La semana pasada hablamos de la objeción de conciencia en relación al aborto. Nos centramos explicar por qué la ley prohíbe a las Administraciones derivarlos por defecto a la sanidad privada. Hoy me gustaría centrarme en la objeción de conciencia como concepto y a qué ámbitos alcanza.

A diferencia de la desobediencia civil, el objetor de conciencia no pretende cambiar la sociedad ni la ley. Solamente pide al Estado un marco jurídico que le permita resolver el conflicto entre su moral y sus deberes como ciudadano, sin defraudar la legalidad ni su propia ética.

“A diferencia de la desobediencia civil, el objetor de conciencia no pretende cambiar la sociedad ni la ley”

Tradicionalmente, el servicio militar y el ámbito sanitario han sido los dos ámbitos donde más ha dado que hablar la objeción de conciencia. Otros ámbitos donde se ha planteado su apreciación, dentro y fuera de España, serían: la objeción de conciencia a participar del jurado o de la mesa electoral. Luego está la objeción de conciencia tributaria.

Esta última puede sonar a broma: “soy objetor de conciencia a pagar impuestos”. Pero la cosa no es exactamente así. Los objetores de conciencia fiscales o tributarios no piden pagar menos impuestos, sino que el dinero que ellos pagan no se destine, por ejemplo, a la financiación de clínicas abortivas o a las fuerzas armadas.

“Otros ámbitos […] serían: la objeción de conciencia a participar del jurado o de la mesa electoral y objeción de conciencia tributaria”

Cuando aparecieron las uniones civiles y matrimonios entre personas del mismo sexo, funcionarios aquí y allá solicitaban ser reconocidos como objetores de conciencia para celebrar estos enlaces. En coincidencia con los Altos Tribunales de diversos países, el Tribunal Europeo de DDHH (TEDH) sentenció en el caso Eweida y otros contra Reino Unido, que el Convenio Europeo de DDHH no amparaba semejante objeción de conciencia.

Por razones evidentes, la objeción de conciencia se reconoce en casos muy limitados. Si por motivos de conciencia cualquier obligación civil quedar en entredicho, la seguridad jurídica y la sociedad en general entrarían en crisis.

“Cuando aparecieron las uniones civiles y matrimonios entre personas del mismo sexo, funcionarios aquí y allá solicitaban ser reconocidos como objetores de conciencia para celebrar estos enlaces”

Es más, el pasado marzo, el TEDH dejó claro que no existe el derecho humano a la objeción de conciencia, ni siquiera en el aborto. En Grimmark contra Suecia y Steen contra Suecia, Estrasburgo mantuvo que la prohibición por ley de la objeción de conciencia en la sanidad sueca no vulnera los DDHH. ¡Ojo! Esto no significa que los Estados no puedan reconocerla. Simplemente, el Convenio Europeo de DDHH les da la libertad de hacerlo o no hacerlo.

“el pasado marzo, el TEDH dejó claro que no existe el derecho humano a la objeción de conciencia, ni siquiera en el aborto”

En España la objeción de conciencia entra en el ordenamiento jurídico en 1978. Más exactamente en el art. 30.2 de la constitución que recoge la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Ninguna mención a la objeción de conciencia en otros ámbitos. Y no hubiese habido, sin un giro inesperado de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en 1985.

Hasta ese año, la postura el Alto Tribunal no pudo ser más restrictiva. Entre otras, su sentencia nº15/1982 afirma que la constitución ni siquiera recoge la objeción de conciencia al servicio militar, sino el derecho a ser declarado objetor en los términos que apruebe el parlamento.

“En España la objeción de conciencia entra en el ordenamiento jurídico en 1978”

La ruptura con esta línea interpretativa llegó con el debate de la ley del aborto de 1985. En esa época, diputados y senadores podían presentar al TC recursos previos de inconstitucionalidad. El propósito de este instrumento era determinar si un proyecto de ley si era constitucional antes de aprobarlo. De ese modo, se impediría la entrada en vigor de leyes inconstitucionales.

Así se dictó la sentencia nº53/1985 del TC, quizás la más polémica de toda su historia. Seis magistrados contra seis, el voto de calidad del Presidente desempató. La constitucionalidad del aborto estaba fuera de debate, pero no ocurría lo mismo con las garantías que debían acompañarlo.

