Desde Carmen Calvo, el Ministerio de Igualdad se venía planteado la posibilidad de que la Administración Pública declarara a una mujer víctima de violencia...

La mascarilla en exteriores es una medida que no encuentra respaldo en la comunidad científica (usaré la expresión, por mucho que me disguste), y que la mayor parte de la población ni siquiera veía como una posibilidad viable. Casi todos estábamos preparados para otro tipo de errores más sofisticados, como retornar a un confinamiento domiciliario o a los toques de queda, pero costaba imaginar que lo que se reinstauraría sería la pifia más profunda, sincera e infantil de toda la pandemia de la COVID. Lo que ha vuelto es algo que se hizo por puro desconocimiento sobre la forma de transmisión del virus.

Con la crisis de los refugiados, Bielorrusia reaparece en los informativos. Hace dos años, el fraude electoral puso al país en el mapa de la actualidad. Desde entonces, las noticias de la represión de Lukashenko contra la oposición han ido llegando con cuenta gotas: exilios, detenciones, un avión forzado aterrizar, un suicidio simulado en suelo ucraniano…

Como dijimos la semana pasada, la inmersión lingüística es un tema delicado. Veremos si soy capaz de contextualizar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (nº 5201/2020) que tanto revuelo está generando en el sistema educativo catalán, de la manera más imparcial posible. En primer lugar, hay que señalar que no existe un derecho individual a recibir educación en un idioma. En esto están de acuerdo el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo (TS), el Tribunal Superior de Justicia de Autonomía (TSJ), pero también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

No en nombre de la ciencia

La semana pasada el debate político en torno al catalán empeoró un poco más. Mientras Pablo Casado pedía un 155CE para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Catalunya que exige un 25% de horas en castellano en las aulas, el secretario de política lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, conminó a los catalanes a darse de baja de Netflix, si no incluía más contenido en catalán. La cuestión lingüística en Cataluña se viene degradando a pasos agigantados desde hace dos décadas. Sin duda, la controversia se ha agravado con el auge del independentismo. Pero sus raíces son algo más antiguas.

El próximo canciller de Alemania, Olaf Scholz, se declaró ayer partidario de la vacunación obligatoria. Y no es el único. Le apoya la Presidenta de la Comisión Europea. En Grecia hoy se multa con 100 euros al mes al anciano que no se vacuna y se extiende un cheque de 180 euros al joven que se vacuna. En Austria ya se trabaja en esa línea y otros gobiernos podrían sumarse en breve. No parece un escenario deseable, pero al menos es claro y honesto. Lo digo por todos los países, incluida España, donde la vacuna seguirá siendo “voluntaria”, pero se planea hacer la vida imposible a los reticentes al pinchazo.

Flora Ugarte, una mujer de mediana edad, acaba de romper con su marido. Abatida y sin tener dónde ir, la idea del suicidio comienza a rondar su cabeza. Sus amigas de toda la vida son conscientes de su situación y, una de ellas, Olga, se ofrece a acogerla en su casa hasta que se encuentre mejor.  El único problema es que las dos son como el día y la noche. Olga es romántica, extrovertida y un completo desastre. Flora es tímida, hogareña y una maniática del orden hasta extremos obsesivo-compulsivos. El conflicto está servido. Y la situación irá complicándose poco a poco hasta volverse totalmente insostenible para ambas… 

Como un mal jugador de póker, el gobierno quedó preso de su propio farol. Una ley destinada a agitar sus bases desembocaba en todo lo contrario. Así apareció la enmienda del gobierno: “todas las leyes de España, incluida la Ley de Amnistía se interpretarán de acuerdo al Derecho Internacional”.

La semana pasada, el Congreso de los Diputados renovó a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Ninguno de los elegidos entusiasmó demasiado. Se rompía la tradición de proponer Catedráticos de Derecho o Magistrados del Supremo. Sin embargo, la polémica se centró en la candidatura de Enrique Arnaldo.