La pandemia generada por la COVID-19 no solo ha permeado al plano sanitario, sino, también, al plano social, político, económico, axiológico, y como no, ha impactado de lleno en los derechos humanos. Existe práctica unanimidad entre las distintas ONG que han analizado esta última materia –entre ellas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch– en el hecho de que la COVID-19 se ha traducido en el continente africano en un retroceso considerable y en una restricción acuciante de derechos humanos en muy distintos ámbitos.

Quizás el más significativo e inequívoco de entre ellos sea el de la libertad de expresión, concretamente, contra los periodistas y medios de comunicación que han elevado críticas a propósito de la gestión de la pandemia; más aún dada la importancia de la información veraz e imparcial para combatir y prevenir la COVID-19. Un ejemplo lo encontramos en Magadascar, donde la directora del periódico Ny Valosoa fue arrestada y encarcelada por la publicación de un artículo donde se ponía en duda la actuación gubernamental para luchar contra la enfermedad. Similar proceder apreciamos en Zimbabue, Angola o Mozambique con intimidaciones e injerencias en la labor de distintos periodistas que informaban sobre el cuestionado impacto de las medidas adoptadas.

Asimismo, no podemos dejar de advertir que la COVID-19 ha amentado considerablemente las desigualdades estructurales prexistentes, incidiendo en mayor medida en los grupos más vulnerables como son los menores, mujeres, refugiados, migrantes y desplazados internos.  Respecto de los menores destaca el impacto de la educación no recibida, y comparten con las mujeres el aumento del riesgo de violencia sexual –incluida la intrafamiliar– y de género derivada de los confinamientos.

A propósito de los refugiados, migrantes y desplazados internos, el cierre de frontera ha mermado sus ya delicadas condiciones de vida. Especialmente significativo ha sido el caso de Uganda –uno de los países africanos que cada a año acoge a un mayor número de personas refugiadas del continente–, pero que, debido al cierre de sus fronteras como medida anticovid, se imposibilitó que aquellos que huían de los conflictos de las vecinas República Democrática del Congo y Sudán del Sur acudieran a tal país. Por su parte, no podemos olvidarnos de las personas con albinismo y aquellas pertenecientes a minorías sexuales y de género quienes han seguido padeciendo, no solo actuaciones discriminatorias, sino también ataques y persecuciones violentas.

En lo que respecta a los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales  (DESCA), el 28 de febrero de 2020 fue identificado el primer caso de COVID-19 en el continente africano, desde entonces ha quedado de manifiesto las importantes limitaciones de material médico, equipos de protección individual, unidades de cuidados intensivos, respiradores, pruebas de detección y, actualmente, vacunas; debiéndose incidir, a este ultimo respecto, en el alcance de la suspensión de las patentes, dada la importancia de alcanzar una inmunidad de grupo a nivel global. Asimismo, la COVID-19, además de los decesos y secuelas causadas directamente, ha desencadenado en el continente una importante crisis económica, que, a su vez, ha ahondado en preexistentes situaciones de inseguridad alimentaria; todo ello exacerbado por las cada vez más manifiestas consecuencias del cambio climático –sequías, erosión, plagas e inundaciones– que han estado especialmente presentes en África.

Y mientras lo expuesto acaecía, los conflictos armados y la inestabilidad política en el continente no han dado visos de merma. Así, continuaron las hostilidades en países como Somalia, República Centroafricana, Mozabique, Burquina Faso, Nigeria, Mali o Camerún; mientras que se intensificaron en otros como Etiopía.  Del mismo modo, aprovechando la pandemia, distintas filiales de grupos yihadistas como Al Qaeda o Daesh se han fortalecido en distintas regiones del continente, especialmente en zonas del Sahel;  lo cual se ha visto acompañado por golpes de Estado (Mali) o incluso asesinatos de Presidentes de Gobierno (Chad).

No obstante, también encontramos distintos datos positivos, entre ellos, la significativa disminución del número de ejecuciones y condenas a muerte en el África Subsahariana –si bien encontramos un fuerte incremento en Egipto y Libia–; destacándose asimismo que Chad procedió a abolir la pena de muerte de su ordenamiento jurídico. Igualmente, a propósito de la lucha contra la discriminación por género y en la protección jurídica de las mujeres vemos avances significativos, como la expresa prohibición de la mutilación genital femenina en el derecho penal sudanés o la primera condena por violación intra-matrimonial en Suazilandia.

También apreciamos como dato positivo, la continuidad de la labor, a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, de los distintos organismos internacionales, haciendo valer los derechos humanos y haciendo rendir cuentas por las violaciones de Derecho internacional humanitario, ya sea a nivel universal –Organismos y Comités de Naciones Unidas y Corte Penal Internacional (CPI)–, ya sea a nivel regional –Tribunal y Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y Comisión Africana de Expertos sobre los Derechos y Bienestar del Niño–.

En concreto, en el supuesto de la CPI hubo avances destacados, como la entrega voluntaria del sudanés Ali Kushayb acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur; el inicio del juicio contra Al Hassan, acusado, igualmente, de crímenes de guerra y contra la humanidad llevados a cabo en Mali; o la solicitud de la Fiscal General –y africana– Fatou Bensouda de abrir una investigación formal en Nigeria por los crímenes cometidos por Boko Haram.

Ante los retazos expuesto, si para el presente periodo pandémico, catalizador de patrones ya preexistentes, tenemos sombras –y algunas luces–, no debemos olvidar que para salir del mismo, debemos aplicar la máxima de que la protección de los derechos humanos es condición sine qua non para un adecuado desarrollo económico, social y cultural; y que dicho desarrollo, a su vez, no hace sino fortalecer la protección de los derechos humanos. Este círculo (virtuoso) es la única receta para que África salga adelante.

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