No, la objeción de conciencia no es un obstáculo para abortar en la sanidad pública. Si las consejerías de salud de las comunidades autónomas regularan este servicio como es debido, ninguna mujer debería ir a abortar a otra parte del país, ni tampoco abandonar la sanidad pública en este duro trance.

No es que el Ministerio de Sanidad esté libre de culpa. De acuerdo con la Disposición Adicional 1ª de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo de 3 de marzo de 2010, el Estado ostenta la alta inspección del cumplimiento de la ley. Por tanto el Ministerio podría sancionar a hospitales y autonomías que no se ajusten a la ley.

“la objeción de conciencia no es un obstáculo para abortar en la sanidad pública”

Echemos un vistazo al art. 19.2 de esta ley:

«Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia […] que debe manifestarse anticipadamente y por escrito.

Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación.»

En otras palabras, si en un centro sanitario se detecta que todos los doctores de ginecología son objetores de conciencia, la consejería está obligada a contratar personal de apoyo para poder satisfacer este servicio. Es más, podría forzar traslados para salvaguardar los derechos de las pacientes, asegurando una mínima paridad entre objetores y no objetores.

El problema es que algunos consejeros de sanidad no aprueban en comprensión lectora. De modo que han hecho de regla de lo que la ley prevé como excepción. Por sistema, derivan los abortos a clínicas privadas, “dentro del territorio nacional”, pero a menudo fuera de su autonomía.

“si en un centro sanitario se detecta que todos los doctores de ginecología son objetores de conciencia, la consejería está obligada a contratar personal de apoyo”

Pero es que incluso incumplen la norma de tales casos que, repetimos, deberían ser excepcionales. Ya que las mujeres que estos últimos meses han alzado la voz para protestar por esta situación denuncian que son derivadas a clínicas privadas sin posibilidad de elección. Mientras la ley impone a la Administración pública asumir los costes de “cualquier centro privado acreditado” del territorio nacional. Ergo ella debería elegir clínica.

Por descontado, los derechos de estas mujeres no terminan en la legislación estrictamente ligada a la interrupción del embarazo. Son titulares de todos los derechos del paciente sanitario en España. Esto implica, entre otras cosas, que la proximidad con el lugar de residencia debe prevalecer siempre que sea posible.

“las mujeres que estos últimos meses han alzado la voz para protestar por esta situación denuncian que son derivadas a clínicas privadas sin posibilidad de elección”

No entraré ahora en las condiciones de estas clínicas privadas. Pero los testimonios que vamos oyendo, en ningún momento contradichos por sus propietarios y gestores, nos hablan de espacios de escasa calidad médico-sanitaria, notables carencias de higiene, malas praxis e incluso asunción de funciones médicas o de enfermería por personal no cualificado. Esperemos que una inspección aclare pronto estos extremos. Aunque lo dudo mucho…

La interrupción del embarazo no es un derecho aislado. Guarda vínculos muy estrechos con la integridad psicológica y física, según el caso, hasta con la vida de la mujer. También la objeción de conciencia es un derecho importante. Como siempre que dos derechos entran en conflicto, la mejor solución sería aquella que satisface los derechos de ambas partes, como que otro médico practique la intervención. Porque de esa forma no se lesiona el derecho de los involucrados.

“La interrupción del embarazo no es un derecho aislado. Guarda vínculos muy estrechos con la integridad psicológica y física, según el caso, hasta con la vida”

Si un hospital tuviera objetores en toda su plantilla, pero en el mismo municipio o en uno colindante se pudiera practicar el aborto ¿la derivación sería una solución válida? En mi humilde opinión, esta situación no vulneraría los derechos de la mujer, sin embargo, si perjudica al buen funcionamiento de la sanidad pública. Ya que hablamos de un supuesto en que ambos hospitales tienen servicio de ginecología. Por tanto, sería admisible como solución provisional, pero no a largo plazo.

Fuera de estos casos, en que la mujer sólo ha de asumir que su intervención se programa para un día en que trabaja un profesional no objetor, o se la insta a un desplazamiento menor, el conflicto entre el derecho a abortar y la objeción de conciencia habría de resolver siempre en favor de la mujer-paciente.

“Si no es posible conciliar intereses, deben prevalecer los de la paciente”

Nadie discute que si la vida de una mujer está en peligro si no se practica inmediatamente un aborto no hay objeción de conciencia de valga. De hecho, ni el más pro vida de los médicos se niega a practicar un aborto en ese caso, de lo contrario puede perder el derecho a ejercer y acabar en la cárcel. La misma lógica ha de imponerse cuando se cause perjuicio físico o psicológico para la paciente, postergando su intervención innecesariamente o enviándola a cientos de kilómetros de distancia.

Se me quedan algunas cosas en el tintero acerca del origen y escasa regulación de que España dispone para la objeción de conciencia en este y otros ámbitos. Por eso retomaré este asunto la semana que viene.

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