“la sentencia nº53/1985 del TC, quizás la más polémica de toda su historia. Seis magistrados contra seis”

La mitad del tribunal entendía que su trabajo se limitaba a declarar que el aborto era constitucional. A partir de ahí correspondía al Congreso decidir cómo regularlo. La otra mitad con el Presidente a la cabeza declaró que el proyecto de ley era inconstitucional porque faltaban diversas garantías que se permitió concretar. Prácticamente estableció cuál había de ser el redactado del proyecto de ley, invadiendo con claridad el terreno del parlamento. Además, sin que nadie se lo hubiese preguntado, introdujo la objeción de conciencia para médicos, derecho que, a su entender se deducía de la libertad ideológica y de conciencia del art. 16.1 CE.

A partir de ahí ocurrieron dos cosas: 1ª) ese mismo año se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para abolir la figura del recurso previo de inconstitucionalidad sobre proyectos o proposiciones de ley (en 2015 se recuperó sólo para Estatutos de autonomía); y 2ª) se desencadenó un alud de recursos de amparo. Muchas personas querían que el tribunal les dijera si la libertad de conciencia también reconocía otras formas de objeción de conciencia.

“La mitad del TC declaró […] prácticamente estableció cuál había de ser el redactado del proyecto de ley, invadiendo con claridad el terreno del parlamento”

Para resolver el problemón que él solito se había generado, el constitucional corta por lo sano en su sentencia nº161/1987:

La objeción de conciencia con carácter general, es decir, el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues significaría la negación misma de la idea del Estado”

De la objeción de conciencia sólo existe si se establece por Ley y, en el caso del servicio militar, debe existir, pero el Legislador puede ser más o menos restrictivo, se pasó a la objeción de conciencia existe sólo cuando lo diga el Legislador o el Constitucional entienda que se recoge en el art. 16.1 de la carta magna. Eso sí, que nadie se emocione que se va a reconocer poco fuera del aborto.

“Para resolver el problemón que él solito se había generado, el constitucional corta por lo sano en su sentencia nº161/1987”

Al margen de los médicos directamente involucrados en un aborto, sólo se ha reconocido a los farmacéuticos (STC 145/2015) para dispensar la llamada píldora del día después. Eso sí, no cabe objeción de conciencia profilácticos y anticonceptivos. Todo farmacéutico debe dispensar pastillas anticonceptivas y condones.

El año pasado apareció la objeción de conciencia sanitaria a intervenir en procedimientos de eutanasia. Pero esa fue la voluntad del parlamento, no del TC.

Haciendo de abogados del diablo, podríamos decir que aunque el proceder del TC nos parezca desafortunado o incoherente, lo cierto es que el aborto y el servicio militar obligatorio se han reconocido como los ámbitos donde más fuerte y justificado está atender al conflicto de conciencia. En ambos supuestos, se afecta potencialmente al derecho a la vida.

“Al margen de los médicos directamente involucrados en un aborto, sólo se ha reconocido a los farmacéuticos para dispensar la llamada píldora del día después”

Digo potencialmente porque no existe certidumbre total de que un embarazo llegue a término aunque no se practique un aborto clínico. En cuanto a la “mili”, la mayoría de objeciones suelen fundarse en el pacifismo, en no querer aprender a matar. Se olvida un motivo de mayor peso: en caso de guerra, los reclutas del servicio militar pueden ser enviados al frente. Mi abuelo fue movilizado en la breve guerra de Infi (1957-1958), entre Marruecos contra Francia y España. Por suerte no llegó a combatir.

En definitiva, parece razonable que en ambos ámbitos y, por extensión, en la eutanasia se contemple la objeción de conciencia. Ahora bien, como dijimos al principio, ningún derecho es absoluto.

“la lógica dicta que ningún sistema sanitario puede anteponer la libertad de su personal a los derechos reconocidos a sus pacientes”

En España, el servicio militar obligatorio se encuentra en suspensión desde 1999. Si se restableciera, por cualquier motivo, sería obligatorio contemplar alguna modalidad de objeción de conciencia. Sin embargo, en determinados escenarios, como una invasión a gran escala de nuestro país, la objeción de conciencia podría ceder ante la necesidad de participar –de un modo u otro- de la defensa nacional.

El mismo principio rige para el médico objetor de conciencia en el ámbito sanitario. En última instancia, la lógica dicta que ningún sistema sanitario puede anteponer la libertad de su personal a los derechos reconocidos a sus pacientes.

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