Cuando un Estado demanda a otro ante el Tribunal Internacional de Justicia, el demandado puede nombrar un juez adicional o juez ad hoc. Este derecho, claro, se condiciona a que ninguno de los quince magistrados del Tribunal sea nacional del país demandado. Salvo honrosas excepciones, el juez ad hoc suele convertirse en un abogado adicional de su Estado. Por eso llama poderosamente la atención que, en el proceso iniciado por Sudáfrica, por presunto genocidio en Gaza, no sea el juez ad hoc de Israel, sino una jueza de Uganda quien más favorece la causa de Tel Aviv.

Recapitulemos un poco. Sudáfrica ha demandado por genocidio a Israel ante uno de los Tribunales de La Haya: el Tribunal Internacional de Justicia. No hay que confundir este tribunal con el Tribunal Penal Internacional también afincado en La Haya.

“llama poderosamente la atención que, en el proceso iniciado por Sudáfrica, no sea el juez ad hoc de Israel, sino una jueza de Uganda quien más favorece la causa de Tel Aviv.”

Mucho más joven que su vecino, el Tribunal Penal Internacional empezó a existir cuando echó a andar el tercer milenio. No pertenece a los organismos de la ONU y juzga a personas, no a Estados. Su fiscal también está investigando la situación en Gaza, pero si abre una causa sobre Palestina –o lo intenta– se dirigirá contra Netanyahu, su ministro de defensa, altos oficiales del Ejército de Israel…, en definitiva, personas concretas.

El Tribunal Internacional de Justicia pertenece a la ONU. De hecho, se incluye en la Carta Fundacional de Naciones Unidas (1945) entre sus órganos principales. A sus quince jueces los votan tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad y disfrutan de un mandato de nueve años. No es un tribunal para personas, sino para Estados.

“el Tribunal Penal Internacional empezó a existir cuando echó a andar el tercer milenio. No pertenece a los organismos de la ONU y juzga a personas, no a Estados”

En otras palabras, si el Tribunal Internacional de Justicia detecta que, en Gaza, se ha producido un genocidio no condenará a nadie a la cárcel, ya que no es competencia suya enjuiciar a individuos particulares. En vez de eso, dictará una serie de medidas para reparar los daños a la población palestina, en la medida de lo posible.

Aunque aún estamos lejos de esa fase. Pero el pasado viernes 26 de enero, el Tribunal Internacional de Justicia dictó las siguientes medidas cautelares para el Israel:

  1. Por 15 contra 2: Adoptar las medidas suficientes para prevenir que nadie comete en Gaza actos susceptibles de ser considerados delito, de acuerdo con la Convención de 1948 para prevención y erradicación del Genocidio.
  2. Por 15 contra 2: Asegurar de manera inmediata que su ejército no comete actos susceptibles de catalogarse como genocidio.
  3. Por 16 contra 1: Adoptar medidas para prevenir y castigar cualquier incitación al genocidio contra la población de Gaza.
  4. Por 16 contra 1: Adoptar las medidas necesarias para asegurar la llegada de ayuda humanitaria a la población de Gaza.
  5. Por 15 contra 2: Adoptar las medidas necesarias para prevenir la destrucción de pruebas relativas al delito de genocidio.
  6. Por 15 contra 2: Remitir al Tribunal un listado de medidas concretas que ha adoptado para cumplir con estas peticiones.

Como vemos, hay 17 jueces y no 15 votando. Y es que no únicamente el Estado demandado, Israel, tiene derecho a añadir un juez extra si ninguno de los miembros ordinarios tiene su nacionalidad. El demandante, Sudáfrica, en este caso, disfruta de la misma prerrogativa.

“El Tribunal Internacional de Justicia no es un tribunal para personas, sino para Estados”

Hecha esta aclaración, advertimos que existe un amplio consenso entorno a la necesidad de adoptar estas medidas cautelares. Ahora bien, siempre hay uno o dos votos disidentes. Hasta cuatro veces se aparta de la mayoría el juez ad hoc israelí, Aharon Barak.

Este jurista octogenario (nació en 1936) sobrevivió en su niñez a la ocupación nazi de Lituania. Ya en Israel, desempeñó una brillante carrera judicial. En 1978, accedió al Tribunal Supremo, en base a este cargo desempeñó un rol importante durante los Acuerdos de Paz de Camp David, ese mismo año. Coronó su carrera judicial presidiendo el Tribunal Supremo entre 1995 y 2006.

“siempre hay uno o dos votos disidentes. Hasta cuatro veces se aparta de la mayoría el juez ad hoc israelí, Aharon Barak”

Como decimos, en nada extraña que el juez ad hoc del Estado demandado acabe defendiendo los intereses de su país. Sin embargo, Barak ha votado a favor de obligar a Israel a prevenir y castigar cualquier incitación al genocidio contra los palestinos de gaza. Asimismo, se muestra favorable a la imponer al gobierno de Netanyahu la obligación de facilitar la llegada de ayuda humanitaria a Gaza.

Personalmente, juzgo las medidas cautelares que ha pedido Sudáfrica sumamente cautas. Y no me lo toméis como un juego de palabras. Basta con que os fijéis en que ni siquiera se pide un alto al fuego de manera expresa. El Tribunal se limita a pedir el respeto al derecho humanitario más elemental en el curso de la guerra. De ahí que la reacción de Netanyahu calificando a antisemita al Tribunal Internacional de Justicia parezca, como poco, desmedida.

“Sin embargo, Barak ha votado a favor de obligar a Israel a prevenir y castigar cualquier incitación al genocidio y de facilitar la llegada de ayuda humanitaria a Gaza.”

Aunque volviendo atrás, vemos que hay otra magistrada que vota contra todas y cada una de las medidas. Se trata de Julia Sebutine, jueza ugandesa que sirve su segundo mandato en este tribunal internacional. Además de una jueza destacada en su país, donde ha luchado contra la corrupción, su carrera internacional la ha llevado al Tribunal Especial de Sierra Leona para juzgar los crímenes de Charles Taylor.

¿Por qué se opone esta magistrada a imponer cualquier medida cautelar? Como a menudo repito, más importante que la conclusión de una decisión judicial, son los argumentos que la sostienen. Sebutine da tres motivos:

  • No aprecia indicios de genocidio.
  • El Tribunal Internacional de Justicia no tiene competencia para juzgar crímenes de guerra.
  • Juzga incoherentes las demandas de Sudáfrica.

En términos populares, el genocidio es una matanza indiscriminada. Jurídicamente, su sentido es mucho más restringido. En la Convención de 1948 se describe el genocidio como la práctica que persigue destruir a un grupo étnico, racial o religioso, bien mediante su eliminación física, su asesinato en masa, o bien por otros medios: separar a padres de hijos, esterilizaciones masivas etc. Además, también sería un tipo de genocidio forzar la migración de uno de estos grupos en condiciones que pongan gravemente en riesgo su vida o integridad física.

“hay otra magistrada que vota contra todas y cada una de las medidas. Se trata de Julia Sebutine, jueza ugandesa”

Al entender de la jueza ugandesa no existen pruebas que indiquen que Israel desee destruir físicamente a los palestinos ni forzar su migración. En su voto particular matiza que esto no significa que no aprecie indicios de otros delitos relevantes para el derecho internacional, como crímenes de guerra o posibles crímenes de lesa humanidad.

Ahora bien, su opinión es que el Tribunal Internacional de Justicia carece de competencia jurisdiccional para juzgar esos otros delitos. Determinar su responsabilidad personal correspondería al Tribunal Penal Internacional. Apostilla, además, que la naturaleza política del conflicto palestino-israelí hace que su abordaje sea más adecuado a través del Consejo de Seguridad, en vez de un órgano jurisdiccional.

“Al entender de la jueza ugandesa no existen pruebas que indiquen que Israel desee destruir físicamente a los palestinos ni forzar su migración”

Finalmente, considera que las medidas pedidas por Sudáfrica son incoherentes en tanto que el Estado demandante no ha pedido un alto al fuego. Por eso vota en contra de todas las medidas.

Personalmente, no puedo compartir estos argumentos. Es cierto que determinar si estamos ante un crimen de guerra o un genocidio resulta complejo. También es cierto que la competencia del Tribunal Internacional de Justicia a la hora de apreciar crímenes de guerra o de lesa humanidad resulta discutible. No obstante, este Tribunal podría valorar si las actuaciones de Israel son conformes al derecho internacional y/o si existe un derecho de los palestinos a la reparación, sin ahondar en calificaciones jurídicas.

Por supuesto, el conflicto palestino-israelí se presta mucho más a una solución político-diplomática que a una judicial. ¿Cuántas veces no oímos en España sobre miles de asuntos aquello de “esto es un tema político no judicial”? Ya, pero si el órgano político competente, en la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad no cumple su propósito, los foros jurisdiccionales no pueden desentenderse sin más de una crisis tan grave.

“considera que las medidas pedidas por Sudáfrica son incoherentes en tanto que el Estado demandante no ha pedido un alto al fuego”

Tampoco hallo motivos de peso para denegar la petición expresa de que se facilite la llegada de ayuda humanitaria a una zona de guerra. El derecho internacional es claro en este aspecto.

Como siempre, el cumplimiento de estas medidas dependerá de la buena voluntad del Estado afectado, en este caso, Israel. ¿Y si no las respeta? Teóricamente, el Consejo de Seguridad podría obligarle a cumplirlas, pero ahí, el veto de cualquiera de los cinco grandes, como Estados Unidos, paraliza la toma de decisiones.