Incluso con malas formas, la defensa de nuestros derechos expresa siempre conciencia cívica, ni que sea incipiente. Tal vez, eso sea lo único positivo que se deduce de las iracundas reacciones que siguieron en las redes al lapsus de un oficial policial hace dos semanas. Faltó tiempo para decir que el gobierno preparaba un plan masivo de censura.

«Está genial que tengamos claro el valor de la libertad de expresión. Ahora bien, seamos racionales en su defensa, que la histeria conduce a la injusticia»

Está genial que tengamos claro el valor de la libertad de expresión. Ahora bien, seamos racionales en su defensa, que la histeria conduce a la injusticia. De veras me cuesta entender que muchos crean que nuestro país ya existe la censura. Lo siento por quien haya visto sancionado su perfil en una red social, de manera cuestionable. No negaré que a veces los criterios de las redes -empresas privadas- generan agravios comparativos. Eso sí, intentad googlear «plaza de Tiananmén 1989» en China, o «homosexualidad» en Irán. 0 resultados o sólo los amparados por el gobierno. En Arabia Saudí o Marruecos, cualquier crítica a la monarquía -y no habló de insultos o acusaciones de ningún tipo- constituye un delito. En cuanto a quienes creen que las series y películas conspiran para imponer el pensamiento único, respetuosamente, les diría que veo más probable la hipótesis del estudio de mercado sobre los colectivos que conforman la sociedad actual, que la mano negra de los illuminatis.

Basta con pasearse un rato por internet u hojear la prensa escrita para ver que abundan las críticas al gobierno, mejor o peor argumentadas, más o menos educadas, pero ahí están. Si alguien tiene información de que nuestro gobierno prepara una maniobra para anular nuestras libertades que nos los haga saber. Por mi parte, no dejo de asombrarme de que, cada vez que se cambia de gobierno, una parte de la oposición acuse de dictador, autoritario, fascista o, si está a la última, nazicomunista al presidente y sus ministros. Recordad lo que se decía de Rajoy… y, sinceramente, aunque no me gustan todas las leyes de su mandato, me parecería exagerado decir que perdimos nuestros derechos fundamentales, como me parece infundado decir que los perderemos con Pedro Sánchez. Ya no se trata sólo de los órganos institucionales nacionales, como el Tribunal Constitucional, que frenarían una hipotética deriva autoritaria del gobierno, sino del peso de las instituciones europeas.

A partir de ahí, cabe preguntarse ¿está en riesgo el derecho a la información por un peligro nuevo como la desinformación? ¿y si es así, censurar esas publicaciones es una solución?

Aunque lo ejerzan principalmente los periodistas, todos tenemos derecho a informar y lo más importante: todos tenemos derecho a informarnos. Sin información veraz, muchas de nuestras libertades y derechos se truncan. Nuestra participación política y posición ideológica se vician. No son menores los riesgos que la desinformación puede causarnos a la hora de administrar nuestro patrimonio o tomar decisiones laborales.

«el derecho a la información ampara toda comunicación de información veraz (STC 159 /1985), aunque luego se demuestre errónea». En la práctica esto plantea un problema evidente ¿cuáles son los criterios de la veracidad?»

Sin embargo, exigir a un periodista que sólo informe de hechos absolutamente ciertos supondría dejar fuera del debate público versiones enfrentadas en torno a un suceso, hipótesis razonablemente fundamentadas o hechos que sólo se pueden conocer por testigos indirectos, ya que, por ejemplo, quienes los vivieron han fallecido. Por eso, el derecho a la información ampara toda comunicación de información veraz (STC 159 /1985), aunque luego se demuestre errónea. En la práctica esto plantea un problema evidente ¿cuáles son los criterios de la veracidad? ¿y cómo podemos saberlo con el secreto de fuentes? (¿Y cómo hacer periodismo, sin el secreto de fuentes?) No menor es el desafío de deslindar entre «información» y «opinión», pese a que tiene importantes consecuencias. La difusión de la primera está más protegida jurídicamente que la otra cuando entra en conflicto con el honor o la intimidad ajena, porque, como hemos dicho, la información nos ayuda a configurar muchas de nuestras interacciones en sociedad. Por supuesto, esta protección se circunscribe a que la noticia tenga interés público -no confundir con interés del público- y a su veracidad.

