el 8-M de 2017 rompió todos los récords de convocatoria, así como usar el transporte público es insalvable para realizar otras actividades como ir al trabajo que permiten vivir, la manifestación no es esencial para la reivindicación feminista, mientras que plantea un riesgo para la vida y la salud, con las UCI aún colapsadas.

Dicho esto, debo decir que me resulta incomprensible la lógica de autorizar unas concentraciones y otras no. Sin duda, el 8-M tiene un poder de convocatoria muy superior a la de otros grupos, tales como neonazis nostálgicos, negacionistas de la COVID y otros. No obstante, el Delegado del Gobierno debería plantearse un criterio un poco más homogéneo para evitar agravios y el daño gratuito que estos conllevan.

Dicho sea de paso, también la Presidenta autonómica debería alcanzar un acuerdo consigo misma. A ver si prohibir las salidas en Semana Santa va a ser paternalismo y prohibir manifestaciones el Día de la Mujer cumplir con la Ley.

En cuanto a los tribunales harían bien en esforzarse explicarse mejor a la ciudadanía e intentar explicar por qué dos TSJ toman decisiones distintas en casos que a pie de calle pueden parecer iguales. Publicar la sentencia ya no basta. La auténtica democratización del poder judicial vendrá de la mano de una mejor comunicación, de una rendición de cuentas ante el pueblo de quien, dice la constitución, emana la justicia.

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