Desde hace años, con las leyes de igualdad me ocurre lo mismo. La lectura de las propuestas legislativas en trámite me decepciona. Una norma que poco o nada aporta se presenta como socialmente revolucionaria. La noble causa de la igualdad se degrada a una distracción electoralista.

Claro que cuando empieza el debate parlamentario y escucho cómo se ataca la propuesta, casi que me siento obligado a defenderla. El último proyecto de ley del Ministerio de Igualdad no ha sido ninguna excepción.

“la ley que ahora mismo se debate en el Congreso y el Senado nada dice de las miradas o los piropos”

Empecemos por la defensa de acusaciones injustas. Una diputada de Vox aseguró que la Ministra de Igualdad quería penalizar las miradas lascivas y los piropos. Hace tiempo que la rumorología machista ha probado su efectividad. Mucha gente está convencida de que la ley de violencia de género pone penas más altas si un hombre mata a la mujer que a la inversa, o que se presume la culpabilidad del varón si una mujer lo denuncia… Todo mentira.

El Ministerio de Igualdad incluyó en su Macroestadística de 2019 como víctimas de violencia de género a mujeres que hubiesen recibido miradas o comentarios machistas por la calle. La polémica no se hizo esperar ya que no quedaba muy claro qué tipo de comentarios o miradas eran esos, de modo que el Ministerio dio alas a quienes le acusan de engrosar las estadísticas de violencia de género. Ahora bien, la ley que ahora mismo se debate en el Congreso y el Senado nada dice de las miradas o los piropos.

“en 2007 ya se aprobó una Ley Orgánica de Igualdad de Género que entre otras cosas se ocupa de prevenir el acoso sexual”

Entonces ¿por qué no lo negó la Ministra en su réplica parlamentaria? No estoy en la cabeza de la señora Montero, pero sólo veo dos posibilidades: o no ha leído su propio proyecto de ley, cosa que parece improbable, o bien, ya le interesa que a pie de calle se crea que la ley incluirá esas previsiones.

Vamos ahora con las críticas.

El título ya no puede ser más pretencioso: “Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual”. Teóricamente se trata de una norma para prevenir el acoso sexual en diferentes ámbitos, como el laboral, escolar, las fuerzas armadas… La idea no es mala. De hecho es tan buena, que en 2007 ya se aprobó una Ley Orgánica de Igualdad de Género que entre otras cosas se ocupa de prevenir el acoso sexual.

“la mayor parte de la norma duplica a la norma de 2007”

¿Aporta algo el proyecto de la ministra Montero? Sería injusto responder nada. Clarifica los espacios sociales a los que alcanza el acoso sexual. También aborda la cuestión del acoso callejero, aunque si ahondar demasiado. Sin embargo, en su mayor parte es innecesaria. Duplica a la norma de 2007. En mi opinión, más que nuevas leyes, estas materias necesitan reglamentos más precisos. Pero ya se sabe que electoralmente, los reglamentos visten muy poco. La gente no sabe que existen. Las leyes, en cambio van al parlamento. Los debates subidos de tono se trasladan a las redes.

¿Algo reprochable entre sus pocas novedades? Cada cual tendrá su parecer. En mi opinión, son manifiestamente mejorables sus preceptos sobre el reconocimiento forense. En varios apartados, el proyecto de ley pide que el reconocimiento a una víctima de agresión sexual se realice por médicos y psicólogos forenses especializados. El problema es que tal como están escritos poco significa.

“son manifiestamente mejorables sus preceptos sobre el reconocimiento forense”

Es verdad que un posterior reglamento podría precisar qué se entiende por especialista. Sin embargo, se ha dejado pasar una oportunidad de oro para establecer un título de especialización forense de reconocimiento y atención a víctimas de violencia de género. Porque en ausencia de ese título académico ¿qué significa ser especialista? ¿Haber trabajado en el campo? ¿Ser ginecólogo? ¿Ser psicólogo experto en estrés postraumático o agresiones sexuales? En la Ley, como en la calle, la palabra “especialista” se convierte fácilmente en un vocablo vacío.

El punto que me parece más criticable es que a partir de ahora los delitos relativos a la libertad sexual dejan de ser semiprivados. Me explico,  en el derecho penal, se distingue entre delitos públicos, privados y semiprivados.

“En la Ley, como en la calle, la palabra “especialista” se convierte fácilmente en un vocablo vacío”

Los delitos privados sólo son dos: la injuria y la calumnia. Para que se les pueda juzgar se requiere que la víctima se querelle y además, si retira la querella no se puede seguir con el juicio. Los delitos públicos, la amplia mayoría, se persiguen con independencia de la voluntad de la víctima. Luego están los delitos semiprivados, en los que se requiere que la víctima denuncie, pero, una vez denuncia, aunque retire su acusación el proceso podrá continuar.

Los delitos semiprivados suelen seguir dos lógicas: no son especialmente graves, como las lesiones menos graves y/o leves, la mayoría de las que produce la violencia de género; o bien, involucran la privacidad de la víctima, como ocurre con la fecundación involuntaria, la revelación de secretos o, de momento, las agresiones sexuales. ¡Ojo! Si la víctima es menor o padece una discapacidad psíquica severa, sus padres, tutores o la misma fiscalía pueden perseguir el delito sin su denuncia.

“El punto que me parece más criticable es que a partir de ahora los delitos relativos a la libertad sexual dejan de ser semiprivados”

Se busca evitar la llamada “doble victimización”, es decir, que después de pasar por una agresión sexual, encima tengas que declarar sobre ello en un juicio si no lo deseas.

¿Esto es correcto? También tentativa de asesinato puede ser muy desagradable de rememorar en un juicio. Sin embargo, ahí la víctima no tiene opción.

Los defensores del delito semiprivado sostienen que, en muchos casos, sin el testimonio de la víctima, perseguir estos delitos resulta casi imposible. Bien porque la víctima que comparece como testigo se escudará en que no recuerda nada, bien porque puede incluso convertirse en el mejor abogado de su agresor negando los hechos. Como es sabido, esta es una circunstancia que, por desgracia, se da a menudo en víctimas de violencia de género.

“Cada día cuesta más difícil creerse que alguien se tome en serio la política”

Los críticos sostienen que se pone demasiada presión sobre la víctima: primero tiene que denunciar, después declarar en la misma habitación que su agresor y además tiene que hacerlo primero ante el juez instructor y después ante el tribunal cuando se abra juicio oral. Estos trámites se podrían agilizar, por cierto, algo que la ley de la señora Montero no prevé.

El proyecto dice que para perseguir los delitos sexuales bastará la querella del Ministerio Fiscal “que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia”. Y mi pregunta es ¿y eso qué significa? Porque el proyecto no lo aclara. En definitiva, si la ley se aprueba, el año que viene será la Fiscal General del Estado quien emitirá una circular dándole un sentido.

Cada día cuesta más difícil creerse que alguien se tome en serio la política. La farsa ha invadido el parlamento y contaminado el Boletín Oficial del Estado.

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