La semana pasada el Tribunal Supremo de Estados Unidos anduvo hiperactivo. Nueve resoluciones, publicó, tres el martes, tres el jueves y tres más el viernes. ¿Raro? La verdad es que no. Su patrón de trabajo intercala semanas de debates herméticos, con fechas donde se dan a conocer varias sentencias de golpe. Aunque más que por el número, la semana pasada el Alto Tribunal tomó varias decisiones trascedentes: limitó el poder de los Estados en materia electoral, eliminó las cuotas étnicas y raciales para acceder a la universidad, canceló el plan de Biden para ayudar a los universitarios a pagar sus créditos y dio amparó a una diseñadora de webs de bodas que se negaba a poner sus servicios para parejas del mismo sexo.

Sí, fue una semana movidita. Las nueve resoluciones de la semana pasada pertenecen a las llamadas Opinions of the Court. Estas opiniones del tribunal son la modalidad de sentencia mediante las cuales el Tribunal Supremo estadounidense ejerce normalmente sus poderes de control constitucional.

“La semana pasada el Tribunal Supremo de Estados Unidos publicó nueve resoluciones”

A diferencia de España y la mayoría de nuestros vecinos europeos, en Estados Unidos no existe una separación entre jurisdicción ordinaria y constitucional. Cualquier juez puede declarar inconstitucional una ley. Esto se conoce como sistema desconcentrado o difuso de control constitucional. Ahora bien, en la práctica el sistema se «reconcentra» por así decirlo.

Cada vez que un juez declara inconstitucional una ley o bien, las partes en un juicio le piden que lo haga y se niega, se presentan recursos. Por lo general, primero se pasa por el Tribunal Supremo del Estado y finalmente el Federal. De ese modo, se unifican criterios.

“en Estados Unidos […] cualquier juez puede declarar inconstitucional una ley.”

El Supremo estadounidense integra a 9 jueces vitalicios. Para acceder al Alto Tribunal, ha de proponerte el Presidente y confirmarte el senado. Irónicamente, estar graduado en Derecho no es obligatorio. Históricamente, algunos de sus miembros más ilustres no eran juristas profesionales. No obstante, en la actualidad, titularse en leyes es un requisito tácito para obtener la nominación.

En términos ideológicos, encontramos seis jueces conservadores:

  • Juez Clarence Thomas, el más veterano del tribunal, su candidatura la propuso George H. W. Bush. Tal vez sea el miembro más radical del Tribunal. Ve factible revertir no sólo el matrimonio homosexual, sino volver a ilegalizarla.
  • Juez John Roberts, actual Chief of Justice o Presidente del Tribunal, fue propuesto por George W. Bush. Es un magistrado conservador moderado.
  • Juez Samuel Alito, también propuesto por el Presidente Bush hijo, es otro conservador moderado, quizás no tanto como Roberts.
  • Juez Niel Gorsuch, propuesto por Trump, es un conservador firme, aunque tampoco radical.
  • Juez Brett Kavanaugh, propuesto por Trump, es un conservador más bien radical, cuyo nombramiento resultó muy polémico al verse acusado de agresión sexual en sus años universitarios.
  • Jueza Amy Coney Barret, propuesta por Trump, es junto a Thomas la miembro más conservadora del tribunal y la más joven.

Conforman la minoría, tres juezas progresistas, en general, moderadas:

  • Sonia Sotomayor, propuesta por Obama.
  • Elena Kagan, también propuesta por Obama.
  • Ketanji Brown Jackson, propuesta por Biden y a quien muchos consideran la más progresista del tribunal, aunque este título resulta difícil de concretar.

“En términos ideológicos, encontramos seis jueces conservadores […] y tres juezas progresistas”

En contra de lo que podría esperarse, el tribunal no siempre vota seis contra tres. Muchos asuntos sometidos a su competencia constituyen estrictos tecnicismos jurídicos. Ahí la ideología de los magistrados se disuelve.

Sin ir más lejos, entre las Opiniones de la semana pasada, el caso Arbitron Austria Gmbh y otros vs Hetronic Internation (29/06/2023), sobre la jurisdicción de los tribunales de los Estados sobre las empresas que operaban en su territorio, salió por unanimidad. También fue unánime el caso Groff vs. De Joy (29/06/2023), donde todos los magistrados entendieron que un trabajador cristiano evangelista puede ser obligado a trabajar un domingo. Si concederle siempre ese festivo ocasiona perjuicios a su empleador, su libertad religiosa debe ceder ante sus compromisos laborales.

“el tribunal no siempre vota seis contra tres”

En el caso Counterman vs. Colorado (27/06/2023) el tribunal se divide, pero no entre conservadores y progresistas. La sentencia, cuyos argumentos a mi entender resultan bastante deficientes, encontró apoyo de las progresistas Kagan y Jackson y de los conservadores Roberts, Alito y Kavanaugh. Hubo dos votos particulares o disidentes, el de los magistrados Sotomayor y Gorsuch, respectivamente, progresista y conservador, quienes discreparon de la mayoría en algunos aspectos, y el de los conservadores Barret y Thomas, contrarios en todo a la mayoría.

La discusión de fondo es un debate jurídico no ideológico. Por eso vemos estas mayorías y minorías mixtas. A modo de resumen, el señor Counterman le envió un numero elevadísimo de mensajes de facebook a una cantante local, que lo acabó denunciando. Counterman fue condenado por los tribunales de Colorado, su Estado, por amenazas e intimidación. Sin embargo, apeló al Tribunal Supremo porque los tribunales de Colorado nunca demostraron que él conocía el carácter intimidatorio de esos mensajes, solo que eran objetivamente intimidatorios. El Alto Tribunal le da la razón, si no se argumenta que el acusado conoce el carácter intimidatorio de los mensajes, se vulnera la Primera Enmienda de la Constitución, es decir, su libertad de expresión. Ya os dije que la sentencia me parece manifiestamente mejorable.

“si no se argumenta que el acusado conoce el carácter intimidatorio de los mensajes, se vulnera la Primera Enmienda de la Constitución”

Pero incluso en las sentencias de objeto más político advertimos que la mayoría republicana-conservadora a menudo se disgrega. Al margen de la defensa a restringir el aborto y la defensa del a las armas, el bloque conservador rara vez mantiene su unidad.

Para muestra, el caso Moore vs Harper (27/06/2023). Moore es el Presidente de la Asamblea Legislativa de Carolina del Norte que aprobó un nuevo mapa electoral para las elecciones federales. Proyecto electoral de inspiración trumpista, obligaba a la gente de las zonas progresistas del Estado a recorrer largas distancias para votar. ¿Sorprendente? Pues no habéis visto nada. Algunos Estados republicanos han aprobado leyes electorales que prohíben beber agua mientras haces cola para entrar a tu colegio electoral. El país de la libertad y tal…

“Algunos Estados republicanos han aprobado leyes electorales que prohíben beber agua mientras haces cola para entrar a tu colegio electoral”

Grupos civiles y la oposición demócrata recurrieron ante el Tribunal Supremo de Carolina del Norte que declaró que nuevo mapa electoral incumplía la constitución del Estado. Moore apeló la decisión al Tribunal Supremo Federal, pero este confirmó el criterio del tribunal norcarolino.

Lo más interesante es que votaron la sentencia, los conservadores Roberts y Barret, las tres magistradas progresistas, Sotomayor, Kagan y Jackson. Además, el juez conservador Kavanaugh formuló un voto particular coadyuvante, en otras palabras, respalda la conclusión de la mayoría, pero por argumentos diferentes.

“votaron la sentencia, los conservadores Roberts y Barret, las tres magistradas progresistas, Sotomayor, Kagan y Jackson”

En cambio, el juez Thomas redactó una opinión disidente o voto particular a secas, en favor de las pretensiones de Moore y la autonomía del parlamento de Carolina del Norte. Los también conservadores, juez Alito y juez Gorsuch apoyaron a Thomas.

Este caso preocupaba mucho porque, de haber prosperado las posiciones de Moore, la capacidad de los Estados para retorcer torticeramente las elecciones propias y federales habría aumentado mucho. El mensaje positivo es que tres de los seis jueces conservadores, dos de ellos nombrados por Trump, no siguen a pies juntillas a los voceros más populistas y peligrosos del partido republicano.

“de haber prosperado las posiciones de Moore, la capacidad de los Estados para retorcer torticeramente las elecciones propias y federales habría aumentado mucho”

Todo lo contrario ocurre con el caso Iniciativa de Estudiantes por Admisiones Justas vs el Presidente y Compañeros de la Universidad de Harvard (29/06/2023). Aquí el tribunal se parte en dos, según su ideología. De un plumazo, la mayoría conservadora del tribunal ha barrido por inconstitucionales todas las leyes y normas universitarias del país que pretendieran asegurar cuotas mínimas de acceso para etnias y razas discriminadas, así como cuotas de género. Probablemente, en unos meses ocurra lo mismo con las cuotas del mercado laboral. Las tres magistradas progresistas formularon un duro voto particular recordando que la igualdad no impide tratar de modo distinto situaciones diferentes, sino que obliga a hacerlo.

La división ideológica se replica en el caso 303 Creative LLC vs. Elenis (30/06/2023) que sale por seis contra tres. Lorie Smith regenta un negocio que diseña webs en Colorado a modo de promoción y álbum digital de bodas. Pese a insistir en que «no tiene ningún problema en trabajar con homosexuales», sí parece tener problemas para trabajar con homosexuales. Se niega a diseñar webs para bodas de personas del mismo sexo, argumentando que sus convicciones religiosas, le impiden promover esas uniones como matrimonios.

“el caso Iniciativa de Estudiantes por Admisiones Justas vs el Presidente y Compañeros de la Universidad de Harvard (29/06/2023). Aquí el tribunal se parte en dos, según su ideología”

El meollo del debate radica en la Ley contra la discriminación del Estado de Colorado, donde trabaja Lorie Smith, que exige a los negocios publicidad dirigida a la diversidad racial y social del Estado. Bien es verdad, que para promocionarse esta señora se publicitaba a partir de trabajos ya realizados. Si mi estrategia publicitaria no recurre a actores ni un catálogo de diseños prestablecidos, sino en mostrar creaciones únicas, creadas expresamente para cada pareja que ha contratado mis servicios, la ley no debería penalizarme si aún no he tenido ocasión de trabajar para una pareja del mismo sexo.

El problema de fondo aquí es que la diseñadora web no ha tenido esa oportunidad por que se niega a atender a esa clientela. Que la mayoría conservadora entienda que esto está amparado por la libertad de expresión y religiosa, permite anticipar futuras incoherencias argumentativas en materia de raza. ¿Cómo sé que el Supremo no amparará la discriminación racial? Bueno, el juez Thomas, aunque ultraconservador, es negro.

“Lorie Smith se niega a diseñar webs para bodas de personas del mismo sexo”

Si un tribunal entiende que la libertad ideológica no ampara el racismo, pero sí ampara la homofobia ¿qué conclusión hemos de extraer salvo que es un tribunal homófobo?

Más peculiar resulta la comparación de las dos sentencias que han tumbado el plan de Biden para ayudar a los estudiantes universitarios a cancelar sus créditos, los casos Biden vs Nebraska (30/06/2023) y Departamento de Educación vs Brown (30/06/2023). Aunque las dos sentencias tienen la misma consecuencia, en Biden vs Nebraska vemos otra sentencia donde el Supremo se parte, de nuevo, 6 a 3, entre conservadores y progresistas. En cambio, Departamento de Educación vs Brown se aprobó por unanimidad.

Supongo que cosas como estas nos hacen odiosos a los juristas. ¿Si los dos fallos llevan a la misma conclusión cómo es que en un caso la minoría progresista se opone y en el otro no? Pues bien, en Biden vs Nebraska, la mayoría conservadora declaró inconstitucionales las ayudas, con un argumento kafkiano. Pese a que el Congreso había dado luz verde, mediante una ley, a socorrer a estudiantes en apuros, estos jueces entienden -sólo Dios sabe cómo- que esta ley para auxiliar económicamente a un colectivo, no autoriza expresamente al Secretario del Tesoro -equivalente a nuestro Ministro de Economía- a aprobar ayudas financieras concretas. Cada partida de ayudas económicas requiere a su entender una nueva ley del congreso.

“el plan de Biden para ayudar a los estudiantes universitarios a cancelar sus créditos, los casos Biden vs Nebraska y Departamento de Educación vs Brown”

Como podéis ver, de mantenerse esta línea jurisprudencial, se hará prácticamente imposible la concesión de ayudas públicas por parte del Estado, ya que la aprobación de leyes por el Congreso estadounidense suele caracterizarse por una desesperante lentitud.

En cambio, en Educación vs. Brown, se cuestionaban las ayudas públicas, porque el mecanismo de concesión no preveía ningún criterio para distinguir entre estudiantes con problemas para pagar sus créditos y aquellos que no. Por eso, desde esta perspectiva hubo unanimidad.