In claris non fit interpretatio, cuando una ley es clara, no es necesaria su interpretación. Desde el antiguo Derecho Romano, este aforismo previene contra el vicio de los juristas por retorcer la ley a su favor, mediante la interpretación. Les pide que reserven lo de interpretar para leyes complejas o confusas, a la vez que invita a que las leyes sean lo más sencillas e inteligibles posibles.

Veamos qué papel han jugado las interpretaciones retorcidas en Bolivia…

La vigente crisis constitucional y social del país empezó hace cuatro años. Entonces, el art. 168 de la Constitución de 2009, aprobada bajo la presidencia de Evo Morales, con el impulso y aquiescencia del mismo, no permitía presentarse al Presidente a un tercer mandato consecutivo después de haber cumplido dos de cinco años.

«En 2016 EVO MORALES impulsó una reforma constitucional para poder ser reelegido sin límite. Esta superó sin problemas el trámite parlamentario, pero, por un estrecho margen, Evo perdió el referéndum»

En 2016 el Presidente impulsó una reforma constitucional para poder ser reelegido sin límite. Esta superó sin problemas el trámite parlamentario, pero, por un estrecho margen, Evo Morales perdió el referéndum. Un año más tarde, el Tribunal Constitucional, en una breve resolución, declaró inconstitucional la limitación de mandatos al amparo del art. 23 de la Convención Americana de DDHH. En otras palabras, interpretó que limitar la reelección consecutiva del mandato presidencial o de cualquier otro cargo público (gobernadores, alcaldes, senadores etc.) era vulnerar el derecho a la participación democrática en el sistema político de un individuo, concretamente de Evo Morales. Así todas las limitaciones de mandatos se borraron de la carta magna por la puerta de atrás.

Es más serio de lo que parece, esto de sentar el precedente de que limitar los mandatos, incluso aunque sólo sea a efectos de ininterrupción, vulnera los DDHH, pero ahora no podemos detenernos a comentarlo.

Con luz verde para concurrir a una nueva reelección, Evo Morales se presentó a las elecciones de 2019 que se regulan constitucionalmente. El art. 166 de la establece:

Será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia la candidatura que haya reunido el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un mínimo del cuarenta por ciento de los votos válidos, con una diferencia de al menos diez por ciento en relación con la segunda candidatura.

Aquí vinieron los problemas. Los rumores de fraude no hablaban tanto de un pucherazo a gran escala, sino de que la candidatura de Evo Morales se habría autorregalado un par de puntos extras, para ganar su 10% de diferencia respecto a la siguiente candidatura más votada. El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) corrobora este extremo: el fraude es plausible, pero todo apunta a que el claro ganador de la primera vuelta sería Evo Morales. Más dudoso resulta si habría vencido en la segunda vuelta, que es entre los dos candidatos más votados en la primera, en caso de que toda la oposición se unido entorno al ex Presidente Carlos Mesa –algo que, dicho sea de paso, tampoco es seguro que hubiese ocurrido.

«Aquí vinieron los problemas. Los rumores de fraude no hablaban tanto de un pucherazo a gran escala, sino de que la candidatura de Evo Morales se habría autorregalado un par de puntos extras, para ganar su 10% de diferencia respecto a la siguiente candidatura más votada»

Los hechos se precipitaron cuando Evo Morales que había sostenido la escrupulosa rectitud del recuento electoral, declaró estar dispuesto a convocar una segunda vuelta. Se corregía a sí mismo. Esto enfebreció aún más la protesta en la calle.

Entonces intervino el Ejército, cuyo Alto Mando le “sugirió” al Presidente que dimitiera para evitar males mayores en las calles.

Evo Morales y su Vicepresidente dimitieron, partiendo en menos de 48 horas a México, cuyo gobierno les dio asilo político. Ahora bien, nunca llegaron a enviar su carta de dimisión al Presidente de la Asamblea. A pesar de que el art. 170 de la Constitución establece:

«La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato por muerte; por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o impedimento definitivo; por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; y por revocatoria del mandato.»

No ha habido remisión al Parlamento. Y eso sin meternos en un tema espinoso: la invalidez de una renuncia coaccionada bajo amenaza o violencia.

¿Haber pedido asilo en un país extranjero cualifica como “ausencia definitiva”? No está claro, pero me atrevería a pronunciarme a favor.

Aunque sea dudoso, demos por bueno que la Presidencia y la Vicepresidencia están vacantes. ¿Qué sucede entonces?

