Sin duda, la arrolladora victoria de los demócratas en las elecciones legislativas es la noticia política del mes. No han tardado en aparecer voces que claman por un tercer impeachment contra Trump. Sin embargo, la propuesta encuentra poco entusiasmo en Washington. ¿Por qué? Pues, tal vez, la respuesta nos la dé Paraguay. Aunque no ha acaparado tanto noticiario, el pasado seis de noviembre, en Asunción, el Congreso Nacional destituyó al Presidente, Santiago Peña.
Pese a sus muchísimas diferencias, Estados Unidos y Paraguay comparten el presidencialismo como piedra angular de su sistema político democrático. Una única persona ejerce de Jefe de Estado y de gobierno. A diferencia de lo que ocurre en los regímenes parlamentarios, durante su mandato, no es posible expulsarle del puesto, aunque las mayorías parlamentarias le sean contrarias. La única excepción es que el parlamento le encuentre culpable de un crimen, entonces se activa el juicio político o procedimiento de destitución, el impeachment.
Procesalmente, la figura del impeachment presenta rasgos parecidos en todos los países donde existe. El alto cargo público –no se limita al Presidente– es acusado ante la cámara de diputados de su país. Si se aprueban los cargos, el senado decide sobre el destino del individuo. Un veredicto de culpabilidad exige una mayoría cualificada entre los senadores.
Si los comparamos, el impeachment paraguayo es aún más estricto que el estadounidense. En este último, el senado debe destituir al afectado por 67 votos (2/3), pero la acusación se aprueba por mayoría en la cámara de representantes. En cambio, en Paraguay, la propia acusación debe aprobarse por mayoría de 2/3 y la destitución debe confirmarla el senado por la misma mayoría.
Pese a ello, desde la restauración de la democracia en 1989, ya Paraguay ha despuesto a dos presidentes por esta vía. El anterior fue Fernando Lugo en 2012. Por el contrario, en Estados Unidos ninguno de los tres presidentes –Andrew Johnson, Bill Clinton o Trump– acusados en impeachment acabó expulsado del despacho oval.
A Santiago Peña se ha llevado por delante el colapso de Ueno Bank. La quiebra inesperada de esta entidad financiera ha arruinado a cientos de miles de pequeños ahorradores. Las investigaciones del Congreso y la Fiscalía confirmaron que el gobierno de Peña había favorecido sistemáticamente a Ueno Bank, a pesar de que ya conocía sus problemas de solvencia.
Destaca, por su gravedad, la decisión de confiarle la gestión de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), una especie de Tesorería de la Seguridad Social, que gestiona las pensiones paraguayas. Aunque aún no se ha concretado la gravedad de las pérdidas, para los jubilados, lo que ya está claro es que Ueno Bank gestionó esos fondos, sin cumplir con las precauciones y garantías que la ley exige para trabajar con dinero público.
Además de favorecerlo como Presidente, Peña fue accionista de Ueno Bank durante buena parte de su mandato. Como su gobierno benefició a la entidad, esto le coloca en una posición de conflicto de intereses, ya que sus acciones subían cuando el banco recibía la capacidad para tutelar fondos IPS u otras concesiones públicas. En sí, esto ya constituiría una ofensa penal. Además, no está confirmado, pero podría haber vendido sus acciones de manera estratégica, antes de la quiebra, haciendo uso de información privilegiada. Otro cargo criminal.
Cuando el escándalo se hizo imparable, el Presidente intentó dimitir. El parlamento le negó esta posibilidad, amparándose en un tecnicismo: falta de quórum parlamentario y pisaron a fondo para terminar cuanto antes el juicio político. El motivo era claro, ni siquiera su propio partido quería darle una salida digna. El senado le denegó una prórroga para preparar su defensa –el impeachment, aunque sui generis, no deja de ser un juicio y el acusado puede defenderse, si lo desea– y lo destituyó por unanimidad. ¡Unanimidad! Hoy el ex mandatario sigue bajo arresto domiciliario.
¿Y ahora quién es el Presidente? Pues aquí viene el problema del sistema presidencial. A diferencia de lo que ocurre en el parlamentarismo, donde el parlamento, por diferentes vías, puede cambiar el color político del gobierno o, alternativamente, se puede forzar un adelanto electoral, en el presidencialismo la sucesión es rígida y es, prácticamente imposible adelantar los comicios.
Al igual que en los supuestos de muerte, dimisión o incapacidad, la destitución del Peña a llevado a su vicepresidente, Pedro Alliana, a sustituirle. Sí, alguien de su cuerda política a quien el propio Peña escogió…
En Estados Unidos, aún está por ver si los demócratas conseguirían los votos republicanos –necesitarían 11– para hacer que el tercer impeachment contra Trump prosperara. Sin embargo, eso implicaría convertir a Vance, su vicepresidente, en el nuevo inquilino del despacho Oval. Esto le colocaría en una posición privilegiada, como candidato republicano para las próximas presidenciales a dos años vista.
Trump ya no puede optar a un tercer mandato y ha perdido el control de las cámaras. Se ha convertido en lo que los americanos llaman un pato cojo, un presidente sin grandes perspectivas para impulsar una agenda gubernativa, por el tiempo que le queda. Echarlo para empoderar a un posible sucesor no resulta demasiado atractivo para los demócratas ¿verdad?



