Más que el Presidente de EE.UU., quien necesita unas lecciones de derecho internacional es la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Esta abogada parece haber olvidado conceptos básicos de la facultad. En una de sus últimas célebres ruedas de prensa, confirmó, sin pestañear, que el avión militar que transportaba a 200 presos venezolanos a El Salvador, incumplió la orden judicial que paralizaba su deportación. Pero claro, había un buen motivo. El avión se encontraba «sobre aguas internacionales», cuando se notificó el mandato del juez Boasberg, así que el piloto ya no tenía por qué obedecerlo.
Aunque en muchas películas de acción, como Megaldón (I), se diga lo contrario, me temo que en aguas internacionales no puedes matar a nadie con impunidad. Vaya, si no te cogen sí, pero lo mismo se aplica a la tierra firme. En aguas internacionales seguimos atados por las leyes. Da igual si las navegas o las sobrevuelas. ¿Las leyes de qué país? Pues las del país bajo cuya bandera se ha fletado o matriculado el barco o aeronave en que te encuentras.
“Karoline Leavitt, abogada y portavoz de La Casa Blanca, […] confirmó, sin pestañear, que el avión militar que transportaba a 200 presos venezolanos a El Salvador, incumplió la orden judicial […, porque] se encontraba «sobre aguas internacionales»,”
Como anécdota, es irrelevante que un país carezca salida al mar. Eso no le impide fletar barcos. Muchos países sin puertos tienen buques que navegan bajo su bandera. Por la misma regla de tres, no es necesario tener un aeropuerto, para abanderar un avión. El mejor ejemplo lo tenemos cuando el Papa viaja por el mundo.
Una vez la embarcación entra en aguas territoriales o en el espacio aéreo de otro país, automáticamente pasa a estar bajo sus leyes. Por ese motivo, si se sobrevuela el espacio aéreo algún país donde el alcohol está prohibido, como Irán, el personal de cabina retira las bebidas espirituosas que esté consumiendo el pasaje. Un capitán de un crucero español puede oficiar una boda entre personas del mismo sexo en aguas internacionales, pero no, por ejemplo, dentro de aguas italianas.
“En aguas internacionales seguimos atados por las leyes. […] del país bajo cuya bandera se ha fletado o matriculado el barco o aeronave”
En algunos países, como El Salvador o Nicaragua, el aborto no se admite, ni siquiera, en el caso de riesgo para la vida de la mujer. Allí, algunas organizaciones fletan una embarcación, clínicamente equipada, con bandera de un país que sí regula supuestos legales de interrupción del embarazo. Una vez en aguas internacionales la intervención se podrá practicar legalmente.
Esta norma, sin embargo, conoce una excepción: aviones y buques diplomáticos o militares. En este caso, incluso atracados en puertos o aeropuertos extranjeros rigen las leyes del país de la nave de puertas para adentro. Este sería el caso de nuestro Juan Sebastián el Cano, que ha saltado a la fama por contar con la Princesa de Asturias entre sus tripulantes.
“Desobedecer a un juez es algo grave. No pretendo decir que Trump se encuentre en peligro.”
Por tanto, así, en pocas palabras, aún en espacio internacional, en cualquier avión EE.UU. están en vigor las leyes estadounidenses. Por extensión, las órdenes de un juez o de un oficial de la Administración son vinculantes, para su tripulación y su pasaje. Pero es que, al tratarse de un avión militar, incluso cuando aterrizó en El Salvador, mientras los migrantes no hubiesen salido de la cabina, seguían con la obligación de devolverlos a suelo estadounidense.
La crisis institucional interna no se ha hecho esperar. Desobedecer a un juez es algo grave. No pretendo decir que Trump se encuentre en peligro. Quizás si su partido no controlara el Congreso, igual alguien se plantearía un impeachment, pero no lo veo. Quizás lo esté alguno de sus oficiales haya incurrido en responsabilidad penal, pero él puede indultarlos. No obstante, este episodio ahonda por partida triple en la degradación democrática de un país.
“Las deportaciones de Trump se apoyan en la Ley de Extranjería y Sedición de… ¡1798!”
Empezando por la vertiente más obvia, asistimos al desprecio del poder ejecutivo a la orden de un juez federal, lo que da lugar a una crisis institucional sin demasiados precedentes en la historia de un país que ha mostrado un escrupuloso respeto a la separación de poderes. Por no hablar de que Trump insultó a Boasberg, llamándolo «lunático de izquierdas» en las redes sociales.
En segundo lugar, vemos el desprecio a la inteligencia de la población usando argumentos que, aunque extendidos en la cultura popular, carecen de todo parecido con la realidad. Porque, si Karoline Leavitt no sabía que sobre aguas internacionales un avión no se independiza de las leyes de su país, sobre todo si es militar, que devuelva el título de abogada. Pero es que lo peor es que, con seguridad, lo sabía –o al menos, le sonaba. Y le ha dado igual mentirle al público. Sabe que muchos la creerán.
“vemos el desprecio a la inteligencia de la población usando argumentos que, aunque extendidos en la cultura popular, carecen de todo parecido con la realidad”
Por último, pero en absoluto menos importante, no hemos de pasar por alto los motivos que llevaron a anular las deportaciones a El Salvador. En realidad, hay diversas razones: motivos humanitarios sobre las condiciones del traslado y del encarcelamiento allí, motivos de legalidad internacional, como que los deportados no son salvadoreños sino venezolanos, pero, entre las muchas razones, la orden del juez Boasberg se basa en el más elemental de todos: Estados Unidos no está en guerra.
Las deportaciones de Trump se apoyan en la Ley de Extranjería y Sedición de… ¡1798! Esta ley permite al Presidente expulsar a extranjeros o detener a extranjeros y nacionales de manera indefinida, cuando el país se encuentre en guerra. ¿Se ha utilizado fuera de su época? Sí, con posterioridad a la guerra con Inglaterra de 1812, esta ley fue invocada por el Presidente Wilson en la Primera Guerra Mundial de manera moderada y, de un modo absolutamente desproporcionado por F. D. Roosevelt, durante la Segunda Guerra Mundial. En el episodio más oscuro de su, por otro lado, brillante presidencia, Roosevelt internó a todos los japoneses y americanos de origen japonés en campos de detención después del ataque a Pearl Harbor. Además de disparatada, ya que la mayoría de americanos nipones carecían de lazos de ningún tipo –ya no digamos espionaje– con su país de su origen o de gobierno de Tokio, la medida no dejó de tener un punto claramente racista. Ninguna medida similar se adoptó contra italoamericanos o americanos de origen alemán.
“entre las muchas razones, la orden del juez Boasberg se basa en el más elemental de todos: Estados Unidos no está en guerra”
Pero Trump es el primer líder estadounidense que emplea esta ley en tiempos de paz, apelando a una guerra simbólica contra el crimen y la inmigración ilegal. La guerra que exige la ley de 1798, me temo, que claramente es una guerra real. Ni siquiera la lucha contra el terrorismo por más mortífero que este fuere serviría para activarla –como comprendió la Administración Bush tras el 11-S. Pero esto ya sería una clase de derecho doméstico que merece la pena dejar para otra ocasión.
