El miércoles nos libraremos de la mascarilla. Como la mayoría, recibo la medida con alivio y mucha ilusión. Cuento las horas para verme dando clase cara a cara con mis alumnos. Y es que fue en febrero de 2021 la última vez que lo pude hacer. Sin embargo, pienso que no es momento para olvidar la mascarilla y otras restricciones, sino para reflexionar con serenidad acerca de como la pandemia a golpeado nuestros derechos y libertades civiles.
Muchas asociaciones y grupos pro derechos humanos dedicaran los próximos años al estudio y análisis comparativo de muchas de las medidas adoptadas contra la pandemia. Entre ellas se encuentra el Institut de Drets Humans de Catalunya, a la que pertenezco.
«Cataluña adelanta un día la retirada de las mascarillas en las aulas […] en primaria y secundaria. Pero en FP y Bachillerato mañana»
Como he repetido en otros textos, el problema no es la restricción de derechos per se. Si la limitación de la libertad individual se justifica por el bien que genera, esta no supone una lesión de los derechos humanos. ¡Alerta! Esto no significa que por el bien común un gobierno pueda acabar con los derechos individuales.
A propósito, no debemos confundir la restricción o suspensión extraordinaria de derechos, con su mera regulación. Por supuesto, regular un derecho implica limitarlo, pero cuando pensamos en restricciones como las vividas con el COVID nos referimos a pérdidas de libertad generalizadas que han de justificarse por circunstancias extraordinarias.
«Si el Estado autoritario y el democrático pueden restringir nuestros derechos […] e incluso suspender sus libertades ¿qué les diferencia?»
Sea mediante acudiendo a la excepcionalidad constitucional, como el estado de alarma, o a una ley temporal, todo gobierno ha de justificar cada nuevo límite que impone. Ante amenazas novedosas y, por tanto, en gran medida desconocidas, no se le puede exigir infalibilidad, pero sí coherencia.
Hoy martes, Cataluña adelanta un día la retirada de las mascarillas en las aulas. Uno se pregunta si nuestros pulmones y sistemas inmunitario son diferentes de los de Aragón o Extremadura. Pero por si eso no era bastante surrealista, han redactado tan mal el decreto que la mascarilla se retira en primaria y secundaria, pero en bachillerato y FP nos la quitaremos mañana. No sólo es ridículo es un abuso. Un ejercicio del poder disparatado es siempre autoritario.
«no es momento para olvidar la mascarilla y otras restricciones COVID, sino para reflexionar sobre ellas»
A lo largo de la pandemia hay medidas que se ha demostrado que tenían una utilidad limitada, pese a lo que se ha mantenido su vigencia. Este sería el caso de la desinfección de manos y superficies, una vez se comprobó que la transmisión del virus sobre todo iba por aerosoles.
Por supuesto hay casos más graves, como el de Canadá. El país de la hoja de arce roja aplicó por primera vez la Ley de Emergencias [Emergencies Act] desde su aprobación en 1988. ¿Motivo? La huelga de transportistas que rechazaban la vacunación obligatoria.
Si bien es una prerrogativa del Gabinete activar la ley de emergencias resultó doblemente llamativo el paso de Trudeau. La última vez que Canadá había aplicado una ley de emergencias fue durante la Segunda Guerra Mundial. Ergo, la ley de 1988 se estrenó este febrero. Pero lo que ha dejado atónitos a muchos canadienses es que la ley de emergencias no se aplicara en los peores momentos de la pandemia, pero sí ahora.
«Canadá estrenó en febrero su Ley de Emergencias y no por el COVID»
Sin duda la huelga de transportistas causó problemas, pero ¿no había otras soluciones? No prejuzgo la respuesta, simplemente, señalo que es llamativo. En Australia y otros países se han adoptado medidas de confinamiento forzoso en instalaciones especiales para los contagiados. De China y Shanghái casi que mejor ni hablamos. Luego esta ese tira y afloja de la vacuna no es obligatoria, pero como no te vacunes te haré la vida imposible, a ti y quien no se puede vacunar por motivos de salud.
Si el Estado autoritario y el democrático pueden restringir nuestros derechos, imponer obligaciones severas a las personas e incluso suspender sus libertades ¿qué les diferencia? La necesidad de justificar esa decisión ante sus ciudadanos, la objetivación del bien común y la renuncia a la fuerza como fundamento de la autoridad, sustituyéndola por la racionalidad y el debate. Esperemos que en los próximos años podamos reflexionar sobre las medidas anti-COVID para que frente a una nueva pandemia o cualquier otro escenario que obligue a restringir derechos, con menos soberbia y menos dejadez, en definitiva, con más democracia y menos autoritarismo.