De acuerdo, en teoría, cuando informamos, pretendemos que nuestro interlocutor entienda como objetivo aquello que se le transmite. Si no nos cree, la comunicación ha fallado. Cuando opinamos, el receptor debería percibir la subjetividad de nuestras valoraciones, de ahí que la comunicación sea exitosa simplemente si logramos que nos escuche. Ahora, estaréis de acuerdo conmigo, en que la distinción rara vez es nítida y es que informar y opinar se entremezclan mucho, quizás demasiado.

Un tercera cuestión peliaguda es el derecho del informador al malhumor. Los tribunales nacionales y europeos son bastante claros, nada de criminalizar sin datos o insultar aun con motivos. El TEDH en el caso Prager y Oberschlick c. Austria, no vio vulneración alguna de DDHH en la condena de un periodista que afirmó, sin justificación alguna, que los jueces vieneses trataban a los sospechosos como condenados. Es más, en Barfod c. Dinamarca, el tribunal de Estrasburgo tampoco apreció infringido el Convenio Europeo de DDHH cuando un periodista danés fue condenado por difamación al criticar a dos funcionarios que habían ejercido como jueces y asesores de una de las partes en un litigio fiscal, porque, aunque la conducta de los funcionarios era más que criticable, incluso delictiva, el periodista empleó expresiones vejatorias contra ellos.

Estos tres ítems: requisitos de veracidad, libertad de información vs libertad de expresión, o límite de las críticas o acusaciones, permiten enjuiciar si un periodista o cualquier informador hacen bien su trabajo. Orientan a los tribunales en la resolución de los conflictos tradicionales entre informar y otros derechos, pero sirven de poco, para luchar contra las fake news. A mi parecer, la censura tampoco serviría. Secuestrar una publicación o cerrar cualquier medio no tendría efectos con las noticias falsas, porque estas se crean a gran escala a través de entes fantasma, cuya financiación no deriva de su actividad. En cuanto se cerrara el portal digital desde el que se difunden, se abriría en otro lado, a través de otro servidor.

«Requisitos de veracidad, libertad de información vs libertad de expresión, o límite de las críticas o acusaciones, permiten enjuiciar si un periodista o cualquier informador hacen bien su trabajo»

Más importante, muchos bulos circulan por las redes en forma de imágenes que alguien pone en circulación y luego esa cuenta desaparece. En algunos casos, su elaboración trasciende a la esfera delictiva. Sin ir más lejos, hace cuatro meses un amigo me pasó un supuesto comunicado del Europarlamento, con sello, logo y todo, que supuestamente exigía a España retirar las calles a Largo Caballero entre otras cosas. Naturalmente, era una falsificación.

A falta de una autoridad internacional que pueda implementar medidas efectivas en toda la red a nivel mundial y sobre todo, rastrear con exactitud al responsable de poner en circulación los bulos, creo que no tiene caso discutir sobre la censura estatal. Simplemente es ineficaz.

Se dice que la mejor forma de combatir los bulos es desmentirlos. Para ello se requeriría una confianza en los medios, inexistente en estos momentos para gran parte de la población, o bien organismos independientes del poder político cuyo contraste de las informaciones también fuera tenido por válido para gran parte de la población. Otra vía muerta, me temo. Sobre todo, si tenemos en cuenta cuánto nos gusta creer aquellas mentiras que nos dan la razón.

La última opción pasa por imponer la responsabilidad ciudadana penando la difusión de supuestas noticias que no han sido mínimamente contrastadas. Esto es que no hemos googleado para ver si alguien más dice lo mismo. Naturalmente, habría que aplicar un diferente nivel de responsabilidad al ciudadano medio y al profesional de la información.

Pero esto es sólo una opinión y la tuya puede ser mejor.