Como es notorio, hace unos días el Gobierno concedió un indulto parcial a María Sevilla. Encarcelada en febrero de 2022, Sevilla fue condenada en 2020 a dos años y cuatro meses de prisión y retirada de la patria potestad durante cuatro años por sustracción de menores. Sustracción que supuso, entre otras cosas, privar a su hijo «del derecho a la escolarización y la socialización con otros menores”, según reza la sentencia.
Tras el indulto, la ministra de Igualdad manifestaba su alegría, definía la gracia como un triunfo del feminismo y afirmaba que así se reparaba la deuda que el Estado tiene con las mujeres que «se protegen a sí mismas y a sus hijos de la violencia machista». Con las «madres protectoras«, en sus propias palabras.
El revuelo generado por el perdón ha sido grande y la medida ha recibido críticas y alabanzas por igual. Razones para ambas cosas habrá, sin duda, pero la sensación que me produce la decisión del Consejo de Ministros es de fracaso. Fracaso de una clase política que, ni siquiera con menores por medio, es capaz de hacer bien su trabajo o, a la inversa, de reconocer sus limitaciones y dar un paso atrás.
Me explico.
No soy jurista ni experto en el caso. Lo conozco, como casi todo españolito de a pie, por la prensa y los telediarios. Sus entresijos reales están más allá de mis conocimientos y no puedo entrar a valorar si la sentencia fue más o menos justa, si las circunstancias no dejaron otra salida a María, si el niño estaba en riesgo de abusos y si el objetivo de la madre era proteger a su hijo, como afirman ella y muchos otros, o dañar al padre, como afirman él y muchos más.
El razonamiento materno que se nos trasladó en su día fue algo así como: mi hijo está en riesgo de abusos; le han concedido la custodia al padre; va a poder abusar de él; pues me lo llevo, lo encierro, lo oculto y así lo protejo.
Madre protectora, Montero dixit, por encima de todo.
Unas acciones que podríamos realizar cualquier madre o padre para proteger a nuestro pequeño, pero que no deja de ser la ley de la selva, un defiéndete tú porque sino nadie lo hará. Y eso, señoras y señores, es la manifestación de un fracaso político.
Como la sociedad, el estado o los poderes públicos no son capaces de proteger a mi hijo, yo hago lo que considero necesario para resguardarlo. Repito, algo que podemos sopesar cualquiera, pero que es la materialización de un fiasco.
La solución a la inseguridad de los menores, a la violencia que puedan sufrir, no puede ser dejar hacer lo que se quiera y luego, si quien se salta la ley lo amerita, que el Estado acuda al rescate. La solución no puede ser una legión de madres protectoras -o de padres protectores, que también alguno habrá- saltándose las leyes, cual saltimbanquis circenses, y que después el gobierno de turno les indulte como pago de «una deuda».
El Estado «tiene una deuda» con «las madres protectoras» y tiene que «ser capaz de proteger» a estas mujeres, dice la señora Montero.
No, ministra, no. La deuda, en todo caso, es con los menores, con las niñas, niños y niñes. Con los más débiles de la ecuación y a los que hay que dar garantías y decirles que no se permitirá que nadie les dañe.
La elección del mal menor -permitir el secuestro de un niño para evitar abusos- no es respuesta a nada. Es un parche. Un parche a la ineficacia y la ineficiencia política.
Todas y todos queremos defender a nuestra familia y haríamos lo que fuese para ponerla a salvo. Pero ese lo que fuese debería estar matizado por un «dentro de la ley y con el apoyo de los poderes del estado». Apoyo previo, que no a posteriori para compensar yerros de distinto cuño.
Porque este tipo de lógica es la que aplican ciertas administraciones para justificar que sus ciudadanos lleven armas a partir de los 18 años para defensa propia, para defensa de su familia. Es el tipo de lógica que pide más armas para protegerse de las agresiones y no más educación, mejor legislación, más prevención.
Defensa propia. Defensa de la familia. Razones válidas, pero ¿eso es lo que queremos? ¿Una espiral de más armas o más huidas o más raptos preventivos? ¿Eso es lo máximo a lo que aspirar, a combatir la violencia con violencia? Y además, ¿se puede trasladar a la ciudadanía «haz lo que quieras, que ya te lo arreglo yo luego»?
Sé que, si lo veo en peligro, huiré con mi hijo hasta el fin del mundo y nos ocultaremos bajo veinte capas de invisibilidad. Pero nadie me va a convencer de que eso es lo mejor. Porque lo mejor es que mi hijo pueda crecer sin miedos, sin abusos, seguro y libre en cualquier parte.
El indulto, más que a María, se lo ha dado la casta política a sí misma para lavar sus faltas, sus carencias a la hora de dar marcos legales sólidos a familias y menores.
Señora Irene Montero, usted es Ministra. Con cartera, con mayúsculas, con poder. Cambie leyes y dé garantías a todos. Estudie los problemas, busque asesores, obtenga información, ofrezca soluciones. Pero no reparta indultos compensatorios que no resuelven incompetencias históricas. No predique la burla a la ley como paradigma a seguir. No nos diga que podemos hacer lo que queramos siempre y cuando lo justifiquemos en ser «madres protectoras». Porque esa excusa no es válida y porque, de seguir su consejo, lo mismo no da abasto a conceder tanto indulto.