En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días. (art. 169)

¿Era Jeanine Áñez la Presidenta del Senado? No, la Presidenta de la Cámara Alta, Adriana Salvatierra, del mismo partido que el Presidente Morales, Movimiento al Socialismo, declinó ocupar la presidencia al considerar que la convertiría en cómplice del golpe de Estado.

Bien, entonces… ¿era Jeanine Añaez la Presidenta de la Cámara de Diputados? Tampoco, era senadora. En realidad su cargo era el de Vicepresidenta Segunda del Senado y fue proclamada sin el quórum necesario para abrir la sesión. La mayoría de la cámara estaba ausente.

El Tribunal Constitucional puso el broche avalando el nombramiento de la Presidenta interina por un comunicado que colgó en las redes sociales. Sí, el mismo Tribunal Constitucional que en 2017 había dado al traste con la voluntad popular a favor de mantener la limitación de mandatos.

«Al entender de sus miembros, lo prioritario es que haya un presidente, que se dé continuidad al Gobierno de la República. Como toda la línea de sucesión a Evo Morales, su Vicepresidente, la Presidenta del Senado etc. renunciaron también era legítimo buscar a otro Presidente»

Al entender de sus miembros, lo prioritario es que haya un presidente, que se dé continuidad al Gobierno de la República. Como toda la línea de sucesión a Evo Morales, su Vicepresidente, la Presidenta del Senado etc. renunciaron también era legítimo buscar a otro Presidente. Hasta ahí se podría hasta decir que es lógico, la presidencia/gobierno de un país no debe desaparecer o la sociedad pagará el coste.

Mucho más discutible resulta la segunda parte de la interpretación del Alto Tribunal. Este afirma que en realidad el quórum ese día era irrelevante, porque no había que votar nada ni a nadie, no se proclamó Presidenta, sino que la sucesión era automática. Se ampara en una interpretación sui generis de la Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001, en la que el Tribunal Constitucional estableció el automatismo de la sucesión presidencial, sin necesidad de proclamación… entre Presidente y Vicepresidente. Que el mismo criterio se aplique entre Presidente y Vicepresidenta Segunda del Senado es como mínimo discutible.

Sin Presidente del Senado ni de la Cámara de los Diputados dispuestos a ejercer de Presidente interino, uno podría preguntarse, por ejemplo: ¿por qué la Vicepresidenta Segunda del Senado es más legítima que el Vicepresidente Primero de la Cámara de Diputados? En mi opinión, si se agota la línea de sucesión que la constitución explicita, sí, habrá que buscar a un nuevo Presidente, pero lo lógico sería proclamar/votar al Presidente interino para darle un mínimo de legitimidad. Aunque claro… esto también es una interpretación por mi parte.

Hace dos días, la Presidenta Añaez tomó una decisión preocupante: otorgó la completa inmunidad a los militares por los actos que hayan cometido o puedan cometer en la represión de los disturbios. En otras palabras, pase lo que pase, nunca un tribunal analizará si sus acciones fueron conforme a derecho o incluso delictivas. ¿Constitucional? Pues no mucho, pero me da que alguien sabrá dar con la interpretación adecuada para que lo sea.

«En mi opinión, si se agota la línea de sucesión que la constitución explicita, sí, habrá que buscar a un nuevo Presidente, pero lo lógico sería proclamar/votar al Presidente interino para darle un mínimo de legitimidad»

¿Sabéis? Existe una fantasía, una ambición, entre quienes tienen conocimientos jurídicos de que el Derecho es imparcial, matemático… o al menos, que puede serlo. Personalmente, no comparto ese punto de vista, sino que, como Theodor Viehweg, creo que bajo cualquier sistema leyes subyace un ideal político de justicia. A menudo pasa que en una sociedad cambia el ideal de justicia y la ley no cambia. Entonces, los tribunales eligen (a menudo descoordinadamente): o buscan nuevas interpretaciones acordes con el nuevo ideal político o persisten en su lealtad a los viejos criterios de su jurisprudencia hasta que el legislador les obligue a abandonarlos.

Sin embargo, no es raro que en ocasiones, en una interpretación en favor de otra, los ideales de justicia no tengan nada que ver, sino únicamente las presiones del poder sobre el tribunal y/o las ambiciones espurias de sus magistrados por estar a buenas con el que manda. Y cuando esto pasa, el sistema de Derecho falla sin remedio, porque su último intérprete, el árbitro que no tiene a nadie encima, ha puesto el interés por delante de la ética y la lógica.