De El Salvador llegan fotos de hombres semidesnudos y encadenados, hacinados en penitenciarías. Así cumple un año la guerra contra el crimen del Presidente Bukele sin un final a la vista. El Decreto 333/22 mantiene al pequeño país bajo un estado de excepción constitucional. Con más de 60.000 detenidos, las cárceles salvadoreñas han colapsado, lo que ha forzado al gobierno a la precipitada apertura del Centro de Confinamiento de Terrorismo, el pasado 31 de enero, con capacidad para 40.000 presos. De esas instalaciones provienen las imágenes.

Los defensores de Bukele le defienden, asegurando que no había otra vía para controlar las elevadas tasas de delincuencia. Sin duda hay verdad en ese argumento. En las últimas décadas, como sus vecinos, Honduras y Guatemala, El Salvador se ha hundido en una espiral de violencia, hasta casi convertirse en Estados fallidos.

Centro de Confinamiento de Terrorismo.

A las luchas entre gobiernos y guerrillas, ha tomado el relevo una criminalidad organizada mucho más lesiva para la sociedad. Vinculadas al narcotráfico, los grupos delictivos en la zona han adoptado distintas formas de organización. Las más famosas son las Maras y los Pandilleros.

Comparadas con otros grupos criminales, las maras destacan por su extrema violencia y su estructura cerrada. Como la mafia siciliana, el acceso a la mara se condiciona a un ritual de paso. Ahora bien, mientras los nuevos mafiosos juran su lealtad a la organización por su honor con su sangre, mediante un pequeño pinchazo en el dedo, quien desee ingresar en una mara debe soportar una brutal paliza sin llorar ni pedir clemencia. Además, deberá atacar y, en algunos casos, matar a un miembro de una mara rival para completar su ingreso.

“El Decreto 333/22 mantiene al pequeño país bajo un estado de excepción constitucional”

Su origen último es discutible, como demuestra su complejidad que involucra rasgos masónicos, paganos, cristianos, por supuesto, militares… No obstante, las maras que conocemos hoy, como Salvatrucha o 18-Street, aparecieron en Estados Unidos. Los migrantes salvadoreños que llegaron a Los Ángeles huyendo de su guerra civil. Sin permiso de residencia o trabajo, pocos disponían de estudios elementales, lo que les imposibilitaba casi por completo encontrar un trabajo.

No tardaron mucho en intentar entrar en el mundo del narcotráfico, pero en California ese negocio ya estaba copado por grupos latinos, en su mayoría mexicanos, hostiles hacia los salvadoreños. En este contexto, aparecen las maras no como una de tantas empresas delictivas, o sea, una forma de ganarse la vida, sino como un mecanismo para ofrecer protección a sus miembros frente a otras organizaciones criminales.

“Vinculadas al narcotráfico, los grupos delictivos en la zona han adoptado distintas formas de organización, como las Maras y los Pandilleros.”

Como si de una secta se tratara, una vez dentro, ya no es posible abandonar la mara, bajo pena de muerte. Además, cada mara se adjudica unos tatuajes obligatorios para sus miembros. Como un delator, su propia facilita a la sociedad y a las autoridades les reconocer a los integrantes de la mara. También se facilita su identificación por miembros de otras maras. Entre ellas las maras se muestra letalmente agresivas. Así se consolida la necesidad, literalmente vital, para el individuo de mantenerse dentro del grupo a cualquier precio.

A diferencia de los cárteles de la droga prefieren intimidar a las autoridades a sobornarlas. Cuando se hacen con el control de un barrio o comarca impone un régimen de absoluto terror.

“A diferencia de los cárteles de la droga, las maras prefieren intimidar a las autoridades a sobornarlas”

Los pandilleros son también grupos criminales vinculados al narcotráfico. En los años noventa eran pandillas de delincuentes jóvenes dedicados al menudeo, pequeños robos y delitos similares. En la actualidad, ha evolucionado a estructuras más estables y peligrosas. Carecen de la complejidad organizativa de las maras y no rivalizan con su brutalidad, pero no puede considerarse a los pandilleros como un problema menor de seguridad pública.

Para combatir a esta delincuencia organizada, el 27 de marzo del año pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador declaró el régimen de excepción en todo el país, a petición del Presidente. Su vigencia inicial de treinta días se ha prorrogado trece veces. En principio, este 17 de marzo debería restablecerse la normalidad constitucional, pero, salvo sorpresa, parece que los legisladores salvadoreños prolongarán el Decreto 333/2022.

“el 27 de marzo del año pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador declaró el régimen de excepción en todo el país”

¿Cuál es el alcance del estado de excepción? Las detenciones masivas nos anticipan intuitivamente el contenido del Decreto, suspende los artículos constituciones 7, 12.2, 13.2 y 24.2, que recogen:

  • El derecho de asociación y reunión.
  • Los derechos del detenido a ser informado de los motivos de su detención y a un abogado.
  • El derecho a no permanecer más de 72 horas en detención policial.
  • La inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia.

Para evitar confusiones, cuando hablamos de “suspender” el derecho de asociación y reunión no significa ilegalizar de golpe cualquier reunión o asociación. Lo suspendido son las garantías del derecho de reunión y asociación. En pocas palabras, mientras dure el estado de excepción, el Gobierno disfruta de poderes para disolver una manifestación (reunión en espacio público) o una asociación, sin intervención judicial.

Las imágenes de los primeros miles de presos que llegaron a la megacárcel de El Salvador - BBC News Mundo

Lo mismo se aplica a las comunicaciones telefónicas, correspondencia postal o cualquier servicio de mensajería digital. Ahora la policía y el ejército no necesitan una orden judicial para pinchar un teléfono en El Salvador.

Aunque sin duda, el aspecto más polémico del estado de excepción es que permite detener a alguien sin informarle de los motivos, proporcionarle abogado ni más límite de tiempo que la duración del propio estado de excepción. Lo que en la práctica parece no tener límite.

“Ahora se puede detener a alguien sin más límite de tiempo que la duración del propio estado de excepción”

Todas las constituciones del mundo y tratados internacionales tan importantes como el Convenio Europeo de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contemplan la posibilidad de suspender ciertos derechos ante una grave amenaza para la seguridad pública. No cabe duda, que la situación de la criminalidad en El Salvador cualifica como peligro que justifique la suspensión de determinados derechos.

Esto no legitima una suspensión de cualquier clase. Además, hay derechos que en principio nunca deberían suspenderse ni de palabra ni de obra. Más allá del Decreto 333/22, los militares y policías están entrando en domicilios, sin autorización judicial pese a que su inviolabilidad sigue teóricamente vigente. Se multiplican las denuncias de torturas. Las condiciones de salubridad en las cárceles no pueden ser peores. Por no hablar de que mezclar a individuos de distintas maras en el mismo espacio supone un grave riesgo para sus vidas.

“Todas las constituciones y muchos tratados internacionales contemplan la posibilidad de suspender ciertos derechos ante una grave amenaza para la seguridad pública”

En ausencia de un procedimiento judicial los detenidos y sus familias únicamente pueden revisar su situación acudiendo a las propias autoridades policiales y militares que les han detenido. Pese a ello, las liberaciones van llegando.

A lo largo de estos once meses, las fuerzas armadas y la policía salvadoreñas han detenido a más de 60.000 personas, prácticamente, el 1% de la población. Estadísticamente es imposible no cometer errores. Sólo en estos últimos dos meses, el gobierno ha admitido la liberación de 3.000 inocentes detenidos por error, un 5% del total de detenidos. ¿Cuántos más habría detectado una autoridad independiente?

“El gobierno ha admitido la liberación de 3.000 inocentes detenidos por error, un 5% del total de detenidos”

Bukele se lamenta de que el mundo cuestiona sus métodos sin conocer la situación de su país. Acusa a sus adversarios y críticos de ponerse del lado de los criminales, pero la realidad es otra.

Nadie cuestiona la legitimidad del gobierno salvadoreño para adoptar medidas excepcionales para luchar contra el crimen. ¡Ojalá se hubiesen adoptado hace años! Ahora bien, toda la operación apesta a efectismo e improvisación. ¿Por qué no preparó las instalaciones de detención antes de empezar la guerra? ¿Acaso no preveían a cuánta gente iban a detener? Más importante aún, sino de buen comienzo, en todos estos meses han tenido tiempo de sobras para dotarse de algún procedimiento judicial que revise las detenciones policiales y militares, suficientemente flexible para no obstruir su actividad, pero, a la vez garantista.

“Bukele acusa a sus adversarios y críticos de ponerse del lado de los criminales”

A Bukele se califica a menudo de mandatario excéntrico. Pero ha demostrado ser mucho más que eso. En sus tres años de Presidente, ha reformado la constitución y las leyes para acabar con la independencia del poder judicial. Su lucha contra el crimen a base de detenciones masivas no augura nada bueno. De momento su popularidad es más que elevada, pero habiendo cogido al gusto a un ejercicio del poder sin frenos ¿cómo actuará si llega el día en que el apoyo popular le falta